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LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
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LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 11-05-2022
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.
Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para
quedar como sigue:
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y tiene
por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, a fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el
orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de
recomendaciones en los términos que este mismo ordenamiento establece.
Artículo 2.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica,
funcional y de gestión.
El proyecto de presupuesto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente será elaborado por la
propia Procuraduría, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su
incorporación, en los términos de los criterios generales de política económica, en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez aprobado su presupuesto, la Procuraduría lo ejercerá
directamente.
En ningún caso, el presupuesto que se asigne a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior.
Artículo 3.- Los servicios que regula esta Ley se prestarán gratuitamente bajo los principios de
probidad, honradez y profesionalismo. Tratándose de los servicios de representación a que hace
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referencia la fracción II del artículo 5, únicamente se proporcionarán cuando el monto del asunto no
exceda de treinta veces el salario mínimo del Distrito Federal elevado al año.
Los servicios de representación a que se refiere el párrafo anterior, podrán proporcionarse sin que sea
necesario agotar previamente la investigación a que se refiere la fracción III del artículo 5 de esta Ley.
Artículo 4.- Los servicios que presta la Procuraduría se otorgarán exclusivamente a petición de parte
interesada, por el Procurador de la Defensa del Contribuyente, por los Delegados Regionales y por el
número de asesores jurídicos suficiente para satisfacer la demanda, debiendo contar mínimamente con
un Delegado y el personal jurídico y administrativo necesario por cada Sala Regional del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa.
Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos federales, estatales y municipales que
estén relacionados o que posean información o documentos vinculados con el asunto del que conoce la
Procuraduría, o que por razones de sus funciones o actividades puedan proporcionar información útil,
están obligados a atender y enviar puntual y oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información que les
requiera la Procuraduría y la que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Asimismo, las autoridades fiscales federales estarán obligadas a:
I.- Tener reuniones periódicas con la Procuraduría, cuando ésta se lo solicite, y
II.- Mantener una constante comunicación con el personal de la Procuraduría y, a proporcionarle a
ésta, la información relativa a los criterios que respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a
la aplicación de las normas fiscales, se tenga al interior de las autoridades fiscales, del sentido de las
consultas que se le hagan, de los diversos formatos utilizados y su llenado y, en general, de toda la
información que requiera la Procuraduría para el cumplimiento de sus funciones.
Las autoridades y los servidores públicos federales, locales y municipales, colaborarán, dentro del
ámbito de su competencia, con las funciones y las actividades de la Procuraduría.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a las sanciones que en ella
se establecen y, en su caso, a la responsabilidad administrativa que se derive de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Se entiende por autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos
fiscales de carácter federal, así como a los organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los
Trabajadores.
Capítulo II
De las Atribuciones
Artículo 5.- Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:
I.- Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes por
actos de las autoridades fiscales federales;
II.- Representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los
recursos administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia
los derechos de sus representados, hasta su total resolución;
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III.- Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las
autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, en los términos de la
presente Ley y, en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, respecto a la
legalidad de los actos de dichas autoridades;
IV.- Impulsar con las autoridades fiscales de la Federación, una actuación de respeto y equidad para
con los contribuyentes, así como la disposición de información actualizada que oriente y auxilie
a los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos y medios de defensa de que
disponen;
V.- Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente
las relativas a garantías, elementos del acto administrativo, facultades de las autoridades
competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del contribuyente;
VI.- Instalar el Servicio Profesional de Carrera para los asesores y personal jurídico, tomando como
base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal;
VII.- Atender, dentro de los límites legales que en la materia existan para las autoridades fiscales, las
obligaciones sobre transparencia e información que impone la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, difundiendo entre la población en general, a
través de la página electrónica que tenga establecida en el sistema "Internet", las principales
acciones que haya realizado tanto en defensa de los contribuyentes como para mejorar la
relación entre éstos y las autoridades fiscales, en términos estrictos de las facultades que esta
Ley le concede. Asimismo y con el objeto de garantizar el cumplimiento de esta Ley, la
Procuraduría proporcionará los datos estadísticos más relevantes para que el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publique al menos semestralmente en
el Diario Oficial de la Federación, la información sobre sus principales actividades
administrativas.
Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 16-05-2008. Reformada DOF 07-09-2009
VIII.- Imponer las multas en los supuestos y montos que en esta Ley se establecen;
IX.- Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas, con
el propósito de verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a Derecho a fin de
proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias, así
como denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de
actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales
federales;
X.- Proponer al Servicio de Administración Tributaria las modificaciones normativas internas para
mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes;
XI.- Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, a
efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria las recomendaciones
correspondientes;
XII.- Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo
solicite el Servicio de Administración Tributaria;
XIII.- Emitir su Estatuto Orgánico;
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XIV.- Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán
obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto
se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o
prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o
de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal
emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en
compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos, y representantes de colegios
profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus
confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes
habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría;
XV.- Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y
difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo
mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de
las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en
estricto apego a la legalidad;
XVI.- Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados
modificaciones a las disposiciones fiscales, y
XVII.- Las atribuciones que deriven de otros ordenamientos.
Las quejas, reclamaciones o sugerencias que los contribuyentes presenten a la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente, no constituirán recurso administrativo ni medio de defensa alguno, ni su
interposición afectará o suspenderá los plazos, trámites y procedimientos que lleven a cabo las
autoridades fiscales y son independientes del ejercicio de los medios de defensa que establecen las
leyes.
Las respuestas que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a los interesados sobre las
quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan presentado, no crean ni extinguen derechos ni
obligaciones de los contribuyentes, así como tampoco liberan de responsabilidad a los servidores
públicos, por lo que dichas respuestas no podrán ser impugnadas.
La formulación de quejas y reclamaciones, así como las resoluciones y recomendaciones que emita el
Procurador de la Defensa del Contribuyente, no constituyen instancia y no afectarán el ejercicio de otros
derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni
suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad, ni afectarán los
trámites o procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales. Esta circunstancia deberá señalarse
a los interesados en el acuerdo de admisión de la queja o reclamación.
Capítulo III
Estructura y Organización de la Procuraduría
Artículo 6.- La Procuraduría se integra por los siguientes órganos:
I. El Procurador de la Defensa del Contribuyente;
II. El Órgano de Gobierno de la Procuraduría;
III. Delegados Regionales, y
IV. Asesores jurídicos.
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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente contará con el personal profesional, técnico y
administrativo de carrera necesario para la realización de sus funciones, por lo que el número, la
organización y las reglas de su operación serán determinadas en el Estatuto Orgánico de la
Procuraduría.
Artículo 7.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente deberá reunir para su designación los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia
tributaria;
III. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años
inmediatos anteriores a su designación;
IV. No haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad
paraestatal en el Gobierno Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos tres años previos a su nombramiento;
V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de
un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualesquiera que haya
sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público, y
VI. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.
Artículo 8.- La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está obligada a:
Párrafo reformado DOF 11-05-2022
I. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría;
II. Ejercer con probidad los recursos presupuestales que se le asignen;
III. Determinar los nombramientos de las personas que prestarán sus servicios de asesoría;
Fracción reformada DOF 11-05-2022
IV. Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de
la Procuraduría. Dicha aprobación estará sujeta a las reglas que para el efecto se establezcan
en el Estatuto Orgánico;
V. Emitir las recomendaciones públicas no vinculativas, así como los acuerdos que resulten de los
procedimientos que practique;
VI. Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno;
VII. Emitir disposiciones o reglas de carácter general y dictar lineamientos y medidas específicas
para la interpretación y aplicación de la normatividad de la Procuraduría, así como, para el
desarrollo y mejor desempeño de las actividades de la propia Procuraduría;
VIII. Delegar facultades en los funcionarios de la Procuraduría en los términos del Estatuto Orgánico;
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IX. Ejercer la representación legal de la Procuraduría y, en su caso, otorgar poderes de
representación de la misma, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico;
X. Elaborar el proyecto de Estatuto Orgánico de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la
aprobación del Órgano de Gobierno;
XI. Proveer lo necesario en lo administrativo y en la organización del trabajo de la Procuraduría, y
XII. Las demás que se determinen en cualquier otra disposición.
Las funciones establecidas en las fracciones IV, VI, VII, IX y X, son indelegables.
