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LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
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LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 20-12-2022
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :
SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA
ADOLESCENTES
Artículo Único. Se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO
Artículo 1. Ámbito de aplicación
Esta Ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. Se aplicará a
quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, y que sean competencia de la
Federación o de las entidades federativas, en el marco de los principios y derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.
En ningún caso, una persona mayor de edad podrá ser juzgada en el sistema de justicia para adultos,
por la atribución de un hecho que la ley señale como delito por las leyes penales, probablemente
cometido cuando era adolescente.
Artículo 2. Objeto de la Ley
Esta Ley tiene como objeto:
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I. Establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República
Mexicana;
II. Garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o
resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos;
III. Establecer los principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
en la República Mexicana;
IV. Establecer las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución
de controversias del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;
V. Determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la
comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia
según su grupo etario;
VI. Definir las instituciones, órganos y autoridades especializados, así como delimitar y distribuir
sus atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del Sistema;
VII. Establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para
resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas;
VIII. Determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas de
sanción.
Artículo 3. Glosario
Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Adolescente: Persona cuya edad está entre los doce años cumplidos y menos de
dieciocho;
II. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la
infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o
afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones
con las demás;
III. Autoridad Administrativa: Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para
adolescentes;
IV. Código Nacional: Código Nacional de Procedimientos Penales;
V. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI. Convención: Convención sobre los Derechos del Niño;
VII. Defensa: La o el defensor público o la o el defensor particular especializado en el Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes en los términos de esta Ley;
VIII. Facilitador: Profesional certificado y especializado en adolescentes, cuya función es facilitar
la participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos y justicia restaurativa;
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IX. Grupo etario I: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentren
comprendidas en el rango de edad de doce años cumplidos a menos de catorce años;
X. Grupo etario II: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentren
comprendidas en el rango de edad de catorce años cumplidos a menos de dieciséis años;
XI. Grupo etario III: Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentren
comprendidas en el rango de edad de dieciséis años cumplidos a menos de dieciocho años;
XII. Guía Técnico: Es el responsable de velar por la integridad física de la persona adolescente.
Es el garante del orden, respeto y la disciplina al interior del centro especializado e
integrante de las instituciones policiales. Tendrá además la función de acompañar a la
persona adolescente en el desarrollo y cumplimiento de su programa individualizado de
actividades;
XIII. Ley: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;
XIV. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
XV. Ley de Mecanismos Alternativos: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal;
XVI. Leyes Penales: El Código Penal Federal, los Códigos penales o leyes que en su caso,
resulten aplicables al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;
XVII. Órgano Jurisdiccional: El Juez de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento, el Juez de
Ejecución y el Magistrado, especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes;
XVIII. Persona adulta joven: Grupo de personas mayores de dieciocho años sujetos al Sistema;
XIX. Persona responsable de la/el adolescente: Quien o quienes ejercen la patria potestad,
custodia o tutela de la persona adolescente;
XX. Plan Individualizado de Actividades: Organización de los tiempos y espacios en que cada
adolescente podrá realizar las actividades educativas, deportivas, culturales, de protección
al ambiente, a la salud física y mental, personales y para la adquisición de habilidades y
destrezas para el desempeño de un oficio, arte, industria o profesión, de acuerdo con su
grupo etario, en los términos de la medida cautelar de internamiento preventivo impuesta por
el Órgano Jurisdiccional;
XXI. Plan Individualizado de Ejecución: El plan que diseña la Autoridad Administrativa en la
Ejecución de Medidas por el que se individualiza la ejecución de las medidas de sanción,
aprobado por el Juez de Ejecución;
XXII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada
entidad federativa establecidas por la Ley General;
XXIII. Sistema: Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y
XXIV. Víctima u Ofendido: Los señalados en el artículo 108 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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Artículo 4. Niñas y Niños
Las niñas y niños, en términos de la Ley General, a quienes se les atribuya la comisión de un hecho
que la ley señale como delito estarán exentos de responsabilidad penal, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles a las que haya lugar.
En caso de que la autoridad advierta que los derechos de estas niñas y niños están siendo
amenazados o violados, deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección competente.
Artículo 5. Grupos de edad
Para la aplicación de esta Ley, se distinguirán los grupos etarios I, II y III:
I. De doce a menos de catorce años;
II. De catorce a menos de dieciséis años, y
III. De dieciséis a menos de dieciocho años.
Artículo 6. Aplicación de esta Ley a la persona mayor de edad
A las personas mayores de dieciocho años de edad a quienes se les atribuya la comisión o
participación en un hecho señalado como delito en las leyes penales mientras eran adolescentes, se les
aplicará esta Ley.
Asimismo, se aplicará en lo conducente a las personas que se encuentren en proceso o cumpliendo
una medida de sanción y cumplan dieciocho años de edad. Por ningún motivo, las personas mayores de
edad cumplirán medidas privativas de la libertad en los mismos espacios que las personas adolescentes.
Artículo 7. Comprobación de la edad
Para todos los efectos de esta Ley, la edad a considerar será la que tenía la persona al momento de
realizar el hecho que la ley señale como delito, el cual se acreditará mediante acta de nacimiento
expedida por el Registro Civil, o bien, tratándose de extranjeros, mediante documento oficial. Cuando
esto no sea posible, la comprobación de la edad se hará mediante dictamen médico rendido por el o los
peritos que para tal efecto designe la autoridad correspondiente.
Artículo 8. Presunciones de edad
Si existen dudas de que una persona es adolescente se le presumirá como tal y quedará sometida a
esta Ley, hasta en tanto se pruebe lo contrario. Cuando exista la duda de que se trata de una persona
mayor o menor de doce años, se presumirá niña o niño.
Si la duda se refiere al grupo etario al que pertenece la persona adolescente se presumirá que forma
parte del que le sea más favorable.
En ningún caso se podrán decretar medidas de privación de la libertad para efectos de comprobación
de la edad.
Artículo 9. Interpretación
La interpretación de las disposiciones contenidas en esta Ley deberá hacerse de conformidad con la
Constitución, los principios rectores del Sistema, la Ley General y los Tratados Internacionales,
favoreciendo en todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia.
Artículo 10. Supletoriedad
Sólo en lo no previsto por esta Ley deberán aplicarse supletoriamente las leyes penales, el Código
Nacional, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de
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Víctimas, siempre que sus normas no se opongan a los principios rectores del sistema y sean en
beneficio de la persona sujeta a la presente Ley.
Solo serán aplicables las normas procesales en materia de delincuencia organizada y de protección a
personas que intervienen en el procedimiento penal, que impliquen un beneficio para la persona
adolescente.
Artículo 11. Salvaguarda de Derechos de las personas sujetas a esta Ley
En el caso de las personas adolescentes a las que se les atribuya la comisión de un hecho que la ley
señale como delito y que carezcan de madre, padre o tutor, o bien, estos no sean localizables, el
Ministerio Público deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección competente para que, en términos de
las atribuciones establecidas por las leyes aplicables, ejerza en su caso la representación en suplencia
para la salvaguarda de sus derechos.
Asimismo, con independencia de que cuente con madre, padre o tutor, cuando se advierta que los
derechos de la persona adolescente acusada de la comisión de un hecho que la ley señale como delito
se encuentran amenazados o vulnerados, el Ministerio Público deberá dar aviso a la Procuraduría de
Protección competente para que proceda en términos de lo previsto en la legislación aplicable y, en su
caso, ésta ejerza la representación en coadyuvancia para garantizar en lo que respecta a la protección y
restitución de derechos.
TÍTULO II
PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA
Artículo 12. Interés superior de la niñez
Para efectos de esta Ley el interés superior de la niñez debe entenderse como derecho, principio y
norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, en
concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La determinación del interés superior debe apreciar integralmente:
I. El reconocimiento de éstos como titulares de derechos;
II. La opinión de la persona adolescente;
III. Las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente;
IV. Los derechos y garantías de la persona adolescente y su responsabilidad;
V. El interés público, los derechos de las personas y de la persona adolescente;
VI. Los efectos o consecuencias que la decisión que se adopte pueda tener en el futuro de la
persona adolescente, y
VII. La colaboración de las partes intervinientes para garantizar su desarrollo integral e
integridad personal.
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En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el interés superior ha sido una consideración
primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y evaluado el interés superior y la importancia
que se le ha atribuido en la decisión administrativa o judicial.
Artículo 13. Protección integral de los derechos de la persona adolescente
Las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos inherentes a las personas. Les
serán garantizadas las oportunidades y facilidades, a fin de asegurarles las mejores condiciones para su
desarrollo físico, psicológico y social, en condiciones de dignidad.
Todas las autoridades del Sistema deberán respetar, proteger y garantizar los derechos de las
personas adolescentes mientras se encuentren sujetas al mismo.
Artículo 14. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas
adolescentes
Los derechos de las personas adolescentes son indivisibles y guardan interdependencia unos con
otros y sólo podrán considerarse garantizados en razón de su integralidad.
Artículo 15. Prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Estarán prohibidos todos los actos que constituyan tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Las autoridades, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán garantizar la seguridad
física, mental y emocional de las personas adolescentes.
Quedan prohibidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o
de celda solitaria, así como cualquier otra sanción o medida disciplinaria contraria a los derechos
humanos de la persona adolescente.
No podrá ser sancionada ninguna persona adolescente más de una vez por el mismo hecho. Quedan
prohibidas las sanciones colectivas.
Artículo 16. No Discriminación e igualdad sustantiva
Los derechos y garantías reconocidos en esta Ley se aplicarán a quienes se les atribuya o compruebe
la realización de uno o varios hechos señalados como delitos por las leyes penales federales y locales
mientras eran adolescentes, sin que se admita discriminación motivada por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual,
identidad de género, estado civil o cualquier otra, ya sea de la persona adolescente o de quienes ejercen
sobre ellas la patria potestad o tutela, que atenten contra su dignidad humana.
Se entiende por igualdad sustantiva el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Las autoridades del sistema velarán por que todas las personas adolescentes sean atendidas
teniendo en cuenta sus características, condiciones específicas y necesidades especiales a fin de
garantizar el ejercicio de sus derechos sobre la base de la igualdad sustantiva.
Durante el procedimiento, determinación de la medida o sanción y ejecución de la que corresponda,
se respetará a la persona adolescente en sus creencias, su religión y sus pautas culturales y éticas.
Artículo 17. Aplicación favorable
En ningún caso se podrán imponer a las personas adolescentes medidas más graves ni de mayor
duración a las que corresponderían por los mismos hechos a un adulto, ni gozar de menos derechos,
prerrogativas o beneficios que se le concedan a estos. De igual forma, bajo ninguna circunstancia se
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establecerán restricciones en los procesos de solución de conflictos que perjudiquen en mayor medida a
la persona adolescente que al adulto.
Artículo 18. Mínima intervención y subsidiariedad
La solución de controversias en los que esté involucrada alguna persona adolescente se hará
prioritariamente sin recurrir a procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos. Se
privilegiará el uso de soluciones alternas en términos de esta Ley, el Código Nacional y la Ley de
Mecanismos Alternativos.
Artículo 19. Autonomía progresiva
Todas las autoridades del sistema deben hacer el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos
de las personas adolescentes y de su capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo a la evolución de
sus facultades, lo cual significa que a medida que aumenta la edad también se incrementa el nivel de
autonomía.
Artículo 20. Responsabilidad
La responsabilidad de la persona adolescente se fincará sobre la base del principio de culpabilidad
por el acto. No admitirá, en su perjuicio y bajo ninguna circunstancia, consideraciones acerca de la
personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en
circunstancias personales de la persona adolescente imputada.
Artículo 21. Justicia Restaurativa
El principio de justicia restaurativa es una respuesta a la conducta que la ley señala como delito, que
respeta la dignidad de cada persona, que construye comprensión y promueve armonía social a través de
la restauración de la víctima u ofendido, la persona adolescente y la comunidad. Este principio puede
desarrollarse de manera individual para las personas mencionadas y sus respectivos entornos y, en la
medida de lo posible, entre ellos mismos, a fin de reparar el daño, comprender el origen del conflicto, sus
causas y consecuencias.
Artículo 22. Principios generales del procedimiento
El Sistema estará basado en un proceso acusatorio y oral en el que se observarán los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación con las adecuaciones y excepciones
propias del sistema especializado.
Artículo 23. Especialización
Todas las autoridades del Sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia
de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones.
Las instituciones u órganos que intervengan en la operación del Sistema, deberán proveer la
formación, capacitación y actualización específica a sus servidores públicos, de acuerdo a su grado de
intervención en las diferentes fases o etapas de dicho Sistema, por lo que incluirán lo anterior en sus
programas de capacitación, actualización y/o de formación correspondientes.
Asimismo, deberán conocer los fines del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la
importancia de sus fases, particularmente de las condiciones que motivan que las personas sujetas a
esta Ley cometan o participen en hechos señalados como delitos por las leyes penales y las
circunstancias de la etapa correspondiente a la adolescencia.
Desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de órganos
especializados en el Sistema, en los términos de esta Ley.
Artículo 24. Legalidad
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Ninguna persona adolescente puede ser procesada ni sometida a medida alguna por actos u
omisiones que, al tiempo de su ocurrencia, no estén previamente definidos de manera expresa como
delitos en las leyes penales aplicables.
La responsabilidad penal de una persona adolescente solamente podrá determinarse seguido el
procedimiento establecido en la presente Ley. En caso de comprobarse la responsabilidad de la persona
adolescente, el Órgano Jurisdiccional únicamente podrá sancionarla a cumplir las medidas de sanción
señaladas en la presente Ley, conforme a las reglas y criterios establecidos para su determinación.
Artículo 25. Ley más favorable
Cuando una misma situación relacionada con personas adolescentes, se encuentre regulada por
leyes o normas diversas, siempre se optará por la que resulte más favorable a sus derechos, o a la
interpretación más garantista que se haga de las mismas.
Artículo 26. Presunción de inocencia
Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del
procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por Órgano
Jurisdiccional, en los términos señalados en esta Ley.
Artículo 27. Racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción
Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a las personas adolescentes deben
corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando en cuenta las circunstancias personales
de la persona adolescente, siempre en su beneficio.
Artículo 28. Reintegración social y familiar de la persona adolescente
La reintegración social y familiar es un proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución
de la medida de sanción, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente
encontrada responsable de la comisión de un delito.
La reintegración se llevará a través de diversos programas socioeducativos de intervención
destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y
comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan
reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad.
Artículo 29. Reinserción social
Restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas
ejecutadas con respeto a los derechos humanos de la persona adolescente.
Artículo 30. Carácter socioeducativo de las medidas de sanción
Las medidas de sanción tendrán un carácter socioeducativo, promoverán la formación de la persona
adolescente, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de vínculos
socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
En la ejecución de las medidas de sanción se deberá procurar que la persona adolescente se inserte
en su familia y en la sociedad, mediante el pleno desarrollo de sus capacidades y su sentido de la
responsabilidad.
Artículo 31. Medidas de privación de la libertad como medida extrema y por el menor tiempo
posible
Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional, sólo se
podrán imponer a personas adolescentes mayores de catorce años, por los hechos constitutivos de delito
que esta Ley señala, por un tiempo determinado y la duración más breve que proceda.
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Artículo 32. Publicidad
Todas las audiencias que se celebren durante el procedimiento y la ejecución de medidas se
realizarán a puerta cerrada, salvo que la persona adolescente solicite al Órgano Jurisdiccional que sean
públicas, previa consulta con su defensor. El Órgano Jurisdiccional debe asegurarse que el
consentimiento otorgado por la persona adolescente, respecto a la publicidad de las audiencias, sea
informado.
No vulnera el principio de publicidad de las personas adolescentes, la expedición de audio y video de
las audiencias a favor de las partes en el procedimiento, teniendo la prohibición de divulgar su contenido
al público.
Artículo 33. Celeridad procesal
Los procesos en los que están involucradas personas adolescentes se realizarán sin demora y con la
mínima duración posible, por lo que las autoridades y órganos operadores del Sistema, deberán ejercer
sus funciones y atender las solicitudes de los interesados con prontitud y eficacia, sin causar dilaciones
injustificadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.
CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES
Artículo 34. Enunciación no limitativa
Los derechos de las personas adolescentes previstos en la presente Ley son de carácter enunciativo
y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las leyes aplicables en la materia,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
SECCIÓN PRIMERA
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES SUJETAS AL SISTEMA
Artículo 35. Protección a la intimidad
La persona adolescente tendrá derecho a que durante todo el procedimiento y la ejecución de las
medidas se respete su derecho a la intimidad personal y familiar, evitando cualquier intromisión indebida
a su vida privada o a la de su familia. Las autoridades protegerán la información que se refiera a su vida
privada, la de su familia y sus datos personales.
Artículo 36. Confidencialidad y Privacidad
En todas las etapas del proceso y durante la ejecución de las medidas de sanción las autoridades del
Sistema garantizarán la protección del derecho de las personas adolescentes a la confidencialidad y
privacidad a sus datos personales y familiares.
Desde el inicio de la investigación o el proceso las policías, el Ministerio Público o el Órgano
Jurisdiccional, informarán de esta prohibición a quienes intervengan o asistan al proceso y, en su caso, a
los medios de comunicación.
Si la información que permite la identificación de la persona adolescente investigado, procesado o
sancionado, fuera divulgada por funcionarios públicos, se aplicarán las penas señaladas para el tipo
penal básico del delito contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos.
En caso de los medios de comunicación, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 149 de la
Ley General y se exigirá la retractación de la misma forma en que se hubiere dado publicidad de la
información sobre la persona adolescente investigado, procesado o sancionado.
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Artículo 37. Registro de procesos
Los antecedentes y registros relacionados con personas adolescentes sometidas a proceso o
sancionadas conforme a esta Ley en ningún caso podrán ser utilizados en contra de la misma persona,
en otro juicio derivado de hechos diferentes.
Si la persona adolescente fuere absuelta mediante sentencia firme, el registro y los antecedentes se
destruirán transcurridos tres meses contados desde que la sentencia quede firme. Antes del vencimiento
de este plazo, la persona adolescente o su defensor podrán solicitar que estos registros se conserven
íntegramente, cuando consideren que su conservación sea en su beneficio. Si el caso se resuelve
mediante una salida alterna, los registros relacionados se destruirán dos años después de haberse
cumplido con el acuerdo reparatorio o el plan de reparación de la suspensión condicional del
procedimiento.
Pasados tres años del cumplimiento de la medida de sanción impuesta o extinguida la acción penal
por las causales previstas en esta Ley, se destruirán todos los registros vinculados con el proceso legal.
No obstante lo dispuesto en esta norma, los registros que contengan la sentencia se preservarán,
salvaguardando, en todo caso, la información sobre los datos personales de las partes, peritos y testigos
en el proceso.
Artículo 38. Garantías de la detención
Toda persona adolescente deberá ser presentada inmediatamente ante el Ministerio Público o el Juez
de Control especializados dentro de los plazos que establece esta Ley, garantizando sus derechos y
seguridad.
Desde el momento de su detención se asegurará que las personas adolescentes permanezcan en
lugares distintos a los adultos.
En todos los casos habrá un registro inmediato de la detención.
Artículo 39. Prohibición de incomunicación
Toda persona adolescente tiene derecho a establecer una comunicación efectiva, por vía telefónica o
por cualquier otro medio disponible, inmediatamente luego de ser detenida, con sus familiares, su
defensor o con la persona o agrupación a quien desee informar sobre su detención o privación de
libertad.
Durante la ejecución de las medidas queda prohibido imponer como medida disciplinaria la
incomunicación a cualquier persona adolescente.
Artículo 40. Información a las personas adolescentes
Toda persona adolescente tiene derecho a ser informada sobre las razones por las que se le detiene,
acusa, juzga o impone una medida; el nombre de la persona que le atribuye la realización del hecho
señalado como delito; las consecuencias de la atribución del hecho; los derechos y garantías que le
asisten y el derecho a disponer de una defensa jurídica gratuita.
La información deberá ser proporcionada en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y sin demora,
de manera personal y en presencia de la o las personas responsables de la persona adolescente, de su
representante legal o de la persona que el adolescente haya designado como de su confianza.
Artículo 41. Defensa técnica especializada
Todo adolescente tiene derecho a ser asistido por un licenciado en derecho, con cédula profesional y
especializado en el Sistema, en todas las etapas del procedimiento, desde su detención hasta el fin de la
ejecución de la medida impuesta.
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En caso de que no elija a su propio defensor, el Ministerio Público o el Órgano Jurisdiccional le
designará defensor público desde el primer acto del procedimiento. El Órgano Jurisdiccional debe velar
por que la persona adolescente goce de defensa técnica y adecuada.
En caso de ser indígenas, extranjeros, tengan alguna discapacidad o no sepan leer ni escribir, la
persona adolescente será asistido de oficio y en todos los actos procesales por un defensor que
comprenda plenamente su idioma, lengua, dialecto y cultura; o bien, de ser necesario, su defensor será
auxiliado por un traductor o intérprete asignado por la autoridad correspondiente o designado por la
propia persona adolescente. Cuando este último alegue ser indígena, se tendrá como cierta su sola
manifestación.
Artículo 42. Presencia y acompañamiento de la persona responsable o por persona en quien
confíe
La persona responsable de la o el adolescente, o la persona de su confianza podrán estar presentes
durante el procedimiento y durante las audiencias de ejecución. Éstos tendrán derecho a estar presentes
en las actuaciones y quienes imparten justicia podrán requerir su presencia en defensa de las personas
adolescentes. Este acompañamiento será considerado como una asistencia general a la persona
adolescente, de naturaleza psicológica y emotiva, que debe extenderse a lo largo de todo el
procedimiento.
Dicho acompañamiento podrá ser denegado por la autoridad jurisdiccional competente cuando existan
motivos fundados para presumir que la exclusión es necesaria en defensa de la persona adolescente.
Artículo 43. Derecho a ser escuchado
Toda persona adolescente tiene derecho a ser escuchada y tomada en cuenta directamente en
cualquier etapa del procedimiento, tomando en consideración su edad, estado de desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez.
