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Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 20-05-2021
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE
LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES,
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
TÍTULO PRIMERO
De la responsabilidad ambiental
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados
al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los
procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de
solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión
de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de orden
público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el
equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y
bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.
El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es
independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales.
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Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y
ambientales.
El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental,
sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en
términos patrimoniales, administrativos o penales.
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y
los tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por:
I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación
o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente;
II. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y
compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios
ambientales por otros de las mismas características;
III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y
mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus
condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos,
así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo
dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley;
IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto inmediato del
acto u omisión que es imputado a una persona en términos de esta Ley;
V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno
que se representa por eslabones relacionados;
VI. No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la conducta imputada y el
resultado que se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente
determinante del daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en
representación o beneficio, con conocimiento, consentimiento o bajo el amparo de la persona
señalada como responsable;
VII. Los daños indirectos regulados por la presente Ley se referirán exclusivamente a los efectos
ambientales de la conducta imputada al responsable;
VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los
elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el
momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido;
IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental;
X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;
XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley
General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la
Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así
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como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o
restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;
XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales
como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o
en su caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para
garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del
mismo;
XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
XIV. Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta
ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el
futuro comportamientos prohibidos;
XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
XVI. Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en
beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad.
Artículo 3o.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y
alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán
aplicables a:
I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a
las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte;
II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta Ley;
III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión
ambiental, así como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos;
IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes, y
V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4o.- La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace
referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las
responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.
Artículo 5o.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o
previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u
omisión.
Artículo 6o.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas,
afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:
I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados,
delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y
autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante
la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de
suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,
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II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes
ambientales o las normas oficiales mexicanas.
La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los
términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.
Artículo 7o.- A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos
de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales
mexicanas, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las
cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación,
necesarias para considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades
sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los
elementos naturales.
La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará impedimento ni
eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su estado base, atendiendo al concepto
previsto en el artículo 2o., fracción III, de esta Ley.
Las personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, podrán presentar a la
Secretaría propuestas de las normas oficiales mexicanas a las que hace referencia el presente artículo,
en términos del procedimiento previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 8o.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el
artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento
de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán
consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de
dictar sentencia.
El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior, deberá estar destinado
específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades ambientales que se deriven de su actividad
económica, productiva o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que
surta efectos la autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse vigentes durante todo el
periodo de desarrollo de la misma.
En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se
integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.
Artículo 9o.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y
del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente
Artículo 10.- Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o
indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o
bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de
la presente Ley.
De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el
daño ocasionado al ambiente.
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Artículo 11.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos
u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este Título.
En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea
ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una
sanción económica.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u
omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o
a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades.
Artículo 12.- Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente
devengan directa o indirectamente de:
I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;
II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;
III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y
IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal.
Artículo 13.- La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado
Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o
biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que
proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.
La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño.
Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente,
deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará
lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.
Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al
ambiente producido por terceros, tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte
responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen.
Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:
I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o
II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:
a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió
haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio
de uso de suelo en terrenos forestales;
b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos
ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún
pendientes de realizar en el futuro, y
c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que
tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su
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conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por
las Leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.
En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción
económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciarán
de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las
personas responsables.
Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino
hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser
ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su
caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo
en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código
Civil Federal.
Artículo 15.- La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste último caso, la misma será
fijada en la proporción en que no haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien,
las condiciones o relación de interacción de los elementos naturales dañados.
Artículo 16.- Para la reparación del daño y la compensación ambiental se aplicarán los niveles y las
alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes ambientales. La falta de estas disposiciones no
será impedimento ni eximirá de la obligación de restituir lo dañado a su estado base.
Artículo 17.- La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable
haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño
ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el
daño.
Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese
ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a
cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la
comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de
reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección 5,
Capítulo Tercero del presente Título.
El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la
contratación de terceros.
Artículo 18.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría está facultado para realizar
subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que
ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por la
Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.
En estos casos la administración pública federal deberá demandar al responsable la restitución de los
recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán
reintegrados al fondo.
Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o
compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:
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I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al
momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y
II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento
de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.
Dicho monto se determinará en función de daño producido.
Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona
moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:
I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto por esta
Ley; ni es reincidente en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales;
II. Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en
su estructura u organización no han sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión
ambiental, cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con sus
medios;
III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño,
con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento
de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos
o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental
en funcionamiento permanente;
IV. Contar con la garantía financiera que en su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el
artículo 8o. de esta Ley, y
V. Contar con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace
referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta
por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma
conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago
integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite
previsto para el caso en la presente Ley.
No podrá imponerse la Sanción Económica a la persona física que previamente haya sido multada por un
Juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad
ambiental.
Artículo 22.- Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se entenderá por
demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al
responsable a este pago, salvo en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños
ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento
judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de
controversias previstos por esta Ley.
Artículo 23.- La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad
económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías
previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño
ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el
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beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones
del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano
jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de
inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley.
El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el artículo 19 no incluirá el pago de
las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien demande, concepto que
siempre será garantizado al momento de dictar sentencia.