Artículo 9.- La designación de la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración la persona titular de la Presidencia de la
República.
La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente durará en su encargo cuatro
años y podrá ser ratificada para un segundo período. Podrá ser destituida y sujeta a responsabilidad por
las causas y conforme a las disposiciones aplicables de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir.
La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, durante el ejercicio de su
encargo, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo
que se trate de actividades estrictamente académicas.
Artículo reformado DOF 11-05-2022
Artículo 10.- Las y los asesores jurídicos deberán reunir para su nombramiento, los mismos requisitos
que la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, exceptuando las fracciones III y
IV del artículo 7, ya que será necesario que cuenten con experiencia acreditada en materia fiscal por un
período continuo de dos años inmediato anterior a su nombramiento, en la selección se deberá garantizar
el principio de paridad de género.
Artículo reformado DOF 11-05-2022
Artículo 11.- Los asesores jurídicos están obligados a:
I.- Prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que
lo soliciten;
II.- Promover ante las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa de los intereses de sus
representados, haciendo valer acciones, excepciones, incidentes, recursos o cualquier otro trámite o
gestión que proceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz defensa; no se surtirá la
obligación anterior cuando a juicio del asesor jurídico la defensa del interesado resulte legalmente
improcedente por no existir bases ni fundamentos para su ejercicio;
III.- Llevar un registro y expediente de control por cada caso que se le presente, desde su inicio, hasta
la conclusión total del asunto, y
IV.- Las demás que resulten de la naturaleza de su función, de la disposición de la Ley y las que les
sean encomendadas por el Procurador de la Defensa del Contribuyente.
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Artículo 12.- El Órgano de Gobierno de la Procuraduría es un cuerpo colegiado integrado, procurando
observar el principio de paridad, por:
I.- La persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien tendrá voto de
calidad en caso de empate en las decisiones del Órgano de Gobierno, y
II.- Seis personas que fungirán como consejeras o consejeros independientes, quienes serán
designadas por la persona titular del Ejecutivo Federal.
La persona titular de la Presidencia de la República preservará un adecuado equilibrio al designar a
dichas consejeras y consejeros, tomando en cuenta a las representaciones de las principales
universidades del país, a las representaciones de asociaciones profesionales, así como a las principales
cámaras empresariales, observando en todo momento el principio de paridad de género. Estos
nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia tributaria
y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente
reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría.
Al aceptar el cargo cada consejera o consejero independiente deberá suscribir un documento donde
declare, bajo protesta de decir verdad, que no tiene impedimento alguno para desempeñarse como
consejera o consejero, así como aceptar los derechos y obligaciones derivados del mismo.
Las personas que funjan como consejeras y consejeros independientes deberán cumplir para su
nombramiento, los mismos requisitos que quien encabece la Procuraduría, exceptuando lo dispuesto en
la fracción III del artículo 7.
Cada persona que funja como consejera o consejero independiente tendrá una suplencia. Esa
suplencia se designará junto con el nombramiento de la consejería independiente de que se trate y
deberá ser del mismo género para mantener el principio de paridad. El cargo de consejera o consejero es
honorífico y durará en su encargo hasta cuatro años.
El Órgano de Gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez cada tres meses y
extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requiere un quórum de mayoría simple
de sus integrantes para su funcionamiento, y las resoluciones que adopten para su validez serán
tomadas por la mitad más uno de sus integrantes presentes con derecho a voto.
Todas las personas integrantes del Órgano de Gobierno tienen derecho de voz y voto.
Las sesiones del Órgano de Gobierno serán convocadas por la persona titular de la Procuraduría, o
mediante solicitud formulada por cuando menos tres de sus integrantes. Las reglas para el debido
funcionamiento del Órgano de Gobierno se establecerán en el Estatuto Orgánico.