La persona adolescente que no comprenda, ni pueda darse a entender en español, deberá ser
provista de un traductor o intérprete a fin de que pueda expresarse en su propia lengua.
Si se trata de una persona adolescente con discapacidad se le nombrará intérprete idóneo que
garantice la comunicación efectiva.
Artículo 44. Ajustes razonables al procedimiento
En caso de que la persona adolescente tenga alguna discapacidad podrá solicitar por sí o por medio
de su defensor, un ajuste razonable al procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación.
Artículo 45. Abstención de declarar
Toda persona adolescente tiene derecho a abstenerse de declarar y a no incriminarse a sí misma. Su
silencio no puede ser valorado en su contra.
Si una persona adolescente, después de haberlo consultado con su defensa, quisiera hacer uso de su
derecho a declarar, únicamente podrá hacerlo en presencia del Órgano Jurisdiccional competente y con
la presencia de su defensa. En ningún caso se le exigirá protesta de decir verdad.
SECCIÓN SEGUNDA
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES EN PRISIÓN PREVENTIVA O
INTERNAMIENTO
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Artículo 46. Derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de
libertad
Las personas adolescentes durante la ejecución de la medida privativa de la libertad o las sanciones
penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido
restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.
Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades competentes, garantizarán, de manera
enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:
I. No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y garantías, sino en los términos
previstos en la medida impuesta o en este ordenamiento;
II. A que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica;
III. Ser informado sobre la finalidad de la medida cautelar y de sanción impuesta, del contenido
del Plan Individualizado de Actividades o Plan Individualizado de Ejecución y lo que se
requiere de él para cumplir con el mismo. Lo anterior se hará del conocimiento de sus
personas responsables, de sus representantes legales y, en su caso, de la persona en quien
confíe;
IV. Recibir información sobre las leyes, reglamentos u otras disposiciones que regulen sus
derechos, obligaciones y beneficios del régimen en el que se encuentren; las medidas
disciplinarias que pueden imponérseles, el procedimiento para su aplicación y los medios de
impugnación procedentes;
V. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos o ponga
en peligro su salud física o mental;
VI. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, así como
atención y tratamiento psicológico atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo
en, por lo menos, centros de salud que brinden asistencia médica y psicológica de primer
nivel en términos de la Ley General de Salud; en el Centro Especializado y, en caso de que
sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión o se necesite asistencia médica
avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada a dicho Centro o bien, que
la persona sea remitida a un Centro de salud público en los términos que establezca la ley;
Fracción reformada DOF 20-12-2022
VII. Recibir en todo momento una alimentación nutritiva, adecuada y suficiente para su
desarrollo, así como vestimenta suficiente y digna que garantice su salud y formación
integral;
VIII. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo
y cuidado personal;
IX. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios;
X. Recibir visitas frecuentes, de conformidad con el Reglamento aplicable;
XI. Salir del Centro Especializado, bajo las medidas de seguridad pertinentes para evitar su
sustracción o daños a su integridad física, en los siguientes supuestos:
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a) Recibir atención médica especializada, cuando ésta no pueda ser proporcionada en el
mismo.
b) Acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge,
concubina o concubinario o de quien ejerciera la patria potestad, tutela o cuidado, así
como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando las condiciones de
seguridad lo permitan, de conformidad con el Reglamento aplicable.
Inciso reformado DOF 20-12-2022
En ambos casos, las salidas serán bajo la vigilancia que determinen las autoridades del
Centro Especializado;
XII. Tener contacto con el exterior a través de los programas y actividades desarrollados por
Centro Especializado;
XIII. Realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de
esparcimiento, bajo supervisión especializada;
XIV. Tener una convivencia armónica, segura y ordenada en el Centro Especializado en la que
permanezca;
XV. No ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo las excepciones que
determine esta Ley y de acuerdo a las disposiciones establecidas respecto al uso legítimo
de la fuerza;
XVI. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las
instancias correspondientes;
XVII. Ser recibidos en audiencia por los servidores públicos del Centro Especializado, así como
formular, entregar o exponer personalmente, en forma pacífica y respetuosa, peticiones y
quejas, las cuales se responderán en un plazo máximo de cinco días hábiles;
XVIII. A que toda limitación de sus derechos sólo pueda imponerse cuando tenga como objetivo
garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. En este caso, la limitación se
regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.
Los demás previstos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte y las leyes aplicables en la materia.
Artículo 47. Alojamiento adecuado
Las personas adolescentes tienen derecho a ser alojados en Unidades de Internamiento separados
de los adultos, de acuerdo con su edad, género, salud física y situación jurídica.
Asimismo, al momento de cumplir los dieciocho años en cualquier etapa del procedimiento no podrán
ser trasladados a un Centro de Internamiento para adultos, por lo que deberán ser ubicados en áreas
distintas, completamente separadas del resto de la población menor de dieciocho años de edad.
Artículo 48. Incidir en el Plan Individualizado
La persona adolescente deberá ser escuchada y tomada en cuenta para la elaboración y revisión del
Plan Individualizado que deba cumplir. El Plan Individualizado podrá ser revisado y modificado a petición
de la persona adolescente, sin necesidad de audiencia ante el Juez de Ejecución, siempre que la
modificación no sea trascendental.
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La persona adolescente, representantes legales y familiares, deberán conocer la finalidad de la
medida de sanción impuesta, el contenido del Plan de Actividades y lo que se requiere de la persona
adolescente para cumplir con el mismo.
Artículo 49. Cercanía con sus familiares
La persona adolescente privada de la libertad tiene derecho a cumplir su medida en el Centro de
Internamiento más cercano del lugar de residencia habitual de sus familiares, por lo que no podrá ser
trasladada a otros Centros de Internamiento de manera arbitraria.
Únicamente, en casos de extrema urgencia de peligro para la vida de la persona adolescente o la
seguridad del Centro de Internamiento podrá proceder el traslado involuntario, sometiéndolo a revisión
del Juez de Ejecución dentro de las veinticuatro horas siguientes. En estos casos, el traslado se hará al
Centro de Internamiento más cercano posible al lugar de residencia habitual de sus familiares.
Artículo 50. Acceso a medios de información
La persona adolescente privada de su libertad tiene derecho a tener acceso a medios de información
tales como prensa escrita, radio y televisión que no perjudiquen su adecuado desarrollo.
Artículo 51. Educación
Las personas adolescentes tienen derecho a cursar el nivel educativo que le corresponda y a recibir
instrucción técnica o formación práctica sobre un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en
diversas áreas del conocimiento.
Artículo 52. Equivalencia para el acceso al derecho a la salud
Para el ejercicio de su derecho a la salud, a las personas adolescentes privadas de la libertad se les
deberá aplicar el principio de equivalencia. El principio de equivalencia consiste en proveer servicios de
salud de calidad a las personas adolescentes privadas de libertad, equivalentes a los servicios públicos a
que tendría derecho en externamiento.
En el caso de las madres adolescentes que convivan con su hija o hijo dentro de un Centro de
Internamiento, este principio se hará extensivo a los mismos.
Artículo 53. Conservar la custodia
Las madres adolescentes tendrán derecho a permanecer con sus hijas e hijos menores de tres años
mientras dure la medida de internamiento, en lugares adecuados para ella y sus descendientes dentro
del Centro de Internamiento correspondiente. Asimismo, tendrán derecho a recibir, de las autoridades
competentes, los insumos y servicios necesarios para su desarrollo.
Una vez que la hija o el hijo han cumplido los tres años, el Órgano Jurisdiccional determinará su
situación jurídica, siempre tomando en cuenta la opinión de la Procuraduría de Protección competente
para garantizar su interés superior.
Artículo 54. Prohibición de aislamiento
Queda prohibido aplicar como medida disciplinaria a las personas adolescentes privadas de la libertad
la medida de aislamiento. Únicamente en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para evitar
o resolver actos de violencia generalizada o amotinamiento en los que esté directamente involucrada, la
persona adolescente podrá ser aislada por el menor tiempo posible y esta medida nunca deberá exceder
de veinticuatro horas. En estos casos es responsabilidad de la Dirección del Centro de Internamiento dar
aviso inmediato a su Defensa. En ningún caso el aislamiento implicará la incomunicación.
Artículo 55. Recibir visita íntima
La persona adolescente emancipada privada de la libertad tendrá derecho a visita íntima sin que la
autoridad del Centro de Internamiento pueda calificar la idoneidad de la pareja. El mismo derecho aplica
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para las personas adolescentes que acrediten concubinato, así como las personas mayores de dieciocho
años de edad que se encuentren cumpliendo una medida de sanción en un Centro de Internamiento.
No podrá negarse la visita íntima de personas que tenga un efecto discriminatorio en términos del
artículo 1o. de la Constitución. No podrá considerarse la suspensión de la visita íntima como una sanción
disciplinaria.
Artículo 56. Trabajo
Durante la ejecución de las medidas se dará prioridad a las actividades de capacitación para el
trabajo, a fin de garantizar la inserción laboral y productiva de la persona adolescente en edad permitida,
evitando que implique la realización de acciones que puedan ser clasificadas como trabajo peligroso o
explotación laboral infantil.
Artículo 57. Derechos de las adolescentes en un Centro Especializado
Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las adolescentes con medida de
internamiento tendrán derecho a:
I. Recibir trato directo del personal operativo, tratándose de su salud podrá solicitar que la
examine personal médico de sexo femenino. Se accederá a esta petición en la medida de lo
posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo
solicitado, la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá
estar presente personal de sexo femenino del Centro Especializado;
II. Contar con las instalaciones dignas y seguras y con los artículos necesarios para satisfacer
las necesidades propias de su sexo;
III. Recibir a su ingreso al Centro Especializado, la valoración médica que deberá comprender
un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de
atención de salud, y
IV. Recibir la atención médica especializada, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares
específicos establecidos en el Centro Especializado, en los términos establecidos en la
presente Ley.
Además de éstos, las madres adolescentes con medida de internamiento tendrán los siguientes
derechos:
I. A la maternidad, parto, puerperio y lactancia;
II. A permanecer con sus hijas o hijos menores de tres años mientras dure la medida de
privación de la libertad, en lugares adecuados para ella y sus descendientes y a recibir de
las autoridades competentes, los insumos y servicios necesarios para su desarrollo;
III. Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo
adoptar disposiciones respecto a su cuidado, y
IV. Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de
tres años, durante su estancia en el Centro Especializado y no hubiera familiar que pudiera
hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad Administrativa establecerá los
criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño, ante lo cual se notificará a la
Procuraduría de Protección competente.
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Por su parte, las hijas e hijos que acompañan a sus madres en un Centro Especializado tendrán los
siguientes derechos:
I. En el caso de que las hijas e hijos permanezcan con sus madres en el Centro Especializado,
deberán recibir alimentación adecuada y saludable acorde con su edad y sus necesidades
de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental;
II. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de
desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con
sus madres en el Centro Especializado, en términos de la legislación aplicable, y
III. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.
La Autoridad Administrativa coadyuvará con las autoridades corresponsables, en el ámbito de su
competencia, para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de niñas y
niños.
Las niñas y niños nacidos dentro del Centro Especializado tienen derecho a la identidad. Queda
prohibida toda alusión a este lugar de nacimiento en el acta del registro civil correspondiente y en las
certificaciones que se expidan. Será responsabilidad del Centro Especializado tramitar el acta de
nacimiento.
En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, éstos serán
entregados en un plazo no mayor a veinticuatro horas por parte de las autoridades del Centro
Especializado a la Procuraduría de Protección competente, la que realizará los trámites correspondientes
de acuerdo con la Ley General y demás legislación aplicable.
La institucionalización procederá como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las
opciones de cuidado en un entorno familiar.
La Autoridad Administrativa, deberá garantizar que en los Centros Especializados para mujeres haya
espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijos o hijas de las adolescentes o, en su defecto,
para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre.
En el supuesto en el que las Autoridades determinen el traslado de una mujer adolescente
embarazada o bien, cuando sus hijas o hijos vivan en el Centro Especializado con ella, se garantizará las
condiciones idóneas de acuerdo al interés superior de la niñez.
Las disposiciones reglamentarias preverán un régimen específico de visitas para hijas e hijos que no
convivan con la madre en el Centro Especializado. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún
tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la organización interna de
los Centros.
Artículo 58. Obligaciones de las personas adolescentes sujetas a medidas cautelares o de
sanción
Las personas adolescentes sujetas a una medida cautelar o de sanción, deberán observar las
disposiciones administrativas disciplinarias que correspondan.
CAPÍTULO III
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
Artículo 59. Derechos de las víctimas
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Las víctimas u ofendidos por la realización de hechos señalados como delitos por las leyes penales
federales y de las entidades federativas, tendrán todos los derechos reconocidos en la Constitución, el
Código Nacional y demás legislación aplicable.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de las entidades
federativas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, proporcionarán la asistencia, ayuda,
atención y reparación integral a las víctimas en términos de la Ley General de Víctimas y demás
legislación aplicable.
Artículo 60. Reparación del daño a la víctima u ofendido
La persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, así
como de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituto. En todo caso, se
procurará que el resarcimiento guarde relación directa con el hecho realizado, el bien jurídico lesionado y
provenga del esfuerzo propio de la persona adolescente, sin que provoque un traslado de
responsabilidad hacia su padre, madre, representante legal o a algún tercero.
La restitución se podrá obtener de la siguiente forma:
I. Trabajo material encaminado en favor de la reparación directa del bien dañado;
II. Pago en dinero o en especie mediante los bienes, dinero o patrimonio del adolescente, y
III. Pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente.
Las medidas a que se refieren las fracciones anteriores se realizarán por el acuerdo de voluntades de
las partes; el Ministerio Público Especializado en Adolescentes competente sancionará, en todos los
casos, los mecanismos por el que se pretenda realizar la reparación del daño.
El pago a la víctima u ofendido, podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o su similar en las entidades
federativas, conforme a lo establecido por la Ley General de Víctimas y leyes correspondientes en las
entidades federativas, respecto a la compensación subsidiaria.
TÍTULO III
COMPETENCIA
CAPÍTULO ÚNICO
REGLAS GENERALES
Artículo 61. Reglas Generales
Será competente para conocer de un asunto el Órgano Jurisdiccional del lugar en el que ocurrió el
hecho que la ley señale como delito.
Para determinar la competencia de los órganos federales o locales, según corresponda, se
observarán las siguientes reglas:
I. Los órganos del fuero común tendrán competencia sobre los hechos cometidos dentro de la
circunscripción en la que ejerzan sus funciones;
II. Cuando el hecho este catalogado como delito del orden federal, será competencia de los
órganos jurisdiccionales federales;
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III. Cuando el hecho sea del orden federal pero exista competencia concurrente, deberán
conocer los órganos del fuero común, en los términos que dispongan las leyes;
IV. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los
delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales cuando lo considere
conveniente; asimismo los órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán
competencia para juzgarlos. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en
delitos del fuero común, se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto la
Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su
competencia en términos de la fracción I de este artículo;
V. Cuando el lugar de comisión del hecho sea desconocido, será competente el Órgano
Jurisdiccional de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenida la
persona adolescente, a menos que haya prevenido el Órgano Jurisdiccional de la
circunscripción judicial donde resida. Si, posteriormente, se descubre el lugar de comisión
del hecho, continuará la causa el Órgano Jurisdiccional de este último lugar, y
VI. Cuando el hecho haya iniciado su ejecución en un lugar y haya surtido sus efectos en dos o
más lugares distintos, el conocimiento corresponderá, a prevención, al Órgano Jurisdiccional
de cualquiera de los lugares.
Artículo 62. Competencia Auxiliar
El Poder Judicial de la Federación establecerá el mecanismo más propicio para determinar el lugar de
sus órganos jurisdiccionales, mediante el uso eficiente de los recursos.
Cuando en el lugar de los hechos no se cuente con un Órgano Jurisdiccional federal, por vía de auxilio
la competencia para conocer del asunto recaerá en los órganos jurisdiccionales locales.
TÍTULO IV
AUTORIDADES, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 63. Especialización de los órganos del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes deberá contar con los siguientes órganos
especializados:
I. Ministerio Público;
II. Órganos Jurisdiccionales;
III. Defensa Pública;
IV. Facilitador de Mecanismos Alternativos;
V. Autoridad Administrativa, y
VI. Policías de Investigación.
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Dichos órganos deberán contar con el nivel de especialización que permita atender los casos en
materia de justicia para adolescentes, conforme a lo previsto en la presente Ley y las demás
disposiciones normativas aplicables.
Artículo 64. Especialización de los operadores del Sistema Integral
Los operadores del Sistema son todas aquellas personas que forman parte de los órganos antes
mencionados y deberán contar con un perfil especializado e idóneo que acredite los siguientes
conocimientos y habilidades:
I. Conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes;
II. Conocimientos específicos sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;
III. Conocimientos del sistema penal acusatorio, las medidas de sanción especiales y la
prevención del delito para adolescentes;
IV. El desarrollo de habilidades para el trabajo con adolescentes en el ámbito de sus
respectivas competencias.
La especialización de los funcionarios del Sistema podrá llevarse a cabo mediante convenios de
colaboración con instituciones académicas públicas.
Artículo 65. Servicio Profesional de Carrera
Se deberán determinar los criterios para el ingreso, promoción y permanencia de sus funcionarios y
operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes conforme a las disposiciones
aplicables al servicio profesional de carrera que, en su caso, corresponda.
CAPÍTULO II
DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO
Artículo 66. El Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes
Las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de las entidades federativas contarán con
agentes del Ministerio Público o Fiscales Especializados en Justicia para Adolescentes que, además de
las obligaciones y atribuciones previstas por la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, el Código Nacional y leyes aplicables, tendrán las siguientes:
I. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas
adolescentes;
II. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la persona
adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en desarrollo y
diferente al destinado a los adultos;
III. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su disposición,
sobre su derecho a nombrar un defensor y, en caso de no contar con uno, informar de
inmediato a la Defensoría Pública para que le sea designado un defensor;
IV. Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y, en su caso,
a la persona que designe como persona en quien confíe, sobre su situación jurídica y los
derechos que le asisten;
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V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la persona
detenida;
VI. Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en su caso, a su familia, la información sobre
la investigación, salvo los casos excepcionales previstos en el Código Nacional;
VII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de oportunidad, en los
términos de esta Ley, el Código Nacional y demás disposiciones aplicables;
VIII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos alternativos, a fin
de cumplir con los principios de mínima intervención y subsidiariedad;
IX. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la víctima u
ofendido, y
X. Las demás que establece esta Ley.
CAPÍTULO III
DE LA DEFENSA
Artículo 67. Obligaciones de los defensores en justicia para adolescentes
La defensa, además de las obligaciones y atribuciones previstas por la Constitución, los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, el Código Nacional y las leyes aplicables,
tendrán las siguientes:
I. Realizar entrevistas para mantener comunicación constante con la persona adolescente y
con sus responsables para informarles del estado del procedimiento;
II. Informar de inmediato a las autoridades correspondientes cuando no se respeten los
derechos de la persona adolescente o sea inminente su violación;
III. Informar de inmediato a la persona adolescente su situación jurídica, así como los derechos
y garantías que le otorgan las disposiciones legales aplicables, y
IV. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios que garanticen a la persona adolescente
una defensa técnica y adecuada.
CAPÍTULO IV
DE LAS AUTORIDADES DE MECANISMOS ALTERNATIVOS
Artículo 68. Obligaciones de los Órganos de Mecanismos Alternativos
Para la adecuada aplicación de esta Ley, se establece como obligaciones de los Órganos de
Mecanismos Alternativos de las entidades federativas, las siguientes:
I. Si el Órgano de Mecanismos Alternativos se encuentra en sede ministerial, contar con el
número necesario, de acuerdo a la incidencia de casos, de facilitadores que además de
estar certificados conforme a la Ley de Mecanismos Alternativos, estén especializados en
justicia para adolescentes conforme a esta Ley;
II. Si el Órgano de Mecanismos Alternativos se encuentra en sede judicial, deberá canalizar los
casos del Sistema de Justicia para Adolescentes al Órgano de Mecanismos Alternativos en
sede ministerial, a menos que cuente con facilitadores especializados conforme a esta Ley.
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La distribución de casos se hará conforme a la Ley de Mecanismos Alternativos y el Código
Nacional;
III. Celebrar convenios de colaboración para el establecimiento de redes de apoyo y
coordinación con instituciones públicas o privadas en materia de justicia para adolescentes,
que le permitan atender de manera más integral estos casos;
IV. Difundir los servicios que otorga en materia de justicia para adolescentes y, en general, los
mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia restaurativa;
V. Llevar el registro y estadística de casos, desagregados para la materia de justicia para
adolescentes, en los términos de esta Ley, el Código Nacional, la Ley de Mecanismos
Alternativos y demás disposiciones aplicables;
VI. Las demás que establezca esta Ley o la normativa aplicable.
Artículo 69. Funciones de los Facilitadores
Son obligaciones de los facilitadores:
I. Cumplir con la especialización en los términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables
en materia de justicia para adolescentes;
II. Vigilar que en los mecanismos alternativos no se afecten derechos de terceros,
disposiciones de orden público o interés social;
III. Cumplir con los principios de los mecanismos alternativos establecidos en esta Ley y
asegurarse, en la medida de sus posibilidades, de que los auxiliares, apoyo administrativo o
demás personas que intervengan en los mecanismos alternativos a su cargo los cumplan
también;
IV. Proponer al Órgano de Mecanismos Alternativos al que pertenezca, en los términos de la ley
respectiva, la celebración de convenios de colaboración para formar redes de apoyo en
materia de justicia para adolescentes;
V. En los términos del principio de honestidad contemplado en esta Ley, excusarse de
intervenir en los asuntos en los que no se considere técnicamente capaz, por las
circunstancias del caso, de llevar a cabo la facilitación con la pericia suficiente, pudiendo
solicitar al Órgano de Mecanismos Alternativos que le permita facilitar con otro especialista;
VI. Dar por concluido el proceso de mediación cuando no logre un equilibrio de poder, en los
términos del principio de equidad contemplado en esta Ley;
VII. Evitar sesiones conjuntas entre víctimas u ofendidos y personas adolescentes en los
procesos restaurativos, cuando considere que podría ser riesgoso para alguna de las partes
o contrario a los objetivos de la justicia restaurativa, y
VIII. Las demás establecidas en esta Ley, en la Ley de Mecanismos Alternativos u otros
ordenamientos aplicables.