El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del responsable, el
importe de las erogaciones que el actor o actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado
para acreditar la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al juzgado para su
entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra obligación.
Artículo 24.- Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus
representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de
sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo
el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las
conductas dañosas.
Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta
causante del daño serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación
de servicios de confinamiento de residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la
Secretaría.
No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso
fortuito o fuerza mayor.
Artículo 25.- Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que
omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño
es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el
deber de actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio
actuar precedente.
Artículo 26.- Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o
más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable,
todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en
su caso, del derecho de repetición entre sí.
No habrá responsabilidad solidaria en los términos previstos por el presente artículo, cuando se
acredite que la persona responsable:
I. Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con
un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de
las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o
concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en
funcionamiento permanente;
II. Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace
referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
y
III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta Ley.
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La sanción económica que corresponda será impuesta individualmente a cada una de las
responsables.
CAPÍTULO TERCERO
Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental
SECCIÓN 1
De la acción para demandar la responsabilidad ambiental
Artículo 27.- Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente Ley,
podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y
prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal
de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los
que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la
responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago
de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:
I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;
II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la
protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en
representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;
III. La Federación a través de la procuraduría, y
IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las
entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial,
conjuntamente con la procuraduría.
Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron
legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño
ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el
pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.
Artículo 29.- La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a
partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.
Salvo en los casos previstos en los artículos 23 y 28 de la presente Ley, ninguna de las partes será
condenada al pago de gastos y costas judiciales.
Artículo 30.- El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción
especial en materia ambiental.
En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de
responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que
correspondan según la materia.
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SECCIÓN 2
De la tutela anticipada y medidas cautelares
Artículo 31.- La autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y demandas a que hace
referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la Secretaría y a la Procuraduría, a efecto de que
imponga inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus
atribuciones.
Artículo 32.- En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles, durante el
procedimiento el Juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes:
I. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños,
así como con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes
ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte, y
II. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos,
contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente.
Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con lo establecido por el Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 33.- Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado
el daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En
todo caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos
daños.
SECCIÓN 3
De los elementos de prueba
Artículo 34.- El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que
considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.
El Juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales,
testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los
servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación.
Artículo 35.- Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño
ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías,
imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la
técnica y la ciencia. Salvo en los casos en que el Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue
mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios.
Artículo 36.-El estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de
su valoración.
El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse
en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta
y la forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño.
SECCIÓN 4
De la sentencia, ejecución y seguimiento
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Artículo 37.- Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia
condenatoria que se dicte deberá precisar:
I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;
II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma
total o parcial;
III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al
ambiente;
IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como los razonamientos y
justificación respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y
prevención general y especial a los que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley;
V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su pretensión,
correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido
del monto determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en términos de los
dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, y
VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.
Artículo 38.- De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez
que cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro
del término de treinta días se pronuncien sobre:
I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente
que se propongan para cumplir esas obligaciones;
II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y en
consecuencia, la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, y
III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.
Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, podrán formular una
propuesta conjunta.
Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar
cumplimiento a lo determinado por las fracciones I, II y III, el término establecido en el párrafo primero del
presente artículo podrá ser prorrogable por el Juez hasta por 30 días.
Artículo 39.- En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se
considerará:
I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;
II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambientales del mismo tipo,
calidad y cantidad que los dañados;
III. Las mejores tecnologías disponibles;
IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;
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V. El costo que implica aplicar la medida;
VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;
VII. La probabilidad de éxito de cada medida;
VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como
consecuencia de su aplicación;
IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;
X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales,
económicos y culturales de la localidad;
XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron
afectados por el daño causado al ecosistema;
XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño
ambiental, y
XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.
Artículo 40.- Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su
compensación conforme a lo previsto por el artículo 38 de la presente Ley, requerirá a la Secretaría, para
que en el término de diez días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las
propuestas.
En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre que ésta
reciba opinión favorable de la Secretaría.
En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de
la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia. Para este efecto, se le requerirá para que
formule una propuesta oficial en el término de ocho días.
Los gastos en los que incurra la Secretaría podrán hacerse con cargo al Fondo previsto en el artículo
45 de esta Ley. En estos casos, la administración pública federal estará obligada a demandar al
responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales
correspondientes, los que serán reintegrados a dicho Fondo.
Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación
o compensación, se optará por la menos onerosa para el responsable.
Artículo 41.- El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado
por el Juez tomando en consideración:
I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en
su caso, cumplir con la compensación ambiental;
II. Lo propuesto por las partes, y
III. La opinión o propuesta de la Secretaría.
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Artículo 42.- La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del responsable.
Dicha dependencia informará bimestralmente al Juez sobre los avances en el cumplimiento de las
sentencias. Las partes podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o
deficiente ejecución de dicha resolución.
Artículo 43.- Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan
legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos
Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho
ordenamiento.
Artículo 44.- Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad
ambiental serán públicos.
SECCIÓN 5
Del Fondo
Artículo 45.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de
los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia
determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el
juez requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de
responsabilidad ambiental.
La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 46.- El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría, y su
patrimonio se integrará con:
I. La sanción económica referida en la fracción XIV del artículo 2o. de la presente Ley, y
II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.
La Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que tendrán participación la
Procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales.
El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los
que hace referencia el artículo 18 de esta Ley, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de
conformidad con las bases y reglas de operación que expida la Secretaría.
El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición
de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO ÚNICO
Mecanismos alternativos de solución de controversias
Artículo 47.- Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social
que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se
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privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más
positivas.
Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos
del Título Primero de esta Ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño
ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás
que sean adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a lo previsto por esta
Ley, o las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En lo no previsto por el presente Título se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal
de Procedimientos Civiles, siempre que no contravenga lo dispuesto por esta Ley.
Artículo 48.- Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, todas o
algunas de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones previstas en el artículo
anterior, en relación con los hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación
y compensación ambiental, así como la acción, pretensiones y desistimiento materia del procedimiento
judicial de responsabilidad ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se
contravengan las Leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de
los que México sea Parte.
Artículo 49.- Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto por el Título
Primero de esta Ley, y antes de que se dicte sentencia definitiva, se lograse un acuerdo entre las partes,
en términos de lo previsto por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los
acuerdos e instrumentos de justicia restaurativa o alguna otra forma anticipada de terminación del
proceso penal previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales; o bien mediante el convenio
de reparación previsto por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; el Juez que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo sobre la reparación de los
daños y dictará sentencia.
El juez dará vista a la Secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles, se manifieste sobre los
términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta
Ley, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte.
En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará al responsable al pago de
la Sanción Económica prevista en el Título Primero de la presente Ley.
Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del
requerimiento en el plazo determinado por el juez en el presente artículo.
Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un tercero, el
juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para que modifiquen los
términos de su acuerdo.
Artículo 50.- En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la
reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente el juez informará a la
Procuraduría para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas
correctivas y de urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de
revocación o disminución de las sanciones previstas en el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que se refieran a conductas constitutivas de delitos contra
el ambiente, respecto de las que no proceda el perdón o el desinterés jurídico de la víctima o de la
procuraduría, se regularán en términos del Título Tercero de esta Ley y el Código Federal de
Procedimientos Penales.
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia restaurativa, mediante la participación de la víctima u
ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias derivadas del hecho calificado como
delito.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO
Responsabilidad penal en materia ambiental
Artículo 52.- Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los conflictos penales y los
procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de
conformidad a lo previsto por el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que proceda en términos del
Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el
artículo 3o. de esta Ley y las disposiciones del presente Título.
El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños
ocasionados al ambiente.
Artículo 53.- El Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y la Fiscalía General de la República
desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación,
persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los
ocasionan, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como para la reinserción social de los
individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las Leyes ambientales y los
tratados internacionales de los que México sea parte. Para tal efecto la procuraduría y la Fiscalía General
de la República harán públicos los programas respectivos.
Párrafo reformado DOF 20-05-2021
Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la política ambiental y se llevarán a
cabo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 54.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente
podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público.
En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o la
Procuraduría tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el
ambiente, formularán denuncia inmediata ante el Ministerio Público.
La procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión
ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el
artículo anterior, así como a lo dispuesto por el Título Segundo de esta Ley.
Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público, la probable
existencia de un hecho que la Ley considere como delito contra el ambiente, así como la identidad de
quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos
que tuviere al respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubieren sido detenidos.
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Artículo 55.- Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños ocasionados al
ambiente la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos previstos por el Código
Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la
víctima o el ofendido por sí mismo o a través de su representante legal.
La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o periciales que le requiera el
Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien
por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.
Artículo 56.- Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se considerará víctima de los delitos contra el ambiente a toda persona
habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante
ante el Ministerio Público.
ARTÍCULOS SEGUNDO A NOVENO.- ………
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de
operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto.
TERCERO.- Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en
un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La
Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones
en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin
que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos
Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.
México, D.F., a 25 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco
Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio de dos
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.-
Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021
Artículo Octavo.- Se reforma el primer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por el que se
expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular,
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás personas
titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se encuentren en el
ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes del Consejo
Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron
designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta la terminación del
proceso pendiente.
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de
la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición
de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera.
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto.
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes,
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan al
presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados.
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y
de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República.
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Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para
transitar al servicio profesional de carrera.
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones
laborales subsistirán.
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y sus
lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General de la
República.
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así como
un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio profesional de
carrera que se instale.
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de Ciencias
Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del presente
Decreto.
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor
del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los
Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto.
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento o
Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, conservará
los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, con independencia
de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza que ocupe. Para acceder
al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando sus servicios con la Fiscalía
General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según disponga el Estatuto del
servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con aquellas personas servidoras
públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación.
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría General
de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal de
transición.
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en vigor
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de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera deberán
adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan.
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o análoga.
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que cuente
la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así como para
la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de la extinción de
la Procuraduría General de la República.
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto.
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, o
de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de la
República, pasarán a formar parte de su patrimonio.
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio a
la entrada en vigor del presente Decreto.
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración de
Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que deberá
ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del párrafo
tercero del artículo 88 del presente Decreto.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia.
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, para
que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé en el
presente Decreto.
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales,
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en vigor
del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior de la
Federación.
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Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán
resueltos por la Secretaría de la Función Pública.
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán al
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable.
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria.- Sen. María Merced
González González, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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