Artículo parcialmente declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 16-05-2008. Reformado
DOF 07-09-2009, 11-05-2022
Artículo 13.- El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Procurador;
II.- Fijar lineamientos y aprobar los programas anuales de actividades y las políticas de la
Procuraduría, así como los lineamientos generales de actuación de ésta y de su Procurador y, velar por
el cumplimiento de las reglas del servicio profesional de carrera;
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III.- Aprobar el Estatuto Orgánico de la Procuraduría, en el que se determinará la estructura y
funciones de cada unidad u órgano que lo integren, así como el ámbito competencial de cada uno de
ellos;
IV.- Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del Procurador de la Defensa del
Contribuyente;
V.- Determinar las bases y lineamientos para la promoción de la cultura tributaria;
VI.- Aprobar el nombramiento de los delegados estatales o regionales de la Procuraduría hechos por
el Procurador, y
VII.- Las demás que se establezcan en esta Ley, en el Estatuto Orgánico, o en cualquier otra
disposición.
Artículo 14.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tendrá un Órgano Interno de Control,
cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Publica en términos de lo dispuesto por el
artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se auxiliará, en el
ejercicio de sus facultades, por los titulares de las áreas de auditoria, quejas y responsabilidades,
designados en los mismos términos.
El Órgano Interno de Control, su Titular y los titulares de las áreas de auditoria, quejas y
responsabilidades, desarrollarán sus funciones conforme a las atribuciones que les confiere la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, y otros ordenamientos jurídicos aplicables de conformidad con el Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Publica.
Capítulo IV
Presentación, Tramitación y Resolución de Quejas o Reclamaciones
Artículo 15.- Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
deberán ser breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del contribuyente.
El personal de la Procuraduría tiene la obligación de manejar de manera confidencial la información y
documentación relativa a los asuntos de su competencia.
Tanto el Procurador de la Defensa del Contribuyente como los Delegados Regionales tendrán fe
pública para certificar la veracidad de los hechos en sus actuaciones.
En todos los casos que se requiera se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la
Procuraduría.
Artículo 16.- Cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones para denunciar presuntas
ilegalidades contra sus derechos tributarios y acudir ante las oficinas de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente para presentarlas, ya sea directamente o por medio de representante.
Las quejas o reclamaciones deberán presentarse por escrito, utilizando para estos efectos cualquier
medio, inclusive por la página electrónica que establezca la Procuraduría para tal fin, salvo casos
urgentes calificados por el Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, por los Delegados
Regionales, en que podrán formularse por cualquier medio de comunicación.
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Artículo 17.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente o, en su caso, los Delegados Regionales,
pondrán a disposición del público en general formularios que faciliten los trámites que estén bajo su
esfera de atribuciones y, en todo caso, orientarán a los interesados sobre su contenido, auxiliándolo para
requisitarlo.
En todos los casos que se requiera, se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Artículo 18.- La presentación de la queja o reclamación a que se refiere la fracción III del artículo 5,
podrá hacerse en cualquier tiempo, a menos que, el acto que se reclame de las autoridades fiscales
federales vaya a ser objeto de defensa contenciosa por la Procuraduría, en términos de la fracción II del
artículo 5, caso en el cual la queja para efectos de la recomendación que le precediera, deberá
presentarse a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación
del acto o resolución a impugnarse con el apercibimiento de que, si no se presenta en el término antes
indicado, se tendrá por no presentada.
Cuando la queja o reclamación sea notoriamente improcedente o infundada, será rechazada de
inmediato, debiendo comunicarse por escrito en el término de cinco días hábiles al quejoso o reclamante.
Cuando la queja o reclamación no corresponda de manera ostensible a la competencia de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta deberá notificar la incompetencia al quejoso o
reclamante en el término de cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja o reclamación.
Cuando los quejosos o reclamantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos,
cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos, el escrito que contenga la queja o
reclamación será admitido, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la
investigación posterior de los hechos, siempre que no se esté en el supuesto a que se refiere la fracción
II del artículo 5 de la presente Ley, en cuyo caso se tendrá por no presentada la queja o reclamación.
Si de la presentación de la queja o reclamación no se deducen los elementos que permitan la
intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ésta dentro del término de tres días
siguientes a su presentación, requerirá al quejoso o reclamante, para que haga la aclaración respectiva,
con el apercibimiento de que si en el término de tres días contados a partir del día siguiente a que surta
efectos su notificación, no subsana la omisión requerida, se tendrá por no presentada.