CAPÍTULO V
DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS
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Artículo 70. De los Órganos Jurisdiccionales Especializados en adolescentes
Además de las facultades y atribuciones previstas en el Código de Procedimientos, la Ley de
Ejecución y otras disposiciones aplicables, los Jueces de Control, los Tribunales de Juicio Oral, los
Jueces de Ejecución y los Magistrados Especializados en Justicia para Adolescentes de la Federación, y
de las entidades federativas tendrán las facultades que les confiere esta Ley.
CAPÍTULO VI
DE LAS AUTORIDADES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS
Artículo 71. Autoridad Administrativa
En la Federación y en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrá
una Autoridad Administrativa especializada dependiente de la Administración Pública Federal o estatal
con autonomía técnica, operativa y de gestión que independientemente de su organización
administrativa, contará con las siguientes áreas:
A. Área de evaluación de riesgos;
B. El Área de seguimiento y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva
y de suspensión condicional del proceso;
C. Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad;
D. Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción privativas de la libertad.
Que para su ejercicio tendrá las siguientes atribuciones:
I. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo;
II. Coordinar acciones con las demás autoridades del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes;
III. Diseñar y ejecutar el Plan Individualizado de Actividades, así como el Plan Individualizado
de Ejecución;
IV. Realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde
se encuentre la persona adolescente;
V. Verificar la localización de la persona adolescente en su domicilio o en el lugar en donde se
encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar, suspensión condicional del proceso o
medida de sanción impuesta por la autoridad judicial, así lo requiera;
VI. Requerir a la persona adolescente proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el
posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas,
cuando así se requiera por la autoridad administrativa o judicial;
VII. Proporcionar todos los servicios disponibles para la plena reinserción y reintegración familiar
y social de las personas adolescentes, en coordinación con las autoridades corresponsables
y coadyuvantes que se considere conveniente;
VIII. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas y condiciones impuestas, su
seguimiento y conclusión;
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IX. Solicitar a la persona adolescente la información que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las medidas y condiciones impuestas;
X. Canalizar a la persona adolescente a servicios sociales de asistencia, públicos o privados,
en materia de salud, educación, vivienda, apoyo jurídico y de adquisición de habilidades y
destrezas para el desempeño de un oficio, arte, industria o profesión, cuando la modalidad
de la medida cautelar, de la suspensión condicional del proceso, o la medida de sanción
impuesta así lo requiera;
XI. Adoptar las acciones necesarias para proteger la integridad física y psicológica de las
personas adolescentes que estén bajo su responsabilidad en la medida de sanción de
internamiento; solicitar y proporcionar información a las instituciones públicas, así como
atender las solicitudes de apoyo que se le realicen;
XII. Llevar un registro actualizado de las instituciones públicas y privadas que participen en la
ejecución de las medidas cautelares o de sanción, y los planes para su cumplimiento, así
como de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, y disponer lo
conducente para que esté a disposición del Órgano Jurisdiccional, en caso de que se
solicite;
XIII. Supervisar a las áreas que la componen;
XIV. Asegurar que todo el personal que tiene trato con las personas adolescentes, incluyendo el
de seguridad, sea especializado;
XV. Implementar los criterios relativos a los procedimientos de ingreso, permanencia, evaluación,
estímulos, promoción y remoción del personal especializado, de acuerdo a lo establecido en
esta Ley;
XVI. Participar en el diseño e implementar la política pública correspondiente al Sistema;
XVII. Llevar un registro de las fechas de cumplimiento de las medidas impuestas a las personas
sujetas a esta Ley;
XVIII. Informar a las autoridades correspondientes y a las partes de cualquier violación a los
derechos de las personas adolescentes, así como las circunstancias que podrían afectar el
ejercicio de los mismos;
XIX. Informar a la defensa de la fecha de cumplimiento de la mitad de la duración de las medidas
privativas de libertad;
XX. Las demás atribuciones que esta Ley le asigne y las que se establezcan en otras leyes
siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta, y
XXI. Los planes y programas diseñados por la Autoridad Administrativa y las áreas de evaluación
y ejecución de las medidas, que lo componen deberán considerar la política general en
materia de protección de adolescentes a nivel nacional, así como en materia de ejecución de
las medidas y de reinserción social para las personas sujetas a esta Ley.
Artículo 72. Áreas especializadas de la Autoridad Administrativa
I. El Área de Evaluación de Riesgos contará con las siguientes atribuciones:
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a) Entrevistar a las personas adolescentes detenidas o citadas a la audiencia inicial para
obtener sus datos socio-ambientales sobre riesgos procesales;
b) Evaluar los riesgos procesales para la determinación de las medidas cautelares;
c) Proporcionar a las partes el resultado de la evaluación de riesgos procesales;
d) Realizar solicitudes de apoyo para la obtención de información a las áreas con
funciones similares de la Federación o de las entidades federativas y, en su caso,
atender las que les sean requeridas, y
e) Las demás que establezca la legislación aplicable.
II. El Área de Seguimiento y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva
y de suspensión condicional del proceso, contará con las siguientes atribuciones:
a) Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión
preventiva, y a la suspensión condicional del proceso;
b) Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar
seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la
suspensión condicional del proceso, cuando la modalidad de la decisión judicial así lo
requiera, y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente;
c) Informar al Órgano Jurisdiccional, el cambio de las circunstancias que sirvieron de base
para imponer la medida, sugiriendo, en su caso, la modificación o cambio de la misma.
La autoridad jurisdiccional notificará tal circunstancia a las partes, y
d) Las demás que establezca la legislación aplicable.
III. El Área de Seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad
contará con las siguientes atribuciones:
a) Cumplir con las resoluciones y requerimientos del Juez de Ejecución;
b) Supervisar el cumplimiento de las medidas de sanción impuestas e informar al Órgano
Jurisdiccional, en caso de que se dé un incumplimiento a las mismas;
c) Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad
administrativa encargue el cuidado de la persona adolescente, cumplan las
obligaciones contraídas, y
d) Las demás que establezca la legislación aplicable.
IV. Los Centros de Internamiento contarán con las siguientes atribuciones:
a) Ejecutar las medidas de internamiento preventivo y de internamiento, en los términos
señalados por el Órgano Jurisdiccional;
b) Procurar la plena reintegración y reinserción social y familiar de las personas sujetas a
esta Ley;
c) Cumplir con las resoluciones y requerimientos del Órgano Jurisdiccional;
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d) Hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad e integridad de las
personas sujetas a esta Ley, la disciplina en la Unidad de Internamiento y evitar daños
materiales. En todos los casos deberá informar inmediatamente al titular de la Autoridad
Administrativa sobre la aplicación de las medidas adoptadas. Al hacer uso legítimo de
la fuerza, las autoridades deberán tomar en cuenta el interés superior de la niñez y
utilizarán el medio idóneo, proporcional y menos lesivo para éste y sólo por el tiempo
estrictamente necesario para mantener o restablecer el orden o la seguridad, y
e) Las demás que establezcan otras disposiciones.
Sin prejuicio de las facultades que se señalan para cada área especializada, estas contarán con las
siguientes atribuciones:
a) Verificar los datos proporcionados por las personas adolescentes;
b) Informar por escrito al titular de la Autoridad Administrativa, cada tres meses, salvo el
caso del Área de Evaluación de Riesgo, sobre la forma en que está siendo ejecutada la
medida, cualquier obstáculo que se presente para el cumplimiento de la misma, así
como el comportamiento y estado general de las personas adolescentes, y
c) Proponer a la Autoridad Administrativa la suscripción de convenios que sean
necesarios para la realización de sus atribuciones.
CAPÍTULO VII
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN EL SISTEMA INTEGRAL
Artículo 73. Autoridades Auxiliares
Los órganos del Sistema podrán auxiliarse de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de
los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.
Las policías y servicios periciales que actúen como auxiliares del Ministerio Público, también deberán
acreditar que su personal cuenta con capacitación en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Artículo 74. Obligaciones generales para las instituciones de Seguridad Pública
El Sistema Nacional de Seguridad Pública dará seguimiento para que todos los elementos de las
instituciones de seguridad pública reciban capacitación conforme a protocolos, que deberá diseñar y
aprobar, en materia de detención y medidas especiales para la protección de los derechos de las
personas adolescentes.
Los elementos de las instituciones de seguridad pública que intervengan en la detención de alguna
persona adolescente, además de las obligaciones que establezcan otros ordenamientos legales
aplicables, deberán:
I. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirija a ésta;
II. Abstenerse de esposar a las personas adolescentes detenidas, a menos que exista un
riesgo real inminente y fundado de que la persona pueda causar un daño para sí o para
otros;
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III. Hacer uso razonable de la fuerza únicamente en caso de extrema necesidad y hacerlo de
manera legítima, proporcional, gradual y oportuna;
IV. Permitir que la persona adolescente detenida sea acompañada por quienes ejercen la patria
potestad, tutela o por persona de su confianza;
V. Realizar inmediatamente el Registro de la detención;
VI. Informar al adolescente la causa de su detención y los derechos que le reconocen los
ordenamientos aplicables, y
VII. Poner a la persona adolescente inmediatamente y sin demora, a la disposición del Agente
del Ministerio Público Especializado.
Los guías técnicos de los Centros de Internamiento estarán formados y certificados en materia de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de los derechos del Sistema.
Las instituciones policiales deberán contar con programas de formación básica y actualización
permanente, respecto al trato con las personas sujetas a esta Ley, salvaguardando en todo momento los
principios del interés superior de la niñez.
En la investigación de los hechos señalados como delitos atribuidos a las personas sujetas a esta Ley,
las policías deberán contar con capacitación especializada en materia del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, y actuarán bajo estricto apego a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, así como a las obligaciones
establecidas en esta Ley, y las demás disposiciones aplicables.
En los casos de detención en flagrancia, serán válidas las actuaciones de la policía, siempre que no
contravengan los principios previstos en esta Ley, los derechos de las personas adolescentes
establecidas en la misma y las demás disposiciones legales aplicables.
La policía por ningún motivo podrá exhibir o exponer públicamente a las niñas, niños y adolescentes;
ni publicar o divulgar grabación, filmación, imagen o cualquier otra información relacionada con los
mismos.
Artículo 75. Consultores técnicos y peritos
Los consultores técnicos o peritos que intervengan en el procedimiento en las materias relativas a
medicina, psicología, criminología, sociología, pedagogía, antropología, trabajo social y materias afines,
deberán contar con una certificación expedida por una institución educativa de reconocimiento oficial, o
bien, por una práctica profesional en la materia, por una plazo razonablemente prolongado y un prestigio
o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado en materia de
niñas, niños y adolescentes.
Artículo 76. Organizaciones Coadyuvantes
Los órganos especializados podrán celebrar convenios con instituciones privadas, organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de lucro, para coadyuvar en materia de capacitación para
el trabajo, educativa, laboral, de salud, cultural y deporte.
Los operadores y demás autoridades del Sistema, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán asegurarse que las instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, inscritas
conforme a la ley aplicable, cuentan con los requerimientos y condiciones necesarios para brindar el
servicio en el que auxilian, con base en el convenio antes señalado. Para ello, la autoridad responsable
deberá realizar consultas con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección sobre las
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condiciones, requisitos y seguimiento que deban de exigir a las instituciones privadas y organizaciones
de la sociedad civil que coadyuven con la ejecución de medidas impuestas a las personas adolescentes.
Artículo 77. Coordinación y Colaboración de otras autoridades
Los poderes judicial y ejecutivo competentes, se organizarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para el cumplimiento y aplicación de esta Ley y demás normatividad aplicable, así como
para la cooperación con las autoridades administrativas e instituciones que intervienen en la ejecución de
las medidas cautelares y de sanción.
Son autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional del Deporte, o sus equivalentes en las
entidades federativas, así como las demás que por la naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en
el cumplimiento de la presente Ley.
Encabezada por la Secretaría de Gobernación o su equivalente en las entidades federativas, se
establecerán comisiones intersecretariales que incluirán a todas las autoridades corresponsables
establecidas en esta Ley a nivel federal y en cada entidad federativa.
Adicionalmente proporcionarán los programas de servicios para la reinserción al interior de los
Centros de Internamiento y para la ejecución de las medidas a nivel federal y estatal, así como para
favorecer la inclusión educativa, social y laboral de las personas adolescentes privadas de la libertad
próximas a ser externadas. Las autoridades corresponsables en las entidades federativas establecerán
su propia comisión a fin de cumplir con los mismos fines a nivel local.
La Autoridad Administrativa y las autoridades corresponsables podrán implementar mecanismos de
participación y firmar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar,
implementar o brindar servicios en el cumplimiento de las medidas.
La Autoridad Administrativa y las autoridades corresponsables, conforme a sus presupuestos,
establecerán centros de atención para el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad y formarán
redes de colaboración en beneficio de las personas adolescentes y a sus familiares a fin de prestar el
apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia.
CAPÍTULO VIII
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE
JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
Artículo 78. Sistematización de la información
Las Procuradurías, Fiscalías y los Tribunales Superiores de Justicia, las instituciones de Seguridad
Pública, las Unidades de Medidas Cautelares, los Órganos de Mecanismos Alternativos y las Autoridades
Administrativas de las entidades, deberán recopilar y sistematizar la información estadística del Sistema.
La información sistematizada deberá cumplir las disposiciones de la presente Ley relativas a la
protección de la identidad de la persona adolescente y las partes involucradas en el proceso.
La información estadística deberá ser pública, siempre y cuando no obstaculice la investigación, los
mecanismos alternativos, el procesamiento judicial y la ejecución penal de los casos.
Las autoridades obligadas por este artículo deberán colaborar con el Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para
obtener la información con fines estadísticos que estos últimos requieran.
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Artículo 79. Obligaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
El Instituto recabará información estadística sobre características demográficas de las personas
adolescentes que son parte del Sistema y su situación jurídica. De igual forma, el Instituto recabará la
información sobre los delitos, procesos; medidas cautelares; mecanismos y salidas alternativas; y
ejecución de medidas de sanción no privativas y privativas de libertad. De la misma forma, recolectará
información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso, entre otras cosas.
El Instituto deberá llevar a cabo la recopilación y procesamiento de la información con el apoyo de
expertos especialistas en materia de justicia para adolescentes, así como capacitar al personal que
encuestará a las personas adolescentes, en su caso, conforme a los principios generales del Sistema.
Artículo 80. Registros en materia de Seguridad
El Sistema Nacional de Información Estadística del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes compartirá los registros administrativos, que por su naturaleza estadística sean requeridos
por el Instituto para el adecuado desarrollo de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario, así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.
Para el caso de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, el
Instituto recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos humanos y
materiales con los que cuentan las Unidades de Internamiento, en el marco del Subsistema Nacional de
Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
Artículo 81. Información sobre las personas adolescentes privadas de libertad
La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal tendrá como finalidad generar
información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las
personas adolescentes privadas de la libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los
que fueron procesados o sentenciados, entre otras características.
Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será
de tipo probabilística, incluirá a las personas adolescentes que cumplen una medida de sanción no
privativa de libertad y a la población privada de la libertad tanto del fuero común, como federal y será
representativa a nivel nacional y estatal.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha Encuesta conforme a su presupuesto.
Asimismo, las Unidades de Internamiento seleccionadas en la muestra determinada para la Encuesta
deberán brindar todas las facilidades al Instituto para realizar entrevistas directas a la población privada
de la libertad.
El levantamiento de la Encuesta, así como la información proporcionada en ella, no podrá tener
efectos negativos ni otorgar beneficios en el proceso penal ni en el cumplimiento de la medida de la
persona adolescente. La Encuesta sólo podrá realizarse previo consentimiento informado de la persona
adolescente, quien podrá consultar a su defensor o persona responsable.
LIBRO SEGUNDO
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y FORMAS DE
TERMINACIÓN ANTICIPADA
TÍTULO I
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CAPÍTULO I
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 82. Objeto
Las disposiciones de este Título tienen por objeto regular los mecanismos alternativos de solución de
controversias en materia de justicia penal para adolescentes, que puedan derivar en un acuerdo
reparatorio o en un plan de reparación y propuesta de condiciones por cumplir para una suspensión
condicional del proceso, siempre que sea procedente.
Artículo 83. Principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias
Son principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias para adolescentes,
además de los previstos en la Ley de Mecanismos Alternativos, los siguientes:
I. Equidad en los procesos restaurativos: En el caso de los procesos restaurativos, el trato
será diferenciado entre la persona adolescente y la víctima u ofendido, partiendo de la base
de que, una persona que causó daños, debe resarcir a otra; sin embargo, el facilitador se
asegurará de que el acuerdo alcanzado es comprendido y percibido como justo por todas las
partes;
II. Honestidad del personal especializado en su aplicación: El facilitador valorará sus propias
capacidades y limitaciones para conducir los mecanismos alternativos, y
III. Enfoque diferencial y especializado: Los facilitadores llevarán a cabo los ajustes pertinentes
en consideración del mayor riesgo de exclusión de las personas intervinientes en los
procedimientos previstos en esta Ley en razón de su edad, género, etnia y condición de
discapacidad.
Artículo 84. Mecanismos alternativos
Los mecanismos aplicables en materia de justicia para adolescentes son la mediación y los procesos
restaurativos.
CAPÍTULO II
LA MEDIACIÓN
Artículo 85. Concepto
La mediación es el mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, su representante y
la víctima u ofendido, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia.
El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los
intervinientes para que logren alcanzar una solución a su conflicto por sí mismos.
Artículo 86. Desarrollo de la sesión
El desarrollo de las sesiones se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Mecanismos
Alternativos, en un lenguaje claro, sencillo y comprensible para la persona adolescente.
En el caso de que los intervinientes logren alcanzar un acuerdo o plan de reparación y propuestas de
condiciones por cumplir que consideren idóneos para resolver la controversia, el facilitador lo registrará y
lo preparará para la firma de los intervinientes de conformidad con las disposiciones aplicables previstas
en esta Ley.
Artículo 87. Oralidad de las sesiones y encuentro entre las partes
Todas las sesiones de mediación serán orales. Sólo se registrará el acuerdo alcanzado o plan de
reparación alcanzado y propuestas de condiciones por cumplir, en su caso.
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Cuando por alguna circunstancia no pueda tenerse un encuentro entre las partes o no se considere
conveniente por parte del facilitador, podrá realizarse la mediación a través de éste, con encuentros
separados. Esto será excepcional, debiendo intentarse como regla general que se encuentren las partes
presentes.
CAPÍTULO III
LOS PROCESOS RESTAURATIVOS
Artículo 88. Modelos aplicables
Para alcanzar un resultado restaurativo, se pueden utilizar los siguientes modelos de reunión: víctima
con la persona adolescente, junta restaurativa y círculos.
El resultado restaurativo tiene como presupuesto un acuerdo encaminado a atender las necesidades y
responsabilidades individuales y colectivas de las partes. Así como lograr la integración de la víctima u
ofendido y de la persona adolescente en la comunidad en busca de la reparación de los daños causados
y el servicio a la comunidad.
Artículo 89. Reuniones previas
El uso de cualquiera de los modelos contemplados en este Título, requiere reuniones previas de
preparación con todas las personas que vayan a participar en la reunión conjunta.
El facilitador deberá identificar la naturaleza y circunstancias de la controversia, las necesidades de
los intervinientes y sus perspectivas individuales, evaluar su disposición para participar en el mecanismo,
la posibilidad de realizar la reunión conjunta y las condiciones para llevarla a cabo.
Adicionalmente, el facilitador deberá explicar el resultado restaurativo que se busca, el proceso
restaurativo que se vaya a emplear, la recolección de información necesaria para determinar los daños
ocasionados y la aceptación de responsabilidad por parte de la persona adolescente.
La aceptación de responsabilidad en términos de este Capítulo es un requisito para la realización de
la reunión conjunta que implica un encuentro entre las partes involucradas y, de ninguna manera, puede
repercutir en el proceso que se siga en caso de no llegarse a un acuerdo o, de alcanzarse éste, no se
cumpliere. Esta aceptación de responsabilidad no se asentará en el acuerdo que en su caso llegare a
realizarse.
Artículo 90. Reunión de la víctima con la persona adolescente
Es el procedimiento mediante el cual la víctima u ofendido, la persona adolescente y su representante,
buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, sin la participación de la
comunidad afectada.
En la sesión conjunta de la reunión víctima con persona adolescente, el facilitador hará una
presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, dará la palabra a la
víctima u ofendido para que explique su perspectiva del hecho y los daños ocasionados. Posteriormente,
dará la palabra a la persona adolescente y, finalmente, a su representante, para hablar sobre el hecho y
sus repercusiones. Finalmente, el facilitador dirigirá el tema hacia la reparación del daño y, conforme a
las propuestas de los intervinientes, facilitará la comunicación para que puedan alcanzar un resultado
restaurativo.
En caso de que los intervinientes logren alcanzar una solución que consideren idónea para resolver la
controversia, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de éstos, de conformidad con lo
previsto por la Ley de Mecanismos Alternativos.
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Artículo 91. Junta restaurativa
La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, la persona adolescente
y, en su caso, la comunidad afectada, en el libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y
proponen opciones de solución a la controversia, que se desarrollará conforme a lo establecido en la Ley
de Mecanismos Alternativos y esta Ley.
Artículo 92. Círculos
Es el modelo mediante el cual la víctima u ofendido, la persona adolescente, la comunidad afectada y
los operadores del Sistema de Justicia para Adolescentes, buscan, construyen y proponen opciones de
solución a la controversia. Podrá utilizarse este modelo cuando se requiera la intervención de operadores
para alcanzar un resultado restaurativo, cuando el número de participantes sea muy extenso o cuando la
persona que facilita lo considere el modelo idóneo, en virtud de la controversia planteada.
En la sesión conjunta del círculo, el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente
el propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las preguntas que previamente haya elaborado en
virtud de la controversia, para dar participación a todas las personas presentes, con el fin de que se
conozcan las distintas perspectivas y las repercusiones del hecho. Posteriormente, las preguntas del
facilitador se dirigirán a las posibilidades de reparación del daño y de alcanzar un resultado restaurativo.
El facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por los Intervinientes, facilitará la
comunicación para ayudarles a concretar el acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como
resultado de la sesión del círculo. Finalmente, el facilitador realizará el cierre de la sesión.
En el caso de que los intervinientes logren alcanzar una solución que consideren idónea para resolver
la controversia, el facilitador lo registrará y lo preparará para la firma de éstos, de conformidad con lo
previsto por la Ley de Mecanismos Alternativos.
Artículo 93. Del acuerdo
Los acuerdos alcanzados a través de los mecanismos establecidos en este Título, se tramitarán
conforme a lo establecido en el Título siguiente, ya sea como acuerdos reparatorios o como propuesta
del plan de reparación y sugerencias de condiciones por cumplir para la suspensión condicional del
proceso.
TÍTULO II
SOLUCIONES ALTERNAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 94. Uso prioritario
Las autoridades aplicarán prioritariamente las soluciones alternas previstas en esta Ley.
Desde su primera intervención, el Ministerio Público, el asesor jurídico o el defensor explicarán a las
víctimas y a las personas adolescentes, según corresponda, los mecanismos alternativos disponibles y
sus efectos, exhortándoles a utilizarlos para alcanzar alguna solución alterna en los casos en que
proceda.
El Juez verificará el cumplimiento de la obligación anterior y, en caso de que el adolescente o la
víctima manifiesten su desconocimiento, éste explicará y exhortará a la utilización de algún mecanismo
alternativo.
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CAPÍTULO II
ACUERDOS REPARATORIOS
Artículo 95. Procedencia
Los acuerdos reparatorios procederán en los casos en que se atribuyan hechos previstos como
delitos, en los que no procede la medida de sanción de internamiento de conformidad con esta Ley.
La procedencia del acuerdo reparatorio no implica ni requiere el reconocimiento en el proceso por
parte de la persona adolescente de haber realizado el hecho que se le atribuye.
Artículo 96. Violencia familiar
Los acuerdos reparatorios no procederán en el delito de violencia familiar o su equivalente en las
entidades federativas.
Artículo 97. Trámite
Una vez que el Ministerio Público o, en su caso, el Juez, hayan invitado a los interesados a participar
en un mecanismo alternativo de solución de controversias, y éstos hayan aceptado, elegirán el Órgano
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias al que se turnará el caso.
Los acuerdos reparatorios una vez validados por el licenciado en derecho en los términos de la Ley de
Mecanismos Alternativos, deberán ser aprobados por el Ministerio Público en la etapa de investigación
inicial y por el Juez de Control cuando ya se haya formulado la imputación. La parte inconforme con la
determinación del Ministerio Público podrá solicitar control judicial dentro del plazo de diez días contados
a partir de dicha determinación.
Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de Control o el Ministerio Público verificarán
que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los
intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar, que no actuaron bajo condiciones de
intimidación, amenaza o coacción, y que se observaron los principios del Sistema y la persona
adolescente comprende el contenido y efectos del acuerdo.
Artículo 98. Contenido de los acuerdos reparatorios
En caso de que el acuerdo contenga obligaciones económicas por parte de la persona adolescente,
siempre que sea proporcional, el Juez o el Ministerio Público deberán verificar, además, que en la medida
de lo posible los recursos provengan del trabajo y esfuerzo de la persona adolescente.
Artículo 99. Efectos del cumplimiento e incumplimiento del acuerdo
Si la persona adolescente cumpliera con todas las obligaciones pactadas en el acuerdo, la autoridad
competente resolverá la terminación del procedimiento y ordenará el no ejercicio de la acción penal o el
sobreseimiento por extinción de la acción penal, según corresponda.
Si la persona adolescente incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo fijado o
dentro de seis meses contados a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo de no haberse
determinado temporalidad, el procedimiento continuará como si no se hubiera realizado el acuerdo a
partir de la última actuación que conste en el registro.
CAPÍTULO III
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
Artículo 100. Procedencia
La suspensión condicional del proceso procederá a solicitud de la persona adolescente o del
Ministerio Público con acuerdo de aquél, en los casos en que se cubran los requisitos siguientes:
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I. Que se haya dictado auto de vinculación a proceso por hechos previstos como delito en los
que no procede la medida de sanción de internamiento establecida en esta Ley, y
II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido.
Artículo 101. Condiciones y Plan de Reparación
En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, la
persona adolescente deberá presentar un plan de reparación y las condiciones que estaría dispuesta a
cumplir durante el plazo en que se suspenda el proceso, en su caso.
Se privilegiará que la víctima participe en la elaboración del plan de reparación y en sugerir las
condiciones por cumplir, a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias, conforme a
esta Ley, siempre y cuando no se trate de un delito por el que no procediera un acuerdo reparatorio.
El plazo para el cumplimiento del plan de reparación no podrá exceder de tres años.
Artículo 102. Condiciones
El Juez fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a tres meses ni
superior a un año, y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir la persona
adolescente. Además de las condiciones que establece el Código Nacional se podrán imponer las
siguientes:
I. Comenzar o continuar la escolaridad que le corresponda;
II. Prestar servicio social a favor de la comunidad, las víctimas, del Estado o de instituciones de
beneficencia pública o privada, en caso de que la persona adolescente sea mayor de quince
años;
III. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez determine, un oficio, arte,
industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia, siempre y cuando su edad
lo permita;
IV. En caso de hechos tipificados como delitos sexuales, la obligación de integrarse a
programas de educación sexual que incorporen la perspectiva de género,
V. Abstenerse de consumir drogas, estupefacientes y bebidas alcohólicas;
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VI. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, y
VII. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez, logre una efectiva tutela de los derechos de
la víctima y contribuyan a cumplir con los fines socioeducativos de la persona adolescente.
Las condiciones deberán mantener relación con el delito que se le atribuya a la persona adolescente,
serán las menos y de cumplimiento posible, y de mínima intervención.
Cuando se acredite plenamente que la persona adolescente no puede cumplir con alguna de las
obligaciones anteriores por ser contrarias a su salud, o alguna otra causa de especial relevancia, el Juez
podrá sustituirlas, fundada y motivadamente, por otra u otras análogas que resulten razonables.
Para fijar las condiciones, el Juez puede disponer que la persona adolescente sea sometida a una
evaluación previa por parte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión
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Condicional del Proceso. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez las
condiciones a las que consideren debe someterse la persona adolescente. Las condiciones deberán
regirse bajo los principios de carácter socioeducativo, proporcionalidad, mínima intervención, autonomía
progresiva, justicia restaurativa y demás principios del Sistema.
El Juez explicará a la persona adolescente las obligaciones contenidas en las condiciones impuestas
y la prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia.
Artículo 103. Audiencia
Las audiencias se llevarán a cabo conforme lo establece el Código Nacional. Durante el debate las
partes podrán expresar observaciones a las condiciones propuestas, las que serán resueltas de
inmediato.
Artículo 104. Revocación de la suspensión
Si la persona adolescente dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas o no
cumpliera con el plan de reparación o las condiciones, el Juez, previa petición del agente del Ministerio
Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la
procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato
lo que proceda.
En lugar de la revocación, el Juez podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional hasta por seis
meses. Esta extensión del término solo podrá imponerse una vez.
La revocación de la suspensión condicional del proceso no impedirá el pronunciamiento de una
sentencia absolutoria ni la imposición de una medida no privativa de libertad.
Artículo 105. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso
La obligación de cumplir con las condiciones impuestas por la suspensión del proceso y el plazo
otorgado para su cumplimiento se suspenderán mientras la persona adolescente esté privada de su
libertad por otro proceso. Una vez que la persona adolescente obtenga su libertad se reanudarán.
Si la persona adolescente está sometida a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir
con las condiciones y el plazo otorgado para tal efecto continuarán vigentes.
LIBRO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA ADOLESCENTES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 106. Objeto
El procedimiento para adolescentes tiene como objetivo establecer la existencia jurídica de un hecho
señalado como delito, determinar si la persona adolescente es su autor o partícipe, el grado de
responsabilidad y, en su caso, la aplicación de las medidas que correspondan conforme a esta Ley. El
proceso deberá observar en todo momento el fin socioeducativo del Sistema.
Artículo 107. Las medidas privativas de libertad
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Las medidas privativas de la libertad deberán evitarse y limitarse en los términos establecidos en esta
Ley, debiéndose aplicar medidas cautelares y de sanción menos gravosas siempre que sea posible. Las
medidas privativas de la libertad serán aplicadas por los periodos más breves posibles.
Artículo 108. Plazos
En el proceso especial para adolescentes los plazos son perentorios y se pueden habilitar días y
horas no laborables para conocer de la causa.
CAPÍTULO II
DE LA PRESCRIPCIÓN
Artículo 109. Plazos especiales de prescripción
Atendiendo a las reglas de prescripción establecidas en las legislaciones penales aplicables y
teniendo en cuenta la edad de la persona adolescente al momento de la comisión de la conducta, la
prescripción de la acción penal se ajustará a lo siguiente:
I. Para las personas adolescentes del Grupo etario I, la prescripción de la acción penal, en
ningún caso, podrá exceder de un año;
II. Para las personas adolescentes del Grupo etario II, la prescripción de la acción penal, en
ningún caso, podrá exceder de tres años;
III. Para adolescentes del Grupo etario III, la prescripción de la acción penal, en ningún caso,
podrá exceder de cinco años.
Lo previsto en las fracciones anteriores aplicará para las conductas cometidas por las personas
adolescentes de conformidad con la presente Ley. En los demás casos, la prescripción será de un año.
Tratándose de delitos sexuales o de trata de personas cometidos por adolescentes en contra de
niñas, niños y adolescentes, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla
dieciocho años.
Artículo 110. De la posible acumulación y separación de procesos
La acumulación o separación de procesos procederá y se resolverá de conformidad con el Código
Nacional.
En los casos de acumulación de procesos seguidos a una misma persona adolescente, el Órgano
Jurisdiccional competente decretará, en su caso, las medidas que correspondan.
En caso de que se decretara la separación de procesos que se estuvieren siguiendo a una misma
persona adolescente, y se resolvieren dictando medidas en más de uno de ellos, en el caso de su
ejecución se atenderá a lo establecido en el Libro Cuarto de esta Ley.
Artículo 111. Suspensión e interrupción
La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para cada una de las
personas adolescentes que intervinieron en la comisión del hecho. En el caso de acumulación de
procesos, las acciones respectivas que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término
señalado a cada uno.
Artículo 112. Prescripción de la medida de sanción por sustracción
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Cuando la persona adolescente sujeto a una medida de sanción privativa de libertad se sustraiga de
ella, se necesitará para la prescripción el mismo tiempo que faltaba para cumplirla, más una cuarta parte
de la medida impuesta. En este caso, el plazo para la prescripción no podrá ser menor de un año.
Artículo 113. Incompetencia
Cuando en el transcurso del procedimiento se compruebe que la persona a quien se imputa la
realización del hecho señalado como delito era mayor de dieciocho años de edad al momento de su
realización, el Ministerio Público especializado, se declarará incompetente y remitirá de inmediato las
actuaciones al Ministerio Público competente.
En caso de que el Órgano Jurisdiccional especializado estuviere conociendo del asunto, a solicitud de
parte, previa audiencia, se declarará incompetente para seguir conociendo del asunto y remitirá los
registros al Juez competente. La persona mayor de dieciocho años de edad quedará a disposición de la
autoridad administrativa o jurisdiccional competente.
Si en el transcurso del procedimiento se comprueba que la persona a quien se le imputa la realización
del hecho era menor de doce años de edad al momento de realizarlo, quedará al cuidado de quien
legalmente le corresponda, debiendo notificarse a la Procuraduría de Protección competente, para que
actúe en términos de lo previsto por la Ley General.
Artículo 114. Validez de actuaciones
Las actuaciones que se remitan por causa de incompetencia serán válidas tanto para la jurisdicción
especial de adolescentes como para la ordinaria, siempre que no contravengan los fines de esta Ley ni
los derechos humanos de la persona adolescente.
Artículo 115. Utilización de medios electrónicos
Se podrán utilizar para la realización de todos los actos procesales los medios electrónicos y
tecnológicos previstos en el Código Nacional.
Artículo 116. Separación de procedimientos
Cuando en la comisión de un delito participen tanto adolescentes como mayores de dieciocho años,
los procedimientos se llevarán por separado, cada uno ante la autoridad competente.
Artículo 117. Duración del proceso para adolescentes
Desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia no podrá transcurrir un plazo mayor a
seis meses, salvo que la extensión de dicho plazo sea solicitada por la persona adolescente por serle
benéfica.
Artículo 118. Del procedimiento
Las etapas del procedimiento penal para adolescentes serán las que prevé el Código Nacional, el cual
se regirá por las normas contenidas en esta Ley y supletoriamente por las del Código Nacional.
TÍTULO II
MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO ÚNICO
MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 119. Medidas cautelares personales
Sólo a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido, y bajo las condiciones y por el tiempo que
se fija en esta Ley, el Órgano Jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después de
escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares:
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I. Presentación periódica ante autoridad que el Juez designe;
II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que
fije el Órgano Jurisdiccional, sin autorización del Juez;
III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada,
que informe regularmente al Órgano Jurisdiccional;
IV. La prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares;
V. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las
víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
VI. La separación inmediata del domicilio;
VII. La colocación de localizadores electrónicos;
VIII. Garantía económica para asegurar la comparecencia;
IX. Embargo de bienes;
X. Inmovilización de cuentas;
XI. El resguardo en su domicilio con las modalidades que el Órgano Jurisdiccional disponga, y
XII. Internamiento preventivo.
En cualquier caso, el Juez de Control para Adolescentes, previo debate, puede prescindir de toda
medida cautelar, cuando la promesa del adolescente de someterse al proceso sea suficiente para
descartar los motivos que autorizarían el dictado de la medida conforme al artículo siguiente.
El Juez deberá explicar, claramente, cada una de las medidas cautelares impuestas a la persona
adolescente, su forma de cumplimiento y las consecuencias de incumplimiento.
Las medidas cautelares se podrán modificar, sustituir o revocar en cualquier momento hasta antes de
dictarse sentencia firme.
Si el fallo resulta absolutorio, el Órgano Jurisdiccional deberá levantar de oficio todas las medidas
cautelares impuestas a la persona adolescente.
Artículo 120. Reglas para la imposición de medidas cautelares
Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable y
sólo se dictarán para asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, garantizar la
seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o para evitar la obstaculización del procedimiento.
Al imponer las medidas cautelares el Órgano Jurisdiccional deberá considerar el criterio de mínima
intervención, idoneidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada adolescente.
Las medidas de garantía económica, embargo de bienes e inmovilización de cuentas sólo procederán
cuando la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o cuentas
bancarias propias.
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Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía, el Juez fijará el monto, la modalidad de la
prestación y apreciará su idoneidad. Para resolver sobre dicho monto, el Juez deberá tomar en cuenta las
características del adolescente y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su
cargo. La autoridad judicial hará la estimación del monto de manera que constituya un motivo eficaz para
que el adolescente se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para
exhibir la garantía.
La garantía será presentada por el adolescente, por su persona responsable, u otra persona en los
términos y condiciones que para la exhibición de fianzas estén establecidos en la legislación penal
vigente de la entidad.
Se hará saber al fiador, en la audiencia en la que se decida la medida, las consecuencias del
incumplimiento por parte del adolescente.
Artículo 121. Revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo
La medida cautelar de prisión preventiva deberá ser revisada mensualmente, en audiencia, por el
Juez de Control. En la audiencia se revisarán si las condiciones que dieron lugar a la prisión preventiva
persisten o, en su caso, si se puede imponer una medida cautelar menos lesiva.
Artículo 122. Reglas para la imposición del internamiento preventivo
A ninguna persona adolescente menor de catorce años le podrá ser impuesta la medida cautelar de
prisión preventiva.
A las personas adolescentes mayores de catorce años, les será impuesta la medida cautelar de
internamiento preventivo, de manera excepcional y sólo por los delitos que ameriten medida de sanción
de internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y únicamente cuando otras medidas
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o
en el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, o de los testigos o de la comunidad. En
los casos que proceda la medida de sanción de internamiento, podrá ser aplicada la prisión preventiva,
siempre y cuando exista necesidad de cautela.
El Ministerio Público deberá favorecer en su propuesta una medida cautelar diferente a la prisión
preventiva, o en su caso, justificar la improcedencia de estas para poder iniciar el debate de la imposición
de la prisión preventiva.
La prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de cinco meses. Si cumplido este término
no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato mientras se
sigue el proceso, pudiéndosele imponer otras medidas cautelares.
No se aplicarán a las personas adolescentes los supuestos de prisión preventiva oficiosa establecidos
en el artículo 19 de la Constitución.
Las medidas de prisión preventiva no podrán combinarse con otras medidas cautelares y deberá ser
cumplida en espacios diferentes a las destinadas al cumplimiento de las medidas de sanción de
internamiento.
Artículo 123. Máxima prioridad en la tramitación efectiva del procedimiento en que el
adolescente se encuentre en internamiento preventivo
A fin de que el internamiento preventivo sea lo más breve posible, el Ministerio Público y los Órganos
Jurisdiccionales deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que una
persona adolescente se encuentre sujeta a esta medida cautelar.
Artículo 124. Supervisión de la medida cautelar
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La Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso será la
encargada de realizar la supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, obligaciones
procesales impuestas por la suspensión condicional del proceso y los acuerdos preparatorios de
cumplimiento diferido. Para el cumplimiento de sus funciones y conforme a su presupuesto contará con
las áreas especializadas necesarias.
Los lineamientos y el procedimiento para la supervisión de las condiciones de la suspensión
condicional serán los ordenados en el Código Nacional.
TÍTULO III
DE LA INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 125. Prohibición del arraigo
Por ningún motivo las disposiciones relativas al arraigo serán aplicables en el caso de las personas
adolescentes.
Artículo 126. Protección especial para persona detenida menor de doce años de edad
Si la persona es menor a doce años de edad el Ministerio Público deberá inmediatamente dar aviso a
quienes ejerzan sobre ella la patria potestad o tutela, así como a la Procuraduría de Protección
competente para que ésta aplique, en caso de resultar procedente, el procedimiento de protección y
restitución de derechos establecidos en el artículo 123 de la Ley General o en la legislación estatal en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes aplicable.
Artículo 127. Formas de terminación de la investigación
El Ministerio Público podrá determinar abstenerse de investigar, el no ejercicio de la acción penal,
decidir el archivo temporal o aplicar los criterios de oportunidad, en los términos previstos en esta Ley y
en el Código Nacional.
Artículo 128. Criterios de Oportunidad
Además de los casos en los que proceda la aplicación de los criterios de oportunidad, de acuerdo con
el Código Nacional, el Ministerio Público podrá también prescindir de la acción penal cuando se trate de
conductas atribuidas a adolescentes que no lesionen o pongan gravemente en riesgo el bien jurídico
tutelado y que puedan ser consideradas como parte del proceso de desarrollo y formación.
TÍTULO IV
AUDIENCIA INICIAL
CAPÍTULO ÚNICO
AUDIENCIA INICIAL
Artículo 129. Detención en flagrancia
Cuando una persona adolescente sea sorprendida en la comisión de una conducta que las leyes
señalen como delito, podrá ser detenida sin orden judicial y deberá ser puesta a disposición inmediata de
la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud lo pondrá a disposición del Ministerio Público
competente. El primer respondiente deberá hacer el registro inmediato de la detención.
Al tener a su disposición a la persona adolescente, el Ministerio Público evaluará si procede decretar
la libertad, dictar un criterio de oportunidad o remitir al adolescente a un programa educativo. Si ello no
fuera posible, deberá determinar si, a su juicio, existe la necesidad de la imposición de una medida
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cautelar y su tipo, lo que deberá informar a la brevedad a la defensa de la persona adolescente.
Asimismo, deberá considerar ponerlo a disposición del Juez de Control sin agotar el plazo de treinta y
seis horas al que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 130. Audiencia inicial
En los casos de personas adolescentes detenidos en flagrancia, en términos de la Constitución y el
Código Nacional, el Ministerio Público deberá ponerlos a disposición del Juez en un plazo que no podrá
exceder de treinta y seis horas, salvo que el Ministerio Público requiera agotar el plazo constitucional por
las características propias de la investigación que así lo justifique. En casos de cumplimiento de orden de
aprehensión o comparecencia serán puestos de inmediato a disposición del Juez de Control.
Artículo 131. Plazo para la investigación complementaria
Antes de concluir la audiencia inicial, el Ministerio Público deberá solicitar el plazo para el cierre de la
investigación complementaria y deberá justificar su solicitud. El Juez fijará un plazo para que el Ministerio
Público cierre dicha investigación que no podrá ser mayor a tres meses, contados en días naturales, a
partir del auto de vinculación a proceso, tomando en consideración la complejidad de los hechos
atribuidos a la persona adolescente y la complejidad de los mismos.
El Juez en audiencia fijará la fecha del cierre del plazo, o en su caso, de la prórroga del mismo.
Artículo 132. Cierre del plazo de la investigación complementaria
Transcurrido el plazo fijado para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que las
partes soliciten la prórroga al Juez, antes de cumplirse el plazo fijado y de forma justificada, el cual no
podrá ser mayor a un mes.
Artículo 133. Consecuencias de la conclusión del plazo del cierre de la investigación
complementaria
Cerrada la investigación complementaria, si el Ministerio Público, dentro de los cinco días naturales
siguientes, no solicita el sobreseimiento, la suspensión del proceso, o formula acusación, el Juez de
Control pondrá el hecho en conocimiento del Titular del Ministerio Público respectivo para que se
pronuncie en el plazo de tres días naturales. Transcurrido este plazo, sin que dicho titular se haya
pronunciado, el Juez dictará el sobreseimiento.