Artículo 19. En caso de ser procedente o habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto
de admisión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la queja o reclamación; en dicho
acuerdo se requerirá a las autoridades señaladas como responsables para que en el término de tres días
hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, rindan un informe sobre los actos que se les
atribuyan en la queja o reclamación.
En casos urgentes y para la mejor eficacia de la notificación, el Procurador de la Defensa del
Contribuyente o en su caso los Delegados Regionales, podrán ordenar que ésta se realice a las
autoridades responsables por la vía electrónica.
En el informe que rindan las autoridades, se deberán hacer constar los antecedentes del asunto, los
fundamentos y motivaciones de los actos reclamados, si efectivamente éstos existieron, debiendo
acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. El
interesado deberá cubrir previamente el pago de los derechos respectivos por la expedición de tales
copias certificadas.
Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al que se hubiesen
pronunciado, y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.
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Artículo 20.- Para el trámite de la queja o reclamación, cuando se requiera una investigación, la
Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de
los contribuyentes, la presentación del informe a que se refiere el artículo anterior, así como la
documentación adicional, y
II.- Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor
conocimiento del asunto y acreditamiento de las quejas o reclamaciones.
Artículo 21.- Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o
servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien las que de oficio se requieran o
practiquen, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de valoración de la prueba en
los términos de los artículos 130 y 234 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que puedan producir
convicción sobre los hechos materia de la queja o reclamación.
Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas
exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente.
Capítulo V
De los Acuerdos y Recomendaciones
Artículo 22.- El Procurador de la Defensa del Contribuyente podrá dictar:
I.- Acuerdos de trámite, para que las autoridades fiscales federales aporten información o
documentación, salvo aquella que la Ley considere reservada o confidencial;
II.- Recomendaciones no imperativas para la autoridad o servidor público a la que se dirija, y
III.- Acuerdos de no responsabilidad.
Artículo 23.- Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del informe de las autoridades
responsables a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
formulará una recomendación, analizando los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos
de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado
o no los derechos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales; señalando, en su
caso, las prácticas en que hubieren incurrido las autoridades responsables.
En la recomendación, se propondrán las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución
de los afectados en sus derechos, y si procede, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen
ocasionado.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en sus actuaciones tomará en cuenta tanto la buena
fe que la Ley presume en los contribuyentes, como el interés público que existe en la recaudación de los
tributos.
Artículo 24.- En caso de que no se comprueben las irregularidades imputadas, la Procuraduría en el
término de cinco días, después de recepcionado el informe de las autoridades responsables, dictará
acuerdo de no responsabilidad.
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Artículo 25.- La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o
servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar
sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o reclamación.
Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro
de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, si acepta o no dicha
recomendación.
En caso de no aceptar o aceptar parcialmente la recomendación formulada, la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente procederá de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 5 de la
presente Ley.
En caso de aceptar la recomendación, entregará, dentro de los diez días hábiles siguientes, las
pruebas que acrediten de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado por
una sola vez por igual término cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite y lo autorice el
Procurador de la Defensa del Contribuyente o los Delegados Regionales.
En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Procuraduría no procede
ningún recurso.
Artículo 26.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estará obligada a entregar las pruebas
que resulten necesarias a la autoridad a quien se dirigió una recomendación, con el objeto de que dicha
autoridad cuente con los elementos necesarios para cumplimentar, en todo caso, la recomendación de
que se trate.
Artículo 27.- Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos
concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.
Capítulo VI
De las Sanciones
Artículo 28.- Los servidores públicos de las autoridades fiscales federales serán sancionados:
I.- Con entre cinco y diez salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes cuando:
1.- No rindan el informe requerido en el plazo y términos establecidos, o no acompañen los
documentos a que se refiere el Artículo 19 de esta Ley, cuando el interesado haya cubierto los derechos
respectivos, o no entreguen los documentos o den los datos adicionales solicitados por la Procuraduría.