TÍTULO V
ETAPA INTERMEDIA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ETAPA INTERMEDIA
Artículo 134. Disposiciones supletorias
La fase escrita de la etapa intermedia del procedimiento especial para personas adolescentes se
regirá por las disposiciones establecidas en este Capítulo, y la fase oral por lo dispuesto en este Capítulo
y supletoriamente lo dispuesto en el Código Nacional.
Artículo 135. Objeto de la etapa intermedia
La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la
depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.
Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito
de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de
la audiencia intermedia.
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La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado
del auto de apertura a juicio.
Artículo 136. Contenido de la acusación
Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra la persona adolescente, presentará la
acusación.
La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa:
I. La individualización de las personas adolescentes acusadas y de su Defensor;
II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico;
III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo,
tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;
IV. La relación de las modalidades de los hechos señalados como delito que concurrieren;
V. La autoría o participación concreta que se atribuye a la persona adolescente;
VI. La expresión de los preceptos legales aplicables;
VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba
anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación;
VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo;
IX. Las medidas de sanción cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso las
correspondientes al concurso de hechos señalados como delitos;
X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización
de las medidas de sanción;
XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;
XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y
XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando
ésta proceda.
La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a
proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse del conocimiento de las
partes.
Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la
declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos,
domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios.
Artículo 137. Actuación de la víctima u ofendido
Dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la acusación, la víctima u ofendido o su
asesor jurídico, por escrito, podrán señalar los vicios materiales y formales del escrito de acusación y
proponer su corrección. Asimismo, en caso de estimarlo pertinente, podrá ofrecer los medios de prueba
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que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, así como la que considere
pertinente para acreditar la existencia y el monto de los daños y perjuicios.
Las actuaciones de la víctima u ofendido o de su asesor deberán ser notificadas por conducto del
Juez de Control, tanto al Ministerio Público, como a la persona adolescente o su defensor al día siguiente
de haber sido presentadas. El Ministerio Público contará con tres días para emitir un pronunciamiento
sobre dichas actuaciones, el cual deberá serle notificado en los mismos términos tanto a la víctima u
ofendido o su asesor, así como a la persona adolescente o su defensor.
Artículo 138. Contestación a la acusación
Concluidos los plazos a los que se refiere el artículo anterior, la persona adolescente y su defensor
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para contestar la acusación por escrito, la cual deberá ser
presentada por conducto del Juez de Control y por la cual se podrá:
I. Señalar vicios formales a los escritos de acusación y complementarios del asesor jurídico de
la víctima y, si lo considera pertinente, requerir su corrección;
II. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones;
III. Hacer valer las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y
IV. Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de
prueba que pretende se produzcan en la audiencia de juicio.
El Juez de Control, dispondrá de un plazo de cuarenta y ocho horas para notificarlo a las partes.
Artículo 139. Descubrimiento probatorio
A partir del momento en que la persona adolescente se encuentre detenida, cuando pretenda
recibírsele declaración o entrevistarla, o antes de su primera comparecencia ante el Juez, la persona
adolescente y su defensa tendrán derecho a conocer y a obtener copia gratuita de todos los registros y a
tener acceso a lugares y objetos relacionados con la investigación, con la oportunidad debida para
preparar la defensa.
El descubrimiento probatorio a cargo de la defensa consiste en la entrega material a las demás partes
de copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser
desahogados en juicio. Tratándose de la prueba pericial, el Defensor deberá anunciar su ofrecimiento al
momento de descubrir los medios de prueba a su cargo, y el informe respectivo deberá ser entregado a
las demás partes, a más tardar, en la audiencia intermedia.
Artículo 140. Citación a la audiencia
Transcurrido el plazo previsto para que la defensa conteste la acusación, el Juez de Control señalará
fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no
podrá ser menor a tres ni exceder de cinco días.
Artículo 141. Unión y separación de acusación
Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de Control considere
conveniente someter a una misma audiencia de Juicio, y siempre que ello no perjudique el derecho de
defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio si ellas están vinculadas por referirse a un
mismo hecho, a una misma persona adolescente o porque deben ser examinadas con los mismos
medios de prueba.
El Juez de Control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o
diferentes personas adolescentes que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser
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conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el
desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique
el riesgo de provocar decisiones contradictorias.
TÍTULO VI
DEL JUICIO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 142. Oralidad y publicidad
El juicio se desahogará de manera oral. Se llevará a puerta cerrada. Sólo podrán estar presentes
quienes en ella intervengan, salvo que la persona adolescente solicite que sea público, con las
restricciones que el Tribunal de Juicio Oral ordene. Se observará lo dispuesto en el Código Nacional para
el desarrollo de la etapa de enjuiciamiento.
CAPÍTULO II
DELIBERACIÓN, FALLO Y SENTENCIA
Artículo 143. Sentencia
Concluido el juicio, el Tribunal de Juicio Oral resolverá sobre la responsabilidad de la persona
adolescente, atendiendo a lo establecido en esta Ley.
El Tribunal de Juicio Oral apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del
debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de
prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones del Código Nacional.
Sólo podrá emitirse sentencia condenatoria cuando el Tribunal de Juicio Oral adquiera la convicción
de que la persona adolescente es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. En
caso de duda respecto de la responsabilidad, el Tribunal de Juicio Oral deberá absolver a la persona
adolescente.
No se podrá condenar a un adolescente con el sólo mérito de su propia declaración.
Artículo 144. Comunicación del fallo
Una vez cerrado el debate, el Juez ordenará un receso a fin de estar en condiciones de emitir el
sentido del fallo.
Sólo si se trata de un caso cuyas circunstancias o complejidad lo ameriten, el Juez declarará el
aplazamiento hasta por veinticuatro horas.
Artículo 145. Reglas para la determinación de Medidas de Sanción
En ningún caso podrán imponerse medidas de sanción privativa de libertad a la persona que al
momento de la comisión de la conducta tuviere entre doce años cumplidos y menos de catorce años. La
duración máxima de las medidas de sanción no privativas de libertad que se podrá imponer en estos
casos es de un año y solo podrá imponer una medida de sanción.
Para las personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieren entre catorce años y menos
de dieciocho años, el Juez podrá imponer el cumplimiento de hasta dos medidas de sanción. Podrá
determinar el cumplimiento de medidas de sanción no privativas de la libertad y privativas de libertad de
forma simultánea, alterna o sucesiva, siempre que sean compatibles y la duración conjunta de las
mismas se ajuste a lo dispuesto en el presente artículo.
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Las medidas privativas de libertad se utilizarán como medida extrema y por el tiempo más breve que
proceda.
La duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a la persona que al momento
de la comisión de la conducta tuviere entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años, será de
tres años.
La duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a las personas adolescentes
que al momento de la comisión de la conducta tuvieren entre dieciséis años y menos de dieciocho años
será de cinco años.
Las medidas de sanción privativas de libertad solo podrán imponerse por las conductas establecidas
en el artículo 164 de esta Ley.
Para la tentativa punible no procederá la imposición de las medidas de sanción privativas de libertad.
La duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio
calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro; hechos señalados como delitos en materia de
trata de personas y delincuencia organizada.
Artículo 146. De la aplicación de la medida de sanción privativa de la libertad en casos de
intervención a título de participación
En caso de que la persona adolescente haya intervenido en la comisión de un hecho que la ley señale
como delito a título de participe, solo se podrá imponer hasta tres cuartas partes del límite máximo de la
medida de sanción privativa de la libertad que esta Ley establece, de acuerdo con el grupo etario al que
pertenece.
Son formas de participación las siguientes:
I. Los que dolosamente presten ayuda;
II. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una
promesa anterior al delito, y
III. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda
precisar el resultado que cada quien produjo.
Artículo 147. De la aplicación de la medida de sanción privativa de la libertad en casos de
concurso de delito
En los casos de concurso ideal o real de delitos se impondrá a la persona adolescente la medida de
sanción privativa de la libertad correspondiente por el delito que prevea la punibilidad más alta,
excluyéndose las medidas privativas de libertad por los delitos restantes.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente las
medidas de sanción no privativas de libertad por los delitos restantes, respecto de los cuales no se
impuso una medida privativa de la libertad.
La medida de sanción privativa de libertad impuesta a la persona adolescente no podrá exceder del
límite máximo que esta Ley establece, de acuerdo con el grupo etario al que pertenece al momento de la
comisión del hecho que la ley señale como delito.
Son formas de participación las siguientes:
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I. Los que dolosamente presten ayuda;
II. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una
promesa anterior al delito, y
III. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda
precisar el resultado que cada quien produjo.
Artículo 148. Criterios para la imposición e individualización de la medida de sanción
Para la individualización de la medida de sanción el Órgano Jurisdiccional debe considerar:
I. Los fines establecidos en esta Ley;
II. La edad de la persona adolescente y sus circunstancias personales, familiares, económicas
y sociales así como su vulnerabilidad, siempre a su favor;
III. La comprobación de la conducta y el grado de la participación de la persona adolescente;
IV. Las características del caso concreto, las circunstancias y la gravedad del hecho;
V. Las circunstancias en que el hecho se hubiese cometido, tomando especialmente en cuenta
aquellas que atenúen o agraven la responsabilidad;
VI. La posibilidad de que la medida de sanción impuesta sea posible de ser cumplida por la
persona adolescente;
VII. El daño causado por la persona adolescente y sus esfuerzos por repararlo, y
VIII. Cualquier otro supuesto que establezca la legislación penal, siempre que no sea contrario a
los principios y fines de esta Ley.
Especialmente, se deberá considerar sustituir la medida de sanción de internamiento, de conformidad
con los artículos 208 y 209 de esta Ley, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de una adolescente gestante;
b) Cuando se trate de una adolescente madre, única cuidadora o cuidadora principal de su hija
o hijo, o
c) Cuando se trate de una adolescente madre de una niña o niño con discapacidad.
Artículo 149. Obediencia debida
Se excluye la responsabilidad de la persona adolescente que al momento de la comisión de la
conducta tuviere entre doce años y menos de catorce, cuando el delito se realice por orden de una
persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre el adolescente y éste no tuviera conocimiento
pleno de la ilicitud de los hechos.
En los casos en los que la persona adolescente a que se refiere este artículo tuviera conocimiento de
la ilicitud de los hechos, se le impondrá la medida de sanción de apercibimiento de la aplicación de
medidas de protección.
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En ambos casos, se les impondrán sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas
tendientes a la identificación de conductas antisociales y la inculcación de principios que fortalezcan sus
valores humanos.
Artículo 150. Audiencia de individualización
Decidida la responsabilidad de la persona adolescente en el hecho imputado, se celebrará una
audiencia de individualización de la medida de sanción en la que se podrán desahogar pruebas. Esta
audiencia se llevará a cabo dentro de los tres días siguientes a la comunicación del fallo, prorrogables
hasta por otros tres, a solicitud de la persona adolescente y su defensor.
Cerrado el debate, el Juez procederá a manifestarse con respecto a las medidas a imponer a la
persona adolescente y sobre la forma de reparación del daño causado a la víctima u ofendido, en su
caso.
El Juez explicará a la persona adolescente, de forma clara y sencilla, la medida de sanción que ha
decidido imponerle, las razones por las que ha decidido hacerlo, las características generales de la
ejecución de la medida, las consecuencias de su incumplimiento y los beneficios que conlleva su
cumplimiento. Estas advertencias formarán parte integral de la sentencia.
El Juez podrá imponer a la persona adolescente un máximo de dos medidas, además de la reparación
del daño y la amonestación, en su caso, siempre que estas no sean incompatibles, garantizando la
proporcionalidad y compatibilidad entre ellas, de modo que su ejecución pueda ser simultánea y en
ningún caso sucesiva.
Artículo 151. Contenido de la Sentencia
Además de los requisitos establecidos en el Código Nacional, la sentencia debe estar redactada en un
lenguaje accesible para la persona adolescente y contener la medida de mayor gravedad que se
impondría a este en caso de incumplimiento y las de menor gravedad por las que puede sustituirse la
medida impuesta.
Artículo 152. Audiencia de notificación de la sentencia
Para la notificación de la sentencia se celebrará una audiencia en un plazo no mayor a tres días,
contado a partir del pronunciamiento del fallo absolutorio o la conclusión de la audiencia de
individualización de la medida, en su caso. La copia de la sentencia será entregada a las partes y a la
víctima u ofendido, en su caso, al final de esta audiencia.
En esta audiencia podrán estar presentes la persona adolescente, su defensor, las personas
responsables del o la adolescente o representante legal y el Ministerio Público. En caso de que ninguna
de las partes acuda, se dispensará la lectura y la sentencia se tendrá por notificada a todas las partes.
Una vez firme la sentencia condenatoria, el Tribunal de Juicio Oral deberá poner a disposición del
Juez de Ejecución a la persona adolescente sin mayor dilación.
TÍTULO VII
MEDIDAS DE SANCIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 153. Finalidades de las medidas de sanción
El fin de las medidas de sanción es la reinserción social y reintegración de la persona adolescente
encontrada responsable de la comisión de un hecho señalado como delito, para lograr el ejercicio de sus
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derechos, así como la reparación del daño a la víctima u ofendido, en los términos descritos por esta Ley.
Para llevar a cabo esto, se deberán considerar los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y
comunitario, en los que se desarrolle la persona adolescente.
El Juez de Ejecución y la Autoridad Administrativa deberán garantizar que el cumplimiento de la
medida de sanción satisfaga dichas finalidades.
Todas las medidas de sanción están limitadas en su duración y finalidad a lo dispuesto en la
sentencia, y no podrán, bajo ninguna circunstancia, superar el máximo previsto para cada una de ellas.
Esto no excluye la posibilidad de terminar el cumplimiento de la medida antes de tiempo, modificarla o
sustituirla en beneficio de la persona adolescente, en los términos previstos por esta Ley.
Todas las medidas previstas en esta Ley deben instrumentarse, en lo posible, con la participación de
las personas responsables del o la adolescente, la comunidad y con el apoyo de especialistas.
Artículo 154. Medios para lograr la reintegración y reinserción
Para lograr la reintegración y reinserción de la persona adolescente se deberá:
I. Garantizar el cumplimiento de sus derechos;
II. Posibilitar su desarrollo personal;
III. Escuchar, tomar en cuenta su opinión e involucrarla activamente en la elaboración y
ejecución de su Plan Individualizado de Actividades o Plan Individualizado de Ejecución;
IV. Minimizar los efectos negativos que la medida de sanción pudiera tener en su vida futura, y
V. Fomentar los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal, a
menos que esto sea contrario a sus derechos.
Artículo 155. Tipos de medidas de sanción
Las medidas de sanción que se pueden imponer a las personas adolescentes son las siguientes:
I. Medidas no privativas de la libertad:
a) Amonestación;
b) Apercibimiento;
c) Prestación de servicios a favor de la comunidad;
d) Sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas;
e) Supervisión familiar;
f) Prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y de utilizar
instrumentos, objetos o productos que se hayan utilizado en el hecho delictivo;
g) No poseer armas;
h) Abstenerse a viajar al extranjero;
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i) Integrarse a programas especializados en teoría de género, en casos de hechos
tipificados como delitos sexuales;
j) Libertad Asistida.
II. Medidas privativas o restrictivas de la libertad:
a) Estancia domiciliaria;
b) Internamiento, y
c) Semi-internamiento o internamiento en tiempo libre.
El Juez podrá imponer el cumplimiento de las medidas de forma simultánea o alterna, siempre que
sean compatibles.
En todos los casos que se apliquen medidas de sanción, se impondrá además la medida de
reparación del daño a la víctima u ofendido.
Artículo 156. Reincidencia
Para la determinación de las medidas de sanción a las personas adolescentes, no se aplicarán las
disposiciones relativas a la reincidencia, ni podrán ser en ningún caso considerados delincuentes
habituales.
CAPÍTULO II
MEDIDAS DE SANCIÓN NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
Artículo 157. Amonestación
Es la llamada de atención que el Juez hace a la persona adolescente, exhortándolo para que en lo
sucesivo se acoja a las normas sociales, de trato familiar y convivencia comunitaria.
El Juez deberá advertir a la persona responsable del o la adolescente sobre el hecho que se le
atribuye a la persona adolescente y les solicitará intervenir para que el amonestado respete las normas
anteriormente establecidas.
La amonestación deberá ser clara y directa, de manera que la persona adolescente comprenda la
ilicitud de los hechos cometidos y los daños causados con su conducta a la víctima u ofendido y a la
sociedad.
Artículo 158. Apercibimiento
Consiste en la conminación que hace el Juez a la persona adolescente para que evite la futura
realización de conductas tipificadas como delito, así como la advertencia que, en el caso de reincidir en
su conducta, se le aplicará una medida más severa.
Artículo 159. Prestación de servicios a favor de la comunidad
Consiste en que la persona adolescente realice tareas de interés general de modo gratuito, en su
comunidad o en entidades de asistencia pública o privada sin fines de lucro, orientadas a la asistencia
social, tales como hospitales, escuelas, parques, bomberos, protección civil, cruz roja y otros
establecimientos similares, siempre que éstas medidas no atenten contra su salud o integridad física o
psicológica. En la determinación del lugar en el que se prestará el servicio deberá tomarse en cuenta el
bien jurídico afectado por el hecho realizado. Se preferirán las entidades del lugar de origen de la
persona adolescente o donde resida habitualmente.
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Las actividades asignadas deberán considerar las aptitudes de la persona adolescente, su edad y
nivel de desarrollo.
La duración de esta medida no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año y las jornadas de
servicios a la comunidad no podrán exceder de ocho horas semanales, que pueden ser cumplidas en
fines de semana, días feriados o días festivos y sin que en ningún caso exceda la jornada laboral diaria.
En ningún caso el cumplimiento de esta medida perjudicará la asistencia a la escuela, la jornada
normal de trabajo u otros deberes a cargo de la persona adolescente.
Esta medida sólo podrá imponerse a las personas adolescentes mayores de quince años.
La imposición de esta medida no implicará la actualización de una relación laboral entre la persona
adolescente sancionada, el Estado o la institución donde se preste el servicio.
Artículo 160. Sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas
Esta medida tiene por objeto que la persona adolescente asista y cumpla con programas de
asesoramiento colectivo u otras actividades análogas a cargo de personas e instancias especializadas, a
fin de procurar que el adolescente se desarrolle integralmente y adquiera una actitud positiva hacia su
entorno.
Este tipo de medidas tendrán una duración máxima de dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a
más tardar un mes después de ordenadas.
Artículo 161. Restauración del daño
El Órgano Jurisdiccional podrá considerar como reparado el daño, de conformidad con lo establecido
en la sentencia y a satisfacción de la víctima u ofendido, en su caso.
La reparación del daño aceptada por la víctima u ofendido excluye la indemnización civil por
responsabilidad extra-contractual.
Artículo 162. Libertad Asistida
Consiste en integrar a la persona adolescente a programas de formación integral bajo la vigilancia y
seguimiento de un supervisor y con el apoyo de especialistas. Los programas a los que se sujetará a la
persona adolescente estarán contenidos en el Plan correspondiente.
El fin de estas medidas consiste en motivar a la persona adolescente para iniciar, continuar o terminar
sus estudios en el nivel educativo correspondiente, recibir educación técnica, cultural, recreativa y
deporte, entre otras.
El Juez señalará en la resolución definitiva, el tiempo durante el cual el adolescente deberá ingresar y
acudir a la institución.
Se dará preferencia a las instituciones que se encuentren más cercanos al domicilio familiar y social
de la persona adolescente.
La duración de esta medida no podrá ser superior a dos años.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE SANCIÓN PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
Artículo 163. Estancia domiciliaria
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Consiste en la permanencia de la persona adolescente en su domicilio, con su familia.
De no poder cumplirse en su domicilio, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará
en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse la estancia
domiciliaria en una vivienda o institución pública o privada, de comprobada idoneidad, que se ocupe de
cuidarlo.
La estancia domiciliaria no deberá afectar su asistencia al trabajo o al centro educativo al que
concurra la persona adolescente.
La Autoridad Administrativa hará los estudios pertinentes para informar al Juez si la familia de la
persona adolescente está en posibilidad de hacerse cargo de la aplicación de esta medida o si ello
resulta conveniente. La duración de esta medida no puede ser superior a un año.
Artículo 164. Internamiento
El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las
personas adolescentes que al momento de habérseles comprobado la comisión de hechos señalados
como delitos, se encuentren en el grupo etario II y III. El Órgano Jurisdiccional deberá contemplar
cuidadosamente las causas y efectos para la imposición de esta medida, procurando imponerla como
última opción. Se ejecutará en Unidades exclusivamente destinadas para adolescentes y se procurará
incluir la realización de actividades colectivas entre las personas adolescentes internas, a fin de fomentar
una convivencia similar a la practicada en libertad.
Para los efectos de esta Ley, podrá ser aplicado el internamiento en los siguientes supuestos,
previstos en la legislación federal o sus equivalentes en las entidades federativas:
a) De los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b) De los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos;
c) Terrorismo, en términos del Código Penal Federal;
d) Extorsión agravada, cuando se comete por asociación delictuosa;
e) Contra la salud, previsto en los artículos 194, fracciones I y II, 195, 196 Ter, 197, primer
párrafo del Código Penal Federal y los previstos en las fracciones I, II y III del artículo
464 Ter y en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud;
f) Posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas y/o
de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea;
g) Homicidio doloso, en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio;
h) Violación sexual;
i) Lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, y
j) Robo cometido con violencia física.
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Artículo 165. Cómputo de la duración del internamiento
Al ejecutar una medida de sanción de internamiento se deberá computar el período de internamiento
preventivo al que hubiere sido sometido la persona adolescente.
Artículo 166. Excepción al cumplimiento de la medida de sanción
No podrá atribuirse a la persona adolescente el incumplimiento de las medidas de sanción que se le
hayan impuesto cuando sea el Estado quien haya incumplido en la creación y organización de los
programas para el seguimiento, supervisión y atención integral de las personas adolescentes
condenados.
El incumplimiento de las medidas de sanción no se podrá considerar como delito.
Artículo 167. Semi-internamiento
Consiste en la obligación de la persona adolescente de residir en el Centro de Internamiento durante
los fines de semana o días festivos, según lo determine el Órgano Jurisdiccional, pudiendo realizar
actividades formativas, educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras, que serán parte de su Plan
de Actividades. En caso de presentarse un incumplimiento de éste, se deberá informar inmediatamente a
las personas responsables del o la adolescente. Deberá cuidarse que el Plan de Actividades no afecte las
actividades cotidianas educativas y/o laborales de la persona adolescente.
La duración de esta medida no podrá exceder de un año.
Los espacios destinados al internamiento en tiempo libre deben estar totalmente separados de
aquellos destinados al cumplimiento de la medida de internamiento definitivo.
TÍTULO VIII
RECURSOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 168. Reglas generales
Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente
establecidos en el Código Nacional y en esta Ley.
El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar
afectado por la resolución.
En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según
corresponda.
CAPÍTULO II
RECURSOS EN PARTICULAR
Artículo 169. Queja y su procedencia
Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro
del plazo señalado por esta Ley. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se
tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador.
A partir de que se advierta la omisión del acto procesal, la queja podrá interponerse ante el Consejo.
Éste deberá tramitarla y resolverla en un plazo no mayor a tres días.
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A partir de que se recibió la queja por el Órgano Jurisdiccional, éste tiene un plazo de veinticuatro
horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las
cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el
recurso y dicho informe al Consejo.
El Consejo tendrá cuarenta y ocho horas para resolver si dicha omisión se ha verificado. En ese caso,
el Consejo ordenará la realización del acto omitido y apercibirá al Órgano Jurisdiccional de las
imposiciones de las sanciones previstas por la Ley Orgánica respectiva en caso de incumplimiento. En
ningún caso, el Consejo podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional los términos y las condiciones en que
deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.
SECCIÓN I
REVOCACIÓN
Artículo 170. Procedencia del recurso de revocación
El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, en las que
interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin
sustanciación.
El objeto de este recurso será que el mismo Juez que dictó la resolución impugnada, la examine de
nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.
Artículo 171. Trámite
El recurso de revocación se interpondrá oralmente en audiencia o por escrito, conforme a las
siguientes reglas:
I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá
promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de
inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o
II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá
interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución
impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Juez se pronunciará de
plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de
interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite.
La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de
inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los
tres días siguientes a su interposición. En caso de que el Juez cite a audiencia por la complejidad del
caso, resolverá en ésta.
SECCIÓN II
APELACIÓN
Artículo 172. Trámite de la apelación
El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control se interpondrá por escrito ante el
mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los cinco días contados a partir de aquel en el que surta
efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia, y de siete días si se tratare de
sentencia definitiva.
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La apelación contra el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio Oral se interpondrá ante el
mismo tribunal dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El recurso de apelación en contra de
las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que
conoció del juicio, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución impugnada,
mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio
correspondientes.
Interpuesto el recurso, el Juez deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien
en un plazo de cinco días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los
términos del segundo párrafo del presente artículo.
Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su
escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Magistrado
Especializado.
Artículo 173. Derecho a la adhesión
Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del término de tres días contados a partir de
recibido el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los
demás requisitos formales de interposición.
Quien se adhiera deberá formular agravios. Sobre la adhesión se correrá traslado a las demás partes
en un término de tres días.
Artículo 174. Emplazamiento a las otras partes
Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en
su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el
Magistrado Especializado lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la
audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término
para la adhesión.
El Magistrado Especializado, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos
aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la
audiencia, a fin de que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que
deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.
Artículo 175. Resolución
La resolución que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.
La resolución confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la
reposición del acto que dio lugar a la misma.
En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de Alzada se
pronunciará indicando si la prueba es o no admisible, y así lo comunicará al Juez de Control para lo que
corresponda.
LIBRO CUARTO
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 176. Definición.
La etapa de ejecución de las medidas de sanción y de internamiento preventivo comprende todas las
acciones destinadas a asegurar su cumplimiento y lograr el fin que con su aplicación se persigue, así
como todo lo relativo al trámite y resolución de los incidentes que se presenten.
Artículo 177. Competencia del Órgano Jurisdiccional.
El Juez de Ejecución es la autoridad judicial responsable del control y supervisión de la legalidad de la
aplicación y ejecución de las medidas de sanción y de internamiento preventivo; debe resolver los
incidentes que se presenten durante la ejecución de las medidas de sanción y de internamiento
preventivo y garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por esta Ley.
En ningún caso, autoridades administrativas o diferentes al Órgano Jurisdiccional podrán decretar la
modificación, sustitución o el cumplimiento anticipado de la medida impuesta.
Artículo 178. Competencia
El Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán
competencia en materia de ejecución de las medidas de sanción y de internamiento preventivo, de
conformidad con los siguientes principios:
I. Son competentes para conocer de los procedimientos de ejecución de las medidas de
sanción y de internamiento preventivo los jueces con jurisdicción en el lugar en que se
encuentre la persona adolescente cumpliendo su medida, independientemente del fuero y
del lugar en el que se hubiese dictado la medida de sanción o de internamiento preventivo.
II. En las controversias sobre traslados de un Centro de Internamiento a otro, serán
competentes tanto los jueces con jurisdicción en el Centro de Internamiento de origen como
en el de destino, correspondiendo conocer a aquél donde se presente la controversia.
III. Los conflictos competenciales en materia de ejecución de medidas de sanción se resolverán
con apego a lo dispuesto en el Código Nacional.
Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley
orgánica y demás disposiciones legales.
La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante
acuerdos generales.
Artículo 179. Facultades del Juez de Ejecución
El Juez de Ejecución tendrá las siguientes facultades:
I. Garantizar a las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una medida de
sanción o de internamiento preventivo, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los
derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados
Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley;
II. Garantizar que la medida cautelar de internamiento preventivo o la de sanción se ejecute en
sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la
presente legislación permita;
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III. Decretar las medidas de seguridad que procedan en sustitución de la medida de sanción de
internamiento, en los casos en que la persona adolescente privada de la libertad llegue a
padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible y determinar la custodia
de la misma a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que
se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar;
IV. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago
de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la
ejecución de las medidas de sanción;
V. Garantizar a las personas adolescentes su defensa en el procedimiento de ejecución;
VI. Aplicar la ley más favorable a las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una
medida;
VII. Autorizar y revisar las condiciones de supervisión de las medidas de sanción de conformidad
con la sentencia impuesta a la persona adolescente;
VIII. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones;
IX. Resolver sobre las controversias que se presenten sobre las condiciones de internamiento y
cuestiones relacionadas con las mismas;
X. Resolver sobre la duración, modificación y extinción de la medida de sanción, y
XI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran.
Artículo 180. Cumplimiento de las medidas
La Autoridad Administrativa y los titulares de los Centros de Internamiento y de las Unidades de
Seguimiento tomarán las decisiones administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las
medidas.
Cuando la autoridad administrativa determine modificaciones en las condiciones de cumplimiento de
la medida que comprometan los derechos de las personas adolescentes a quienes se les haya dictado
una medida, es necesario que dicha determinación sea revisada por el Juez de Ejecución previamente,
salvo los casos de urgencia en que se ponga en riesgo la integridad de quienes se encuentran en el
Centro de Internamiento y la seguridad de los mismos. En estos casos el Juez de Ejecución revisará la
determinación de la autoridad administrativa en un plazo que no exceda las veinticuatro horas.
Todas las decisiones que tomen las autoridades administrativas deberán estar debidamente fundadas
y motivadas; serán notificadas inmediatamente a la persona adolescente sujeta a medida, a su Defensa,
a la persona responsable de la persona adolescente y al Ministerio Público.
Artículo 181. Convenios
Las Autoridades Administrativas de los órdenes local y federal podrán celebrar convenios con
instancias privadas u organismos públicos especializados con la finalidad de garantizar que el
adolescente cumpla la medida impuesta por el Órgano Jurisdiccional en pleno respeto de sus derechos
humanos.
Artículo 182. Expediente de Ejecución
Las Unidades de Internamiento y las Unidades de Seguimiento deberán integrar un expediente
electrónico de ejecución de las medidas de internamiento preventivo y de las medidas de sanción, el
expediente contendrá la siguiente información:
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a) Los datos de identidad de la persona adolescente;
b) Las copias certificadas de la resolución que imponga la medida y, en su caso, del auto
que declare que ésta ha causado estado;
c) Día y hora de inicio y finalización de la medida;
d) Datos acerca de la salud física y mental de la persona adolescente;
e) En caso de sentencia, el Plan Individualizado de Ejecución, así como sus
modificaciones, reportes e incidencias;
f) Registro del comportamiento de la persona adolescente durante el cumplimiento de la
medida, y
g) Cualquier otro dato, circunstancia o característica particular de la persona adolescente
que se considere importante.
Artículo 183. Concurrencia de diversas medidas de sanción
Cuando concurra el cumplimiento de diversas medidas de sanción contra una misma persona, en
caso de ser compatibles, se cumplirán de manera simultánea. En caso de que sean incompatibles, se
declararán extintas las medidas menos relevantes.
Artículo 184. Concurrencia en la aplicación de sanciones y penas
Cuando concurra el cumplimiento de medidas de sanción impuestas por jueces especializados de
adolescentes y jueces penales, contra una misma persona, se declarará extinta la medida de sanción,
para dar cumplimiento a la pena.
Artículo 185. Participación de las personas responsables de las personas adolescentes durante
el cumplimiento de las medidas
La Autoridad Administrativa podrá conminar a las personas responsables de las personas
adolescentes, para que brinden apoyo y asistencia a la persona adolescente durante el cumplimiento de
las medidas. Para estos efectos procurará lo necesario para que se cuente con:
I. Programas de capacitación a las personas responsables de las personas adolescentes;
II. Programas de escuelas para personas responsables de las personas adolescentes;
III. Programas de orientación y tratamiento en caso de alcoholismo o drogadicción;
IV. Programas de atención médica;
V. Cursos y programas de orientación, y
VI. Cualquier otro programa o acción que permita a las personas responsables de las personas
adolescentes, contribuir a asegurar el desarrollo integral de las personas adolescentes.
Artículo 186. Informes a las personas responsables de las personas adolescentes
Con excepción de los casos en que se considere perjudicial para la persona adolescente, los
encargados de la ejecución de la medida de sanción, deberán procurar el mayor contacto con las
personas responsables de las personas adolescentes, e informarles, por lo menos una vez al mes, sobre
el desarrollo, modificación, obstáculos, ventajas o desventajas del Plan Individualizado de Ejecución.
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Artículo 187. Del Plan Individualizado de Ejecución
Para la ejecución de las medidas de sanción que ameriten seguimiento deberá realizarse un Plan
Individualizado de Ejecución que deberá:
I. Sujetarse a los fines de la o las medidas impuestas por el Juez;
II. Tener en cuenta las características particulares de la persona adolescente y sus
posibilidades para cumplir con el Plan;
III. Dar continuidad a los estudios de la persona adolescente en el nivel de escolaridad que le
corresponda;
IV. Escuchar y tomar en cuenta la opinión de la persona adolescente y, en su caso, de las
personas responsables de las personas adolescentes, y
V. Orientarse en los parámetros de la educación para la paz, la solución pacífica de conflictos y
el aprendizaje de los derechos humanos.
Artículo 188. Contenido del Plan Individualizado de Ejecución
El Plan Individualizado de Ejecución deberá especificar:
I. Los datos de identificación de la persona adolescente;
II. Las medidas impuestas en la sentencia;
III. Los objetivos particulares que se pretenden cumplir durante el proceso de reinserción y
reintegración de la persona adolescente;
IV. La determinación de las actividades educativas, deportivas, culturales, laborales o
formativas en las que participará;
V. Las condiciones de cumplimiento de cada uno de las actividades incluidas en él;
VI. El Centro de Internamiento o Instituciones que coadyuvarán con la Autoridad Administrativa
para el cumplimiento de la medida;
VII. La asistencia especial que se brindará a la persona adolescente;
VIII. Las posibilidades de atenuación de los efectos de la medida;
IX. Las condiciones de preparación necesarias para la terminación de la medida, y
X. Cualquier otra condición que se considere relevante para lograr el cumplimiento de los
objetivos del Plan Individualizado de Ejecución.
Artículo 189. Personal especializado para la elaboración y revisión del Plan Individualizado de
Ejecución
El personal encargado de la elaboración y revisión periódica de los Planes Individualizados así como
de la ejecución de las medidas previstas en esta Ley, deberá ser interdisciplinario, suficiente, en los
términos de esta Ley, para cumplir con las tareas asignadas a la Autoridad Administrativa.
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La Autoridad Administrativa hará del conocimiento del Juez de Ejecución el Plan Individualizado de
Ejecución en un plazo que no excederá a diez días naturales contados a partir del momento en que
quede firme la resolución que ordena la medida.
El personal encargado de la revisión periódica podrá proponer modificaciones al Plan Individualizado
de Ejecución, siempre que los cambios no rebasen los límites de la sentencia, ni modifiquen la medida.
Artículo 190. Supervisión Extraordinaria a los Centros de Internamiento
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los organismos de protección de los
derechos humanos de las entidades federativas, podrán ingresar, en cualquier momento y cuando lo
consideren pertinente, a los Centros de Internamiento para adolescentes con el objeto de inspeccionar
las condiciones en las que se encuentran las personas adolescentes y verificar cualquier hecho
relacionado con posibles violaciones a los derechos humanos. Para tal efecto, los organismos de
protección de derechos humanos designarán funcionarios que deberán acudir periódicamente a los
Centros de Internamiento sin previo aviso y requerir de ellas toda la documentación y la información
necesarias para el cumplimiento de sus funciones; las cuales les serán suministradas sin costo alguno.
Las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil sin fines de
lucro, debidamente acreditadas, que tengan como misión legítima en la defensa de los derechos de las
personas adolescentes, podrán acudir a los Centros de Internamiento para inspeccionar las condiciones
en que se encuentran las personas adolescentes y verificar el respeto a sus derechos fundamentales.
Las instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil deberán dar
aviso de estas violaciones a los organismos de protección de los derechos humanos competentes.
En caso de encontrarse eventuales violaciones a los derechos humanos de las personas
adolescentes en internamiento, tanto los organismos de protección de los derechos humanos, como las
instituciones a las que se refieren los párrafos anteriores, deberán documentar el hecho y comunicarlo a
la defensa y al Ministerio Público. En este caso, la defensa y el Ministerio Público ejercerán las acciones
administrativas y jurisdiccionales que correspondan.
Artículo 191. De la implementación de los programas
La Autoridad Administrativa deberá diseñar e implementar programas orientados a la protección de los
derechos e intereses de las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una medida.
Asimismo, podrá solicitar la intervención de instituciones públicas o la colaboración de las privadas,
para que coadyuven en el cumplimiento de dichos programas, mediante los convenios correspondientes
de conformidad con la legislación aplicable.
Las instituciones públicas o privadas coadyuvantes en el cumplimiento de los planes individualizados,
deberán reportar a la Autoridad Administrativa los avances en el cumplimiento de los mismos.
CAPÍTULO II
DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SANCIÓN
Artículo 192. Objeto de la justicia restaurativa en la ejecución de medidas de sanción
En la ejecución de las medidas de sanción podrán realizarse procesos restaurativos, en los que la
víctima u ofendido, la persona adolescente y en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su
autonomía, participen de forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones
derivadas de los hechos que la ley señala como delitos, con el objeto de identificar las necesidades y
responsabilidades individuales y colectivas, así como a coadyuvar en la reintegración de la víctima u
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ofendido y de la persona adolescente a quien se le haya dictado una medida de sanción, a la comunidad
y la recomposición del tejido social.
Artículo 193. Procedencia
Los procesos restaurativos serán procedentes para todos los hechos señalados como delitos y podrán
ser aplicados a partir de que quede firme la sentencia que imponga una medida de sanción a una
persona adolescente.
El Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos se asegurará de que los casos sean revisados
y, en su caso, atendidos por facilitadores especializados en los términos de esta Ley, quienes revisarán
los casos y determinarán la viabilidad del proceso restaurativo, en conjunto con el Juez de Ejecución.
Los facilitadores especializados requerirán capacitación en justicia restaurativa en ejecución de
medidas de sanción, los que estarán adscritos a la Autoridad Administrativa.
Artículo 194. Efectos del cumplimiento de acuerdos derivados de procesos restaurativos
Cuando la víctima u ofendido, la persona adolescente y otros intervinientes alcancen un acuerdo en
un proceso restaurativo y éste se cumpla, el efecto será que se tendrá por reparado el daño causado.
Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, no habrá perjuicio ni beneficio alguno en el proceso de
ejecución para la persona adolescente que participe en procedimientos de esta naturaleza.
Artículo 195. Procesos restaurativos
Pueden aplicarse los procesos restaurativos a que se refiere esta Ley, o bien, que la persona
adolescente, la víctima u ofendido y la comunidad afectada participen en programas individuales, bajo el
principio de justicia restaurativa, establecido en este ordenamiento.
Artículo 196. Hechos señalados como delitos que ameriten la medida de sanción de
internamiento
Para la aplicación de procesos restaurativos que impliquen un encuentro de la persona adolescente
con la víctima u ofendido en caso de hechos señalados como delitos que ameriten la medida de sanción
de internamiento, las reuniones previas de preparación a que se refiere esta Ley, no podrán durar menos
de seis meses.
Los procesos restaurativos que impliquen un encuentro entre las partes, solo podrán llevarse por
petición de la víctima u ofendido, a partir de que la medida de sanción quede firme y hasta antes de su
cumplimiento.
Artículo 197. Mediación en internamiento
En todos los conflictos ínter-personales entre personas adolescentes sujetas a medidas de sanción de
internamiento, procederá la mediación entendida como el proceso de diálogo, auto-responsabilización,
reconciliación y acuerdo que promueve el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas en
un conflicto generando la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión derivada de los
conflictos cotidianos que la convivencia en internamiento genera.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 198. Audiencia de Inicio de Ejecución
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Una vez que la sentencia en la que se dicte una medida de sanción a una persona adolescente quede
firme, el órgano que dicte dicha resolución la notificará al Juez de Ejecución competente en un plazo que
no exceda a tres días hábiles.
El Juez de Ejecución remitirá copia certificada a la autoridad responsable de supervisar o ejecutar las
medidas dictadas en un plazo que no exceda a tres días hábiles. La autoridad administrativa diseñará el
Plan Individualizado de Ejecución conforme a lo que establece la presente Ley y lo comunicará al Juez de
Ejecución.
El Juez de Ejecución citará a las partes a la audiencia inicial de ejecución a fin de resolver sobre la
legalidad de lo establecido en el Plan Individualizado de Ejecución; asimismo, le expondrá de manera
clara a la persona adolescente la forma en que habrá de ejecutarse dicho plan, quien es la autoridad
encargada de la supervisión o ejecución de la medida, cuales son los derechos que le asisten durante la
ejecución, las obligaciones que deberá cumplir y los recursos que, en caso de controversia, puede
interponer.
Artículo 199. Inicio de cumplimiento de la medida
La Autoridad Administrativa hará constar la fecha, hora y lugar en que se inicie el cumplimiento de la
medida. En ese momento le informará personalmente a la persona adolescente los derechos y garantías
que le asisten durante dicho cumplimiento, así como sus deberes y obligaciones.
Artículo 200. Revisión periódica del Plan Individualizado de Ejecución
El Plan Individualizado de Ejecución debe ser revisado de oficio cada tres meses por la Autoridad
Administrativa quien informará al Juez de Ejecución sobre la forma y las condiciones en que la persona
adolescente ha cumplido total o parcialmente con aquel y, en su caso, las razones de su incumplimiento.
La Autoridad Administrativa deberá informar a la persona adolescente, a la defensa, al Ministerio
Público y en su caso, a la persona responsable de la persona adolescente, sobre los avances u
obstáculos que haya enfrentado la persona adolescente para el cumplimiento del Plan Individualizado de
Ejecución; y, en su caso, los cambios efectuados al mismo.
La inobservancia de estas obligaciones por parte de los servidores públicos responsables será
sancionada administrativa y penalmente.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 201. Peticiones administrativas
Las personas adolescentes a quienes se les haya dictado la medida de internamiento preventivo o
internamiento y las personas legitimadas por esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante el
Centro de Internamiento en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de
internamiento.
Artículo 202. Legitimación
Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros de
Internamiento a:
I. La persona adolescente en internamiento;
II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona
adolescente en internamiento, su cónyuge o concubinario;
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III. Los visitantes;
IV. Los defensores públicos o privados;
V. El Ministerio Público;
VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección a los derechos humanos en
el orden federal o de las entidades federativas que tengan dentro de su mandato la
protección de las personas adolescentes en internamiento o de grupos o individuos que se
encuentren privados de la libertad, y
VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los
derechos de las personas adolescentes en internamiento o privadas de la libertad y que se
encuentren debidamente acreditadas.
Artículo 203. Debido proceso
Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que el Centro
de Internamiento para Adolescentes se pronuncie respecto de si ha existido o no una afectación en las
condiciones de vida digna y segura en internamiento para las personas adolescentes o terceras personas
afectadas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación.
No procederá el desistimiento de las peticiones, por lo que las autoridades administrativas continuarán
con su tramitación hasta su conclusión.
Artículo 204. Formulación de la petición
Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el titular del Centro
de Internamiento, para lo cual se podrá aportar la información que considere pertinente, con el objeto de
atender las condiciones de vida digna y segura en internamiento. La autoridad administrativa del Centro
de Internamiento auxiliará a las personas adolescentes privadas de la libertad cuando lo soliciten para
formular el escrito o, en su caso, notificarán a su Defensa para que le asista en la formulación de su
petición.
En caso de que la petición sea formulada por persona distinta al adolescente en internamiento, esta
deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean notificadas
las determinaciones respectivas.
Artículo 205. Acuerdo de inicio
Una vez recibida la petición, el Centro de Internamiento para Adolescentes determinará un acuerdo en
alguno de los siguientes sentidos:
I. Admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento;
II. Prevenir en caso de ser confusa, o
III. Desechar por ser notoriamente improcedente.
El acuerdo de la autoridad deberá realizarse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes y
notificarse a la persona promovente de manera inmediata.