2.- No informen dentro de los términos a que se refieren los párrafos segundo y cuarto del artículo 25
de esta Ley, si en su caso, aceptan la recomendación emitida por la Procuraduría;
II Con entre veinte y treinta salarios mínimos del Distrito Federal, elevados al mes cuando no asistan a
las reuniones periódicas establecidas en la fracción XIV del artículo 5;
III.- Será motivo de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la
Ley del Servicio de Administración Tributaria, cuando los servidores públicos de las autoridades fiscales
federales se nieguen a cumplir la recomendación que se les dirija, siempre que el contribuyente logre,
mediante el ejercicio de acciones administrativas o contenciosas, que el acto que fue objeto de la
intervención de la Procuraduría sea declarado nulo por ausencia total de fundamentación o motivación
mediante resolución definitiva.
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La imposición de las multas estará a cargo del Procurador de la Defensa del Contribuyente, y de los
Delegados Regionales en el ámbito de su competencia. El Procurador podrá delegar esta facultad a otros
servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá prever los recursos para la creación y
funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
ARTÍCULO TERCERO.- La elección del primer Procurador de la Defensa del Contribuyente deberá
hacerse dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de esta Ley. Dentro de los siguientes
cuarenta y cinco días hábiles a su elección, deberá constituirse el Órgano de Gobierno de la
Procuraduría, órgano que deberá expedir su Estatuto Orgánico a más tardar dentro de treinta días
siguientes a su constitución. La Procuraduría deberá estar operando y funcionando, a más tardar dentro
de los siguientes ciento veinte días al inicio de la vigencia de la presente Ley.
ARTICULO CUARTO.- El Procurador es el responsable del proceso de constitución de la
Procuraduría, se le faculta para decidir sobre cualquier obstáculo o imprevisto que impida o retrase el
proceso de creación y constitución de la Procuraduría, referido en el artículo anterior, debiendo en la
primera sesión del Órgano de Gobierno, llevada a cabo después de tomada la decisión, ponerla a
consideración de éste para que, en su caso la ratifique.
ARTICULO QUINTO.- El Procurador gestionará ante las instituciones que correspondan, la propuesta
para la designación de los Consejeros independientes.
ARTICULO SEXTO.- De acuerdo con la fracción XIV del artículo 5 de esta Ley, las personas que al
inicio de las operaciones de la Procuraduría tengan el carácter de síndicos, podrán solicitar su registro
ante ésta.
México, D.F., a 26 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Micaela Aguilar
González, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de agosto
de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
SENTENCIA de veintiséis de febrero de 2008, dictada en la Acción de
Inconstitucionalidad 38/2006, promovida por el Procurador General de la República, en
contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los votos (concurrente) que
formulan los señores Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio Salvador
Aguirre Anguiano; (particular) de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón y Sergio
Salvador Anguiano, y (particular) del señor Ministro Juan N. Silva Meza.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2008
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de
Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2006.
PROMOVENTE: PROCURADOR GENERAL DE LA
REPUBLICA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURAN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al día veintiséis de febrero de dos mil ocho.
VISTOS; Y RESULTANDO:
PRIMERO a OCTAVO. ……….
CONSIDERANDO:
PRIMERO a CUARTO. ……….
QUINTO. ……….
El artículo 5o., fracción VII, de la Ley impugnada, en la parte que interesa, dice textualmente:
"Artículo 5. Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:
(…)
VII. Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de su función y
comparecer siempre que sea convocado para ese efecto, ante el Pleno o las
Comisiones camerales correspondientes; (…)”
…….
SEXTO. …….
El precepto legal impugnado de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
establece, en su parte conducente, lo que sigue:
"Artículo. 12. El Organo de Gobierno de la Procuraduría es un cuerpo colegiado
que se integra de la siguiente manera:
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I. (…)
II. Seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el Senado de
la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El Senado de la República preservará un adecuado equilibrio al designar a dichos
consejeros, tomando en cuenta a los representantes de las principales
universidades del país, a los representantes de asociaciones profesionales, así
como a las principales cámaras empresariales. Estos nombramientos deberán
recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia fiscal y
contable y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y
experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar las
funciones de la Procuraduría.
Al aceptar el cargo cada consejero independiente deberá suscribir un documento
donde declare, bajo protesta de decir verdad, que no tiene impedimento alguno
para desempeñarse como consejero, así como aceptar los derechos y obligaciones
derivados de tal cargo.
Los consejeros independientes deberán cumplir para su nombramiento, los
mismos requisitos que el Procurador, exceptuando lo dispuesto en la fracción III
del artículo 7.
Cada Consejero Independiente tendrá un suplente. El suplente se designará junto
con el nombramiento del consejero independiente de que se trate. El cargo de
consejero es honorífico y durará en su encargo hasta cuatro años.
El Organo de Gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez
cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se
requiere un quórum de mayoría simple de sus integrantes para su funcionamiento,
y las resoluciones que adopten para su validez serán tomadas por la mitad más
uno de los consejeros presentes con derecho a voto.
Todos los miembros del Organo de Gobierno tienen derecho de voz y voto.
Las sesiones del Organo de Gobierno serán convocadas por el Procurador, o
mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros. Las
demás reglas para el debido funcionamiento del Organo de Gobierno se
establecerán en el Estatuto Orgánico."
……….
SEPTIMO. De conformidad con los artículos 73 y 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la invalidez decretada respecto de los
artículos 5o., fracción VII, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente surtirá efectos a partir de la legal notificación de esta sentencia al Congreso de la Unión.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 5o., fracción VII, y 12, fracción II, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicada el cuatro de septiembre de dos
mil seis, en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Se desestima la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 9o., párrafos primero
y segundo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicada el cuatro de
septiembre de dos mil seis en el Diario Oficial de la Federación.
Notifíquese por medio de oficio a las partes interesadas y, en su oportunidad, archívese el expediente
como asunto concluido.
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Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de diez
votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de
Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga María del Carmen
Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se aprobó la propuesta
de declarar la invalidez del artículo 5, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Orgánica de la Procuraduría
del Contribuyente, y el Señor Ministro Juan N. Silva Meza votó en contra y se reservó su derecho para
formular voto particular.
Por mayoría de siete votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón
Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela
Güitrón, Sergio A. Valls Hernández y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se aprobó la propuesta de
declarar la invalidez del artículo 9, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente, y los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David
Góngora Pimentel, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza,
votaron en contra y se reservaron su derecho a formular votos particulares o, en su caso, voto de
minoría, y los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, José
Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández, se reservaron su derecho para formular,
en su caso y oportunidad, votos concurrentes o un voto concurrente conjunto.
Por unanimidad de once votos se aprobó la propuesta de declarar la invalidez del artículo 12, fracción
II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y los Señores Ministros Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando
Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela
Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza
El señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los
términos precisados.
Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ministro Ponente, con
el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
El Presidente, Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- Rúbrica.- El Ponente, Ministro Sergio
Salvador Aguirre Anguiano.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, José Javier Aguilar
Domínguez.- Rúbrica.
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VOTO particular que formula el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel en la
Acción de Inconstitucionalidad 38/2006, promovida por el Procurador General de la
República en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la
Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2008
VOTO particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en la sentencia dictada
en la Acción de Inconstitucionalidad 38/2006, promovida por el Procurador General de la
República en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la
Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2009
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2009
Artículo Único. Se reforman la fracción VII del artículo 5 y la fracción II y el segundo párrafo del
artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como
sigue:
……….
Transitorios
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D. F., a 14 de abril de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Cesar
Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Claudia S. Corichi Garcia, Secretaria.- Dip. Maria Eugenia
Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinte de agosto de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Defensoría Pública, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Cultura Física y
Deporte, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente, de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, de
la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que Crea la Agencia de Noticias
del Estado Mexicano, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de la Industria
Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
referente al Sector Social de la Economía, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de
la Ley de Concursos Mercantiles, de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia
Social, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal para
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de
Variedades Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de la Ley Federal de Sanidad
Animal, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones
de la Sociedad Civil, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud,
de la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de paridad de género.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2022
Artículo Quinto. Se reforman los artículos 8, primer párrafo y fracción III; 9; 10 y 12 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue:
……..
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. De acuerdo con el artículo transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman los
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Paridad entre Géneros, se deberá observar el principio de paridad de manera progresiva, a
partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.
Tercero. Todas las obligaciones que se generen con la entrada en vigor del presente Decreto se
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio
fiscal en curso y subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos y, en
caso de que se realice alguna modificación a su estructura orgánica, está también deberá ser cubierta