En caso de haberse realizado una prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas
para subsanarla, en caso de no hacerlo, se tendrá por desechada.
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En caso de desechamiento, el peticionario podrá inconformarse ante el Juez de Ejecución en los
términos de esta Ley.
En caso de que no se emita el acuerdo o emitido el mismo no se notifique, dentro de las veinticuatro
horas siguientes se entenderá que fue admitida la petición.
Artículo 206. Trámite del procedimiento
Una vez admitida la petición, el titular del Centro de Internamiento tendrá la obligación de allegarse,
por cualquier medio, de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando
siempre la que en su caso hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que
atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera.
La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no
retrasar la resolución de la petición.
Artículo 207. Acumulación de peticiones
Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas,
cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación
por separado de la parte que no se hubiese acumulado.
Artículo 208. Resolución de peticiones administrativas
El titular del Centro de Internamiento estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días
contado a partir de la admisión de la petición y notificar en forma inmediata a la persona peticionaria.
Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o la resolución dada por
la autoridad administrativa no satisface la petición, éste podrá formular controversia ante el Juez de
Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los
efectos del acto son continuos o permanentes podrá plantearse en cualquier momento la controversia
ante el ante el Juez de Ejecución.
Si la petición no fuere resuelta dentro del término señalado en el primer párrafo, se entenderá que la
determinación fue en sentido negativo. La negativa podrá ser motivo de controversia ante el Juez de
Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha en que feneció el plazo para el dictado de la
resolución.
Artículo 209. Actos de imposible reparación
Cuando los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento afecten derechos
de imposible reparación, la persona legitimada podrá promover directamente ante el Juez de Ejecución
para plantear su petición.
En este caso el Juez de Ejecución de oficio, suspenderá de inmediato los efectos del hecho o acto
que motivó la promoción, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de
Ejecución determinará las acciones a realizar por el Centro de Internamiento.
Cuando los Jueces de Ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean de imposible
reparación, y no se hubiere agotado la petición administrativa, las turnarán al Centro para su tramitación,
recabando registro de su entrega.
CAPÍTULO III
CONTROVERSIAS ANTE JUEZ DE EJECUCIÓN
Artículo 210. Controversias
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Los Jueces de Ejecución conocerán, además de lo establecido en esta Ley, de las controversias
relacionadas con:
I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas;
II. Las condiciones y cuestiones relacionadas con la ejecución de medidas no privativas de
libertad que afecten derechos fundamentales, y
III. La duración, modificación, sustitución y extinción de la medida de sanción.
Artículo 211. Controversias sobre condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con
las mismas
Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán
acción judicial ante el Juez de Ejecución con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes
aspectos:
I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, en cuyo caso
será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa;
II. La impugnación de sanciones disciplinarias o administrativas impuestas a las personas
adolescentes privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de su notificación o
dentro de los diez días siguientes, y
III. Los derechos de las personas adolescentes en internamiento en materia de traslados. Esta
acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o dentro de los diez
días siguientes.
En relación a la fracción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse.
Artículo 212. Traslados involuntarios con autorización previa
El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad debe llevarse a cabo con la
autorización previa del Órgano Jurisdiccional competente en el Centro de Internamiento de origen, salvo
en los casos de traslados involuntarios por razones urgentes.
El traslado involuntario puede ser solicitado por el Centro de Internamiento o por el Ministerio Público,
ante el Órgano Jurisdiccional competente.
El Órgano Jurisdiccional, una vez recibida la solicitud señalará audiencia, en la que se escuchará a las
partes y resolverá sobre la procedencia o no del traslado.
Artículo 213. Traslados involuntarios por razones urgentes
El traslado involuntario de las personas adolescentes en internamiento puede llevarse a cabo sin la
autorización previa del Órgano Jurisdiccional en los siguientes supuestos:
I. En casos de riesgo objetivo para la integridad de la persona adolescente en internamiento o
la seguridad del Centro de Internamiento, la Autoridad Administrativa puede, bajo su
responsabilidad, llevar a cabo el traslado involuntario; en tal caso, la Autoridad
Administrativa, debe solicitar dentro de las veinticuatro horas siguientes la validación de ese
traslado ante el Órgano Jurisdiccional, del Centro de Internamiento de origen.
La resolución que emita el Órgano Jurisdiccional respecto del traslado puede ser impugnada a través
del recurso de apelación.
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Artículo 214. Controversias sobre la duración, modificación y extinción de la medida de
sanción
La persona adolescente a quien se le haya dictado una medida de sanción, su defensor o el Ministerio
Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener un pronunciamiento judicial cuando surja
alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones:
I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro de Internamiento o el reporte
anual sobre el buen comportamiento presentados por el Centro;
II. El tiempo transcurrido de ejecución de las medidas de sanción;
III. La sustitución de la medida de sanción; cuando no se hubiere resuelto respecto del
sustitutivo de la medida de sanción; o porque devenga una causa superveniente;
IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la medida de sanción;
V. La adecuación de la medida por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona
adolescente a quien se le haya dictado una medida de sanción;
VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de las medidas;
VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la medida de
sanción, y
VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo
del artículo 18 de la Constitución.
Cualquiera que sea la parte promovente, se emplazará a los demás sujetos procesales, sin que el
Ministerio Público y la Unidad de Internamiento puedan intervenir con una misma voz.
La víctima u ofendido o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez
de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con el pago de la reparación del daño.
Artículo 215. Sustitución de la medida de sanción de internamiento por estancia domiciliaria
La sustitución de la medida de sanción de internamiento por la medida de estancia domiciliaria
procederá, a juicio del Órgano Jurisdiccional, cuando la segunda se considere más conveniente para la
reinserción y la reintegración social y familiar de la persona adolescente.
La Autoridad Administrativa hará los estudios pertinentes para informar al Juez si la familia de la
persona adolescente está en posibilidad de hacerse cargo de la aplicación de esta medida o si ello
resulta conveniente.
Artículo 216. Sustitución de la medida de sanción de internamiento por prestación de servicios
a favor de la comunidad
La sustitución de la medida de sanción de internamiento por la medida de prestación de servicios a
favor de la comunidad procederá, a juicio del Órgano Jurisdiccional, cuando la segunda se considere más
conveniente para la reinserción y la reintegración social y familiar de la persona adolescente.
En estos casos se deberá considerar la edad de la persona adolescente, sus intereses y capacidades.
Artículo 217. Criterios para la sustitución de la medida de sanción
Para la sustitución de las demás medidas de sanción por otras de menor gravedad, el Juez de
Ejecución deberá considerar, entre otras:
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I. El interés superior de la niñez;
II. Las condiciones en que ha venido cumpliendo la medida, y
III. Los retos y obstáculos que ha enfrentado la persona adolescente en el cumplimiento de su
medida.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL
Artículo 218. Reglas del procedimiento
Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema acusatorio y oral y se
regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad.
La persona adolescente privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y
recursos judiciales; mientras que el Centro podrá intervenir por conducto de la persona titular de la
dirección de éste o de la persona que ésta designe.
No procederá el desistimiento de las acciones y recursos judiciales, por lo que las autoridades
judiciales competentes continuarán con su tramitación hasta que éstos concluyan.
Artículo 219. Partes procesales
En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de
acuerdo a la naturaleza de la controversia:
I. La persona adolescente sujeta a una medida;
II. El defensor público o privado;
III. El Ministerio Público;
IV. El Titular del Centro de Internamiento o quien lo represente;
V. El Titular de la Unidad de seguimiento de las medidas de sanción o quien lo represente;
VI. El promovente de la acción o recurso, y
VII. La víctima u ofendido y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con el pago de
la reparación del daño.
Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación, sustitución o extinción de la medida de
sanción, solo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII, del presente
artículo.
Cuando el promovente no sea la persona adolescente sujeta a una medida de internamiento, el Juez
de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario.
Artículo 220. Formulación de la solicitud
Las personas legitimadas al iniciar una controversia judicial deberán presentarla por escrito ante la
administración del juzgado de ejecución, la cual deberá indicar:
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I. Nombre del promovente, y cuando este sea persona diversa al que está sujeto a una medida
de internamiento, deberá señalar domicilio o forma para recibir notificaciones y documentos,
en términos del Código Nacional;
II. Juez competente;
III. La individualización de las partes;
IV. Señalar de manera clara y precisa la solicitud o controversia;
V. La relación sucinta de los hechos que fundamenten la solicitud;
VI. Los medios de prueba que pretende ofrecer y desahogar;
VII. Los fundamentos de derecho en los cuales basa su solicitud;
VIII. La solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de una afectación de
imposible reparación, y
IX. La firma del promovente o, en su caso, la impresión de su huella digital.
En caso de que no tenga a su disposición los medios de prueba, el promovente deberá señalar quién
los tiene o dónde se encuentran, y en su caso, solicitará al Juez de Ejecución requiera su exhibición.
Artículo 221. Auto de inicio
Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado registrará la causa y la turnará al Juez
competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para
emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos:
I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento;
II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o
III. Desechar por ser notoriamente improcedente.
Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que
aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano.
El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera
inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se
entenderá que fue admitida la solicitud.
Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto
admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por
separado de la parte que no se hubiese acumulado.
En caso de tratarse de derechos de imposible reparación, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud
de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, en tanto se resuelve en definitiva.
Artículo 222. Trámite del procedimiento
En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, el Juez notificará y entregará a las
partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y
ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Unidad de seguimiento
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de las medidas de sanción o al Centro de Internamiento conforme corresponda, para que dentro del
mismo término rinda el informe que corresponda.
Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que
correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al
menos tres días después de la notificación, sin exceder de un plazo de diez días.
En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde
podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio.
En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La
ausencia del Titular de la Unidad del seguimiento de las medidas de sanción, o del Centro de
Internamiento, o quien lo represente y de la víctima u ofendido o su asesor jurídico no suspenderá la
audiencia.
Artículo 223. Reglas de la audiencia
Previo a cualquier audiencia, el personal auxiliar del juzgado de ejecución llevará a cabo la
identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre,
apellidos, edad y domicilio.
Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en
esta Ley y el Código Nacional.
Artículo 224. Desarrollo de la audiencia
La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes:
I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará
la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve
explicación de los motivos de la misma;
II. El Juez de Ejecución verificará que las partes hubieren sido informadas de sus derechos
constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia;
III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las
demás partes;
IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán reclamar la
revocación ante el desechamiento;
V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme
a las reglas del Código Nacional;
VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución
observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera;
VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y
VIII. El Juez de Ejecución emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia.
Artículo 225. Resolución
El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las
partes de dicha resolución.
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En la resolución el Juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los
derechos fundamentales de la persona adolescente sujeta a la medida.
Artículo 226. Ejecución de la resolución
La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme.
Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Administrativa,
el Juez de Ejecución de oficio o a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma.
Cuando la Autoridad Administrativa manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de
Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo
que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución
dará por cumplida la resolución y se ordenará el archivo del asunto.
Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de
Ejecución notificará a la Autoridad Administrativa tal inconformidad por el término de tres días para que
manifieste lo que conforme a derecho corresponda, y transcurrido este término, se resolverá sobre el
cumplimiento o no de la resolución.
Cuando la autoridad informe que la resolución solo fue cumplida parcialmente o que es de imposible
cumplimiento, el Juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad
Administrativa un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de
no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan.
Cuando la Autoridad Administrativa alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento
total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable
para el cumplimiento.
CAPÍTULO V
MODIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO ANTICIPADO DE LA MEDIDA DE SANCIÓN
Artículo 227. Audiencia de modificación de la medida
El Juez de Ejecución, de oficio, revisará anualmente las medidas de sanción impuestas; en esta
audiencia con base en el interés superior de la niñez, evaluará las condiciones, retos y obstáculos que ha
enfrentado la persona adolescente en el cumplimiento de su medida y evaluará la posibilidad de
sustituirla por otra menos grave.
Artículo 228. Ofrecimiento de medios de prueba en la audiencia de adecuación de la medida
A partir de la notificación de la audiencia de modificación de la medida y hasta un día antes, las partes
y la víctima u ofendido, en su caso, podrán ofrecer los medios de prueba que consideren oportunos. El
examen de admisibilidad y el desahogo de la prueba se realizarán en la audiencia.
Artículo 229. Decisión del Juez sobre la sustitución o modificación de la medida
En la audiencia se debatirá sobre la conveniencia de modificar las condiciones de cumplimiento de la
medida impuesta, o bien, de sustituirla por otra menos grave que sea más conveniente para la
reinserción y reintegración social y familiar de la persona adolescente, ya sea a solicitud de la Defensa o
a criterio del Juez de Ejecución.
El Juez de Ejecución podrá sustituir la medida de internamiento por cualquiera de las otras medidas
de privación de libertad contenidas en esta Ley. Las medidas de privación de libertad diferentes al
internamiento podrán ser sustituidas por cualquiera de las otras medidas no privativas de libertad.
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El Juez deberá escuchar y tomar en cuenta la opinión de la persona adolescente y la persona
responsable de ésta, en su caso, para la modificación o sustitución de la medida.
Al término de la audiencia, el Juez explicará a las partes y a la víctima u ofendido, en su caso, su
determinación respecto de la procedencia o negativa de la modificación o sustitución de la medida, así
como las obligaciones que en virtud de dicha decisión, deba cumplir la persona adolescente, la Autoridad
Administrativa que supervisará dicha medida y demás servidores públicos que intervengan en la
ejecución de la misma.
CAPÍTULO VI
MODIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA
Artículo 230. Modificación de la medida por incumplimiento
La Autoridad Administrativa deberá vigilar el cumplimiento de la medida. En caso de incumplimiento,
informará a las partes sobre el mismo.
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento sobre el incumplimiento de la medida, ya sea por
información proporcionada por la Autoridad Administrativa o cualquier otro medio; deberá solicitar al Juez
audiencia para la modificación de la medida. Dicha solicitud deberá estar debidamente fundada y
motivada.
Artículo 231. Audiencia de modificación por incumplimiento
El Juez citará a las partes a una audiencia de adecuación de la medida por incumplimiento, que se
realizará dentro de los diez días siguientes a la solicitud.
En la audiencia, el Juez deberá escuchar a la persona adolescente y a la Defensa, quienes deberán
exponer los motivos del incumplimiento, en su caso.
Si la persona adolescente estuviese en libertad y éste no se presentara, el Juez lo apercibirá con
imponerle alguna de las medidas de apremio establecidas en el Código Nacional.
Artículo 232. Determinación
Al término de la audiencia, el Juez determinará si hubo o no incumplimiento de la medida.
El Juez podrá apercibir a la persona adolescente para que dé cumplimiento a la medida en un plazo
determinado, o bien, decretará la modificación de la misma por incumplimiento grave.
Artículo 233. Reiteración de incumplimiento
Si la persona adolescente no cumpliere con el apercibimiento judicial que se le hubiere hecho, el
Ministerio Público podrá solicitar una nueva audiencia de modificación de la medida en la cual, de
demostrarse la reiteración del incumplimiento, el Juez decretará en el acto la modificación de la medida
sin que proceda un nuevo apercibimiento.
CAPÍTULO VII
CONTROL DE LA MEDIDA DE SANCIÓN DE INTERNAMIENTO
Artículo 234. Ingreso de la persona adolescente al Centro de Internamiento
En caso de que se trate de una medida de privación de la libertad, la Autoridad Administrativa
verificará el ingreso de la persona adolescente al Centro de Internamiento correspondiente y que se le
explicó el contenido del Reglamento al que queda sujeto y los derechos que le asisten mientras se
encuentra en dicho Centro. Se elaborará un Acta en la que constarán:
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I. Los datos personales de la persona adolescente sujeto a medida de sanción;
II. Conducta por la cual fue sancionada;
III. Fecha de ingreso, fecha de revisión y fecha de cumplimiento de la medida de sanción;
IV. El resultado de la revisión médica realizada a la persona adolescente;
V. El proyecto del Plan Individualizado de Ejecución;
VI. La información que las autoridades del Centro brinden a la persona adolescente sobre las
reglas de comportamiento y convivencia en el interior, así como las medidas disciplinarias
aplicables, y
VII. Las condiciones físicas del dormitorio en que será incorporado y de las demás instalaciones.
Artículo 235. Condiciones del Centro de Internamiento
Los Centros de Internamiento deberán contar con la capacidad para recibir personas en condiciones
adecuadas y con espacios que fomenten la convivencia y eviten la exclusión social. La estructura y
equipamiento de las unidades deberán cumplir, por lo menos, con lo siguiente:
I. Que existan espacios, incluidos comedores, cocinas, dormitorios y sanitarios, que respondan
a las necesidades particulares de acceso y atención de quienes estén internados, tales
como intimidad, estímulos visuales, requerimientos especiales con motivo de género,
discapacidad, fomento de las posibilidades de asociación con sus compañeros y de
participación colectiva en actividades culturales, de educación, capacitación, desarrollo
artístico, desempeño de oficios, esparcimiento y recreación, así como otras necesidades
derivadas del desarrollo de la vida cotidiana;
II. Que cuenten con un sistema eficaz de alarma, evacuación y buen resguardo, para los casos
de incendio, inundación, movimientos telúricos o cualquier otro riesgo contra la seguridad e
integridad de quienes se encuentren en el interior del Centro de Internamiento;
III. Que no estén situados en zonas de riesgo para la salud;
IV. Que cuenten con áreas separadas de acuerdo con el género, la edad y la situación jurídica
de las personas que cumplen una medida de internamiento, en los términos de esta Ley;
V. Que cuenten con agua limpia y potable suficientes para que las personas adolescentes
puedan disponer de ella en todo momento;
VI. Que los dormitorios cuenten con luz natural y eléctrica y tengan una capacidad máxima para
cuatro personas. Deberán estar equipados con ropa de cama individual, que deberá
entregarse limpia, mantenerse en buen estado y mudarse con regularidad por razones de
higiene;
VII. Que las instalaciones sanitarias estén limpias y situadas de modo que las personas
internadas puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas con higiene y privacidad;
VIII. Que los comedores cuenten con mobiliario adecuado y suficiente para que la ingesta de
alimentos se dé en condiciones de higiene y dignidad;
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IX. Que cuenten con espacios adecuados para que toda persona internada pueda guardar sus
pertenencias;
X. Que cuenten con espacios, equipos y medicamentos adecuados para la atención médica
permanente, teniendo en consideración las necesidades específicas conforme a la edad y el
género de las personas internadas. En caso de requerir atención especializada, se deberá
llevar al adolescente al lugar correspondiente, y
XI. Que cuenten con áreas adecuadas para:
a) La visita familiar;
b) La visita con el defensor;
c) La visita íntima;
d) La convivencia, en su caso, de las adolescentes madres con sus hijos y para cubrir las
necesidades de atención de éstos últimos;
e) La prestación de servicios jurídicos, médicos, de trabajo social, psicológicos y
odontológicos para las personas internadas;
f) La instrucción educativa, la capacitación laboral y el desempeño de oficios;
g) La recreación al aire libre y en interiores, y
h) La celebración de servicios religiosos de acuerdo con las creencias de las personas
adolescentes, de conformidad con las posibilidades del Centro de Internamiento.
Artículo 236. Reglamento del Centro de Internamiento
El régimen interior de los Centros de Internamiento estará regulado por un Reglamento que deberá
incluir, por lo menos las siguientes disposiciones:
I. Los derechos, de las personas adolescentes en internamiento;
II. Las responsabilidades y deberes de las personas adolescentes al interior de los Centros;
III. Las atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a los Centros;
IV. Las conductas que constituyan faltas y las medidas disciplinarias a las que den lugar,
señalando con claridad la intensidad y la duración de las mismas, así como los
procedimientos para imponerlas;
V. Los procedimientos de autorización, vigilancia y revisión para visitantes, así como para la
revisión de dormitorios y pertenencias;
VI. Los lineamientos para la visita familiar;
VII. Las condiciones de espacio, tiempo, higiene, privacidad y periodicidad, para que las
personas adolescentes puedan recibir visita íntima;
VIII. Los lineamientos y procedimientos para que las personas adolescentes puedan ser
propuestos para modificación de las medidas impuestas, en su beneficio;
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IX. La organización de la Unidad de Internamiento;
X. Los lineamientos y requisitos para el otorgamiento de los servicios educativos, de
capacitación laboral, deportivos y de salud, y
XI. Los horarios y lineamientos generales para el otorgamiento del servicio de alimentación que
en ningún caso será negado ni limitado.
Artículo 237. Egreso del adolescente
Cuando la persona adolescente esté próxima a egresar del Centro de Internamiento, deberá ser
preparado para la salida, con la asistencia del equipo multidisciplinario y con la colaboración de la
persona responsable del mismo, si ello fuera posible.
Artículo 238. Seguridad
La Autoridad Administrativa ordenará a las autoridades del Centro de Internamiento, que se adopten
las medidas necesarias para proteger la integridad física de las personas adolescentes sujetos a la
medida de sanción de internamiento y de sus visitantes, así como para mantener las condiciones de vida
digna y segura en el interior de los mismos.
Artículo 239. Medidas para garantizar la seguridad
Cuando las medidas a que se refiere el artículo anterior impliquen la protección de la integridad física,
salud y seguridad personal de las personas adolescentes sujetos a la medida de sanción de
internamiento se harán efectivas de inmediato; cuando dichas medidas impliquen correcciones y
adecuaciones en los servicios e instalaciones de los Centros de Internamiento, la Autoridad
Administrativa señalará un plazo prudente para que mediante su cumplimiento y ejecución se garanticen
condiciones de vida digna en el interior del Centro.
CAPÍTULO VIII
RECURSOS DURANTE LA EJECUCIÓN
Artículo 240. Disposiciones generales
El derecho a recurrir solo corresponde a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar
afectado por la resolución.
En las controversias de ejecución penal, sólo se admiten los recursos de revocación y apelación.
La parte recurrente debe interponer el recurso en el tiempo y la forma señalada en la Ley de
Ejecución, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida.
El Órgano Jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso solamente podrá pronunciarse sobre los
agravios expresados por el o los recurrentes, sin que pueda extender el examen de la decisión recurrida
a cuestiones no planteadas en ella, o más allá de los límites del recurso, a menos que advierta una
violación flagrante a derechos fundamentales que deba reparar de oficio.
Si en la controversia concurren varios sujetos legitimados, pero solamente uno, o algunos
promovieron recurso, la decisión favorable en el recurso que se dicte aprovechará a los demás, a menos
que las razones para conceder la decisión favorable sean estrictamente personales.
Artículo 241. Revocación
El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones
que no resuelvan sobre el fondo de la petición planteada.
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Artículo 242. Apelación
El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o
resolución que se impugna y tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la
resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.
Artículo 243. Procedencia del recurso de apelación
El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre:
I. Modificación o extinción de la medida de sanción;
II. Sustitución de la medida de sanción;
III. Cumplimiento de la reparación del daño;
IV. Ejecución de las sanciones disciplinarias;
V. Traslados;
VI. Afectación a los derechos de visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y
VII. Las demás previstas en esta Ley.
Artículo 244. Efectos de la apelación
La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende la ejecución
de la sentencia.
Artículo 245. Emplazamiento y remisión
Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres
días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso ejercite su derecho de adhesión.
Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes
las actuaciones al Tribunal de Alzada que corresponda.
Artículo 246. Tramitación
Recibidas las actuaciones en el Tribunal de Alzada, dentro de los tres días siguientes, se pronunciará
sobre la admisión del recurso.
En el mismo auto en que se admita el recurso, el Tribunal de Alzada resolverá sobre el fondo del
mismo, salvo que corresponda realizar previamente una audiencia conforme a las previsiones del Código
Nacional, en cuyo caso la administración del Tribunal de Alzada programará la celebración de la
audiencia dentro de los cinco días siguientes y al final de la misma se resolverá el recurso.
Artículo 247. Efectos
Los efectos de la sentencia podrán ser la confirmación o nulidad de la sentencia; en este último caso
se determinará la reposición total o parcial del procedimiento.
En los casos en que se determine la reposición total del procedimiento, deberá conocer un juzgado de
ejecución distinto, para salvar el principio de inmediación y el deber de objetividad del Órgano
Jurisdiccional.
En los casos de reposición parcial, el tribunal de apelación determinará si debe conocer un Órgano
Jurisdiccional diferente o el mismo.
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No podrá determinarse la reposición del procedimiento, cuando se recurra únicamente por la
inobservancia de derechos procesales que no vulneren derechos fundamentales o no trasciendan a la
resolución.
Artículo 248. Nulidad
Será causa de nulidad de la sentencia la transgresión de una norma de fondo, que implique
violaciones a derechos fundamentales. En estos casos, el tribunal de apelación modificará o revocará la
sentencia. Si ello compromete el principio de inmediación, se ordenará la reposición del procedimiento.
Artículo 249. Medios de Prueba
Pueden ofrecerse medios de prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se
discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, contrariando lo señalado en los registros del debate o
la sentencia.
También es admisible la prueba incluso relacionada con los hechos cuando sea indispensable para
sustentar el agravio aducido.
LIBRO QUINTO
TÍTULO I
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PARA PERSONAS
ADOLESCENTES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 250. Prevención social de la violencia y delincuencia
La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas,
estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y
delincuencia así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
Artículo 251. Factores de riesgo en personas adolescentes
La prevención del delito como parte de la justicia de adolescentes tiene como finalidad el ejercicio
pleno de sus derechos, evitar la comisión de delitos y la formación ciudadana, la cual tiene tres niveles:
I. La prevención primaria del delito son las medidas universales dirigidas a los adolescentes
antes de que cometan comportamientos antisociales y/o delitos, mediante el desarrollo de
habilidades sociales, la creación de oportunidades especialmente educativas, de
preparación para el trabajo para cuando esté en edad de ejercerlo, de salud, culturales,
deportivas y recreativas;
II. La prevención secundaria del delito son las medidas específicas dirigidas a las personas
adolescentes que se encuentran en situaciones de mayor riesgo de cometer delitos, falta de
apoyo familiar, que se encuentran fuera del sistema educativo, desocupadas, inician en el
consumo de drogas o viven en contextos que afectan su desarrollo, y
III. La prevención terciaria del delito son las medidas específicas para los adolescentes que
habiendo sido sujetos del Sistema de Justicia y habiendo cumplido una medida de sanción
se implementan para evitar la reincidencia delictiva.
Artículo 252. Principios de la prevención social de la violencia y delincuencia
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La prevención social de la violencia y delincuencia para personas adolescentes se fundamenta en los
principios establecidos en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en
la Ley General.
Asimismo, se basa en el respeto irrestricto de la dignidad humana de las personas adolescentes, en el
reconocimiento de que el respeto de sus derechos humanos y el desarrollo de todas sus potencialidades,
que son condiciones indispensables para evitar la comisión de conductas antisociales y garantizar un
sano desarrollo que les permita tener un proyecto de vida y una vida digna.
La prevención social del delito tiene como pilares fundamentales la cohesión, la inclusión y la
solidaridad sociales, así como de la obligación de todos los ámbitos y órdenes de gobierno de garantizar
que las personas adolescentes puedan desarrollarse en un ambiente de respeto y garantía efectiva de
todos sus derechos, desde un enfoque holístico y no punitivo.
Artículo 253. Criterios de la prevención social de la violencia y la delincuencia
La prevención social de la violencia y la delincuencia para las personas adolescentes se fundará en
los siguientes criterios:
I. La Función del Estado. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus
competencias, deben coadyuvar con la política nacional en el diseño, elaboración e
implementación de programas eficaces de prevención de la delincuencia y la violencia, con
base en el respeto de los derechos humanos; así como, en la creación y el mantenimiento
de marcos institucionales para su aplicación y evaluación;
II. La Transversalidad en las Políticas Públicas de Prevención. Se deberán considerar aspectos
de prevención del delito en el diseño de todos los programas y políticas sociales y
económicas, especialmente en el diseño de las políticas laborales; educativas; culturales y
deportivas; de salud; de vivienda y planificación urbana, desde la perspectiva de género; y,
de combate contra la pobreza, la marginación social y la exclusión;
III. Dichas políticas deberán hacer particular hincapié en atender a las personas adolescentes
en situación de mayor riesgo, a sus familias y las comunidades en las que vivan, desde un
enfoque transformador;
IV. El compromiso de los diferentes Actores corresponsables. Sociedad civil, organizaciones
empresariales, sector académico, organismos internacionales y medios de comunicación,
deben formar parte activa de una prevención eficaz de la delincuencia y la violencia, en
razón de la naturaleza tan variada de sus causas y de los diferentes ámbitos desde donde
hay que afrontarla;
V. La Sostenibilidad Presupuestaria y Rendición de Cuentas. El Estado debe garantizar,
asignando el máximo de recursos de los que se disponga, la implementación de las políticas
y programas de prevención social de la delincuencia y la violencia para las personas
adolescentes;
VI. Asimismo, las dependencias y autoridades responsables de la prevención social de la
delincuencia y de la violencia se encuentran obligadas a transparentar y rendir cuentas
respecto del ejercicio del presupuesto asignado; así como, de implementar mecanismos de
evaluación de la ejecución y de los resultados previstos;
VII. El Diseño con Base en Conocimientos Interdisciplinarios. Las estrategias, políticas,
programas y medidas de prevención social de la violencia y la delincuencia deben tener una
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amplia base de conocimientos interdisciplinarios sobre los problemas que las generan, sus
múltiples causas y las prácticas que hayan resultado eficaces;
VIII. El Respeto a los Derechos Humanos. El Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad. En
todos los aspectos de la prevención social de la violencia y la delincuencia se deben
respetar el estado de derecho y los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los
Tratados Internacionales en la materia y las leyes aplicables. Asimismo, se deberá fomentar
una cultura de legalidad en todos los ámbitos de la sociedad;
IX. La Perspectiva Internacional. Las estrategias y los diagnósticos de prevención social de la
violencia y la delincuencia, en el ámbito nacional, deben tener en cuenta la vinculación entre
los problemas de la delincuencia nacional y la delincuencia internacional;
X. La Especificidad en el Diseño. Las estrategias de prevención social de la violencia y la
delincuencia deben tener en cuenta las características específicas de los diferentes actores
de la sociedad, quienes coadyuvan; así como, las necesidades específicas de las personas
adolescentes, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en un estado de mayor
vulnerabilidad o riesgo, y
XI. Las medidas de prevención social de la violencia y la delincuencia deben centrarse en las
comunidades y han de llevarse a cabo con la coadyuvancia de la sociedad civil; así como
con la participación de las diversas comunidades. Dichas medidas serán contrastadas, con
base en datos objetivos.
Artículo 254. De seguridad pública
Las políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia para personas
adolescentes, no podrán sustentarse de manera exclusiva en acciones de seguridad pública.
Artículo 255. Del enfoque interdisciplinario
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, implementarán
políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes. Para
ello deben analizar sistemáticamente los diversos factores de riesgo, desde un enfoque interdisciplinario
y elaborar medidas pertinentes que eviten la estigmatización de las personas adolescentes.
Artículo 256. De las políticas públicas
Los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, implementarán políticas y medidas
para la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes que deberán
incluir, como mínimo:
I. La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas
necesidades de adolescentes de quienes estén en peligro latente o situación de riesgo
social, que ameriten cuidado y protección especiales;
II. Los criterios especializados, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las
oportunidades de comisión de conductas tipificadas como delitos o las condiciones que las
propicien;
III. La protección de su bienestar, sano desarrollo, vida digna y proyecto de vida;
IV. La erradicación de los procesos de criminalización y etiquetamiento de las personas
adolescentes, derivados de estereotipos, prejuicios, calificativos o cualquier otra connotación
discriminatoria o peyorativa, y
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V. La participación de las personas adolescentes en el diseño de las políticas públicas.
Artículo 257. De los programas
Los tres órdenes de gobierno formularán los programas de prevención social de la violencia y la
delincuencia, en términos de las leyes aplicables, que comprendan, como mínimo, lo siguiente:
I. Análisis y diagnóstico de las causas que originan la comisión de conductas antisociales en
adolescentes;
II. Delimitación precisa de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de todas las
autoridades, entidades, organismos, instituciones y personal que se ocupan del diseño,
desarrollo, instrumentación y evaluación de las actividades encaminadas a la prevención
social del delito;
III. Implementación de mecanismos de coordinación y ejecución de las actividades de
prevención, entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales;
IV. Definición de políticas, estrategias y programas basados en estudios prospectivos y en la
evaluación permanente, e
V. Implementación de estrategias y mecanismos eficaces para disminuir los factores de riesgo
que propician los fenómenos de violencia y delincuencia en personas adolescentes.
TÍTULO II
CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA DE LAS FAMILIAS
Artículo 258. De la coadyuvancia de las familias
Las familias son la unidad central de la sociedad, encargadas de la integración social primaria de
personas adolescentes; los gobiernos y la sociedad, deben tratar de preservar la integridad de las
familias, incluidas las familias extensas y sustitutas.
La sociedad tiene la obligación de coadyuvar con las familias para cuidar y proteger a personas
adolescentes, asegurando su bienestar y sano desarrollo. El Estado tiene la obligación de ofrecer
servicios apropiados para lograr estos fines.
Artículo 259. De la atención de las familias
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, en materia de
prevención social de la violencia y de la delincuencia deben adoptar políticas que permita a las personas
adolescentes crecer y desarrollarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Asimismo, deben
atender, mediante la aplicación de medidas especiales, a las familias que necesiten asistencia social para
resolver situaciones de inestabilidad o conflicto, en el marco de la ley aplicable.
Artículo 260. De la colocación familiar
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que,
cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar debido a que las medidas especiales
implementadas no tuvieron éxito; y, las familias extensas no puedan cumplir la función de acogida, se
implemente la adopción u otras modalidades de colocación familiar. Dichas autoridades se encuentran
obligadas a verificar que la persona adolescente que esté en esta situación, se le coloque en un ambiente
familiar de estabilidad y bienestar; que le genere un sentimiento de permanencia.
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Se evitará, en la medida de lo posible, y solo se utilizará como último recurso, el mantener a personas
adolescentes en instituciones públicas o privadas de guarda y custodia.
Artículo 261. De la formación de las personas responsables de las personas adolescentes
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, implementarán
programas para brindar información y formación a madres, padres, ascendientes, y a las personas que
ejercen la tutela y custodia de personas adolescentes, para ejercer, de la manera más adecuada, las
responsabilidades familiares, así como para proveerles de las herramientas para resolver los conflictos
inherentes a este.
Artículo 262. De la relevancia de las personas adolescentes en la sociedad
La función socializadora de personas adolescentes corresponde, principalmente, tanto a las familias,
como a las familias extensas. Los sujetos obligados, por esta Ley, deben visibilizar la relevancia de las
personas adolescentes en la sociedad, el respeto a sus derechos humanos, a su participación en la toma
de decisiones en los ámbitos de su competencia, de su derecho a participar libre, activa y plenamente en
la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa; así como en la
incorporación progresiva a la ciudadanía.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA COADYUVANCIA LAS AUTORIDADES DIRECTIVAS DE LOS PLANTELES DE
EDUCACIÓN
Artículo 263. De la educación
La educación es parte esencial y fundamental de la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Las autoridades directivas de los planteles de educación, además de sus responsabilidades de formación
académica y profesional, promoverán que la educación que se imparta a las personas adolescentes
incluya:
I. Promover los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las
características culturales de las personas adolescentes; de los valores sociales de las
comunidades en que viven, de las culturas diferentes de la suya y de los derechos humanos
y libertades fundamentales;
II. Fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental, física y artística de las personas adolescentes;
III. Lograr que las personas adolescentes participen activa y eficazmente en el proceso
educativo;
IV. Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y pertenencia a la escuela
y a la comunidad;
V. Alentar a las personas adolescentes a comprender y respetar opiniones y puntos de vista
diversos, así como las diferencias culturales y de otra índole;
VI. Suministrar información y orientación en lo que se refiere a la formación profesional, las
oportunidades de empleo y las perspectivas laborales;
VII. Proporcionarles tratamiento psicológico;
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VIII. Reconocer, atender, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia, con el objeto de
lograr una convivencia libre de violencia en el entorno escolar;
IX. Erradicar las medidas disciplinarias severas, en particular los castigos corporales, y
X. Prevenir que las personas adolescentes se encuentren en situaciones de riesgo.
Artículo 264. De las autoridades directivas
Las autoridades directivas de los planteles de educación promoverán que se trabaje en cooperación
con madres, padres, ascendientes, personas que ejercen la tutela o la custodia y con organizaciones de
la sociedad civil a fin de promover el valor de la justicia; de la observancia de la ley y de la igualdad de las
personas ante ésta; propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus
manifestaciones; así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.
Artículo 265. Normas igualitarias
Las autoridades directivas de los planteles de educación deberán fomentar la adopción de políticas y
normas igualitarias y justas. Las y los estudiantes estarán representados en los órganos encargados de
formular la política escolar, incluida la política disciplinaria. Asimismo participarán en los órganos
escolares de toma de decisiones.
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECONOCIMIENTO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA COMUNIDAD
Artículo 266. De la función preventiva de la comunidad
Los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, deberán coordinarse con las
autoridades correspondientes, para apoyar programas comunitarios a fin de:
I. Impulsar el establecimiento o, en su caso fortalecer, los servicios y programas de carácter
comunitario, que respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes
especiales de personas adolescentes y que les ofrezcan asesoramiento, orientación y
alternativas adecuados para hacer efectivos sus derechos humanos, incluyendo la
información necesaria para sus familias;
II. Establecer albergues o centros de alojamiento para personas adolescentes que estén en
situación de mayor riesgo o vulnerabilidad que les exponga a ser víctimas de cooptación de
la delincuencia, en las que se les brinde atención médica especializada, servicios de
alimentación y de orientación, con absoluto respeto de sus derechos humanos, con el objeto
de que se les apoye para salir de la situación en la que se encuentran, a través del soporte
social y de los miembros de la comunidad;
III. Promover el establecimiento y la organización de centros de desarrollo comunitario,
instalaciones y servicios de recreo que atiendan a las personas adolescentes y que les
acerquen a la cultura y al deporte, particularmente a quienes se encuentren expuestos a
riesgo social;
IV. Establecer centros de prevención, asistencia y tratamiento contra las adicciones
especializados para personas adolescentes, que les atiendan de manera integral, con
absoluto respeto de sus derechos humanos, y
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V. Impulsar la creación de organizaciones juveniles de gestión de asuntos comunitarios que
alienten a las personas adolescentes a desarrollar proyectos colectivos y voluntarios a favor
de la comunidad, en particular proyectos cuya finalidad sea prestar ayuda a personas
adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo.
Transitorios
Artículo Primero. Vigencia
Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la
presente legislación incorpora el Sistema Procesal Penal Acusatorio y entrará en vigor el 18 de junio de
2016.
Los requerimientos necesarios para la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes deberán estar incorporados en un plazo no mayor a tres años a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo Segundo. Abrogación
Se abroga la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24
de diciembre de 1991 y sus posteriores reformas.
Se abrogan también las leyes respectivas de las entidades federativas vigentes a la entrada en vigor
del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales para adolescentes
iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo Tercero. Carga cero
Los procedimientos penales para adolescentes que a la entrada en vigor del presente ordenamiento
se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el
momento del inicio de los mismos.
Artículo Cuarto. Mecanismos de la revisión de las medidas de privación de libertad
Tratándose de aquellas medidas de privación de la libertad de personas adolescentes que hubieren
sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto; la persona adolescente sentenciada, su defensa
o la persona que lo represente, podrá solicitar al Órgano Jurisdiccional competente la revisión de dicha
medida conforme a las disposiciones del nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, aplicando
siempre las disposiciones que más le beneficien, para efecto de que habiéndose dado vista a las partes y
efectuada la audiencia correspondiente, el Órgano Jurisdiccional resuelva conforme el interés superior de
la niñez sobre la imposición, revisión, modificación o cese, en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo Quinto. Derogación tácita de preceptos incompatibles
Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto.
Artículo Sexto. Convalidación o regularización de actuaciones
Cuando por razón de competencia por fuero o territorio, se realicen actuaciones, el Órgano
Jurisdiccional receptor podrá convalidarlas, siempre que de manera, fundada y motivada, se concluya
que se respetaron las garantías esenciales del debido proceso en el procedimiento de origen.
Artículo Séptimo. Certificación de facilitadores.
Para la certificación de los facilitadores que se señala en el artículo 3, fracción VIII de esta Ley, se
estará a lo que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
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Materia Penal, Capítulo I, artículo 47, criterios mínimos de certificación. Dicha especialización, para los
actuales operadores deberá concluirse en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de
esta Ley.
Artículo Octavo. Prohibición de acumulación de procesos
No procederá la acumulación de procedimientos de justicia para adolescentes, cuando alguno de ellos
se esté tramitando conforme a la presente Ley y el otro procedimiento conforme a la Ley anterior.
Artículo Noveno. De los planes de implementación
La secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, así como los Órganos Implementadores de las entidades federativas, deberán realizar los
programas para el adecuado y correcto funcionamiento y cumplir con los objetivos para la operatividad
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en coordinación con todos los operadores del
Sistema Integral de Justicia.
Artículo Décimo. De la evaluación del Sistema
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia de
coordinación Nacional creará un comité para la evaluación y seguimiento de la implementación de todas
las acciones que se requieren para lograr la adecuada implementación de las normas del presente
Decreto.
Articulo Décimo Primero. Adecuación normativa y operativa
Deberán establecerse los Protocolos que se requieren para la operación del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Artículo Décimo Segundo. Legislación complementaria
En un plazo que no exceda de 200 días naturales después de publicado el presente Decreto, la
Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad
complementaria que resulten necesarias para la implementación de esta Ley.
Artículo Décimo Tercero. Procuradurías de Protección
En las entidades en las que no existan las Procuradurías de Protección que se contemplan en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las facultades otorgadas a estas Procuradurías
por esta Ley serán atribuidas a los Sistemas Nacional y Estatales de Desarrollo Integral de la Familia
según corresponda, hasta en tanto dichas Procuradurías sean creadas.
Artículo Décimo Cuarto. Plazos para reformar otras disposiciones legales
El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación de la
presente Ley, para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de
incluir en la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Conferencia Nacional de
Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, que estará
integrada por los titulares en la materia de cada Entidad Federativa y del Poder Ejecutivo Federal.
Esta Conferencia estará encabezada por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad y contará con
un Secretario Técnico que será el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social. Tendrá como objetivo principal constituirse como la instancia de
análisis, difusión e instrumentación de la política pública en materia de ejecución de las medidas para
adolescentes, y propiciará la homologación de normas administrativas en cada Entidad Federativa.
Artículo Décimo Quinto. Ejercicio de los recursos
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las
dependencias y la entidad competente de la Administración Pública Federal y al Poder Judicial Federal y
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de las entidades federativas, se cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y
los subsecuentes.
Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.
Artículo Décimo Sexto. Coordinación de programas para la prevención del delito.
Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los
artículos 189, 254 y 155 de la Ley que se expide por virtud del presente Decreto, deberán implementar
las políticas y acciones correspondientes, conforme a los programas vigentes y alineados a la política de
prevención social de la violencia y la delincuencia.
Ciudad de México, a 14 de junio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ana Guadalupe
Perea Santos, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.-
Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2020
Artículo Único.- Se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes, para quedar como sigue:
………
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen.
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Mónica Bautista Rodríguez, Secretaria.- Sen. Lilia
Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2022
Artículo Único.- Se reforman las fracciones VI y XI, inciso b), primer párrafo del artículo 46 y la
fracción VII del artículo 263 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,
para quedar como sigue:
…….
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores del gasto
correspondiente, para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su
presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes.
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2022.- Dip. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Sen.
Alejandro Armenta Mier, Presidente.- Dip. Brenda Espinoza Lopez, Secretaria.- Sen. Verónica Noemí
Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López
Hernández.- Rúbrica.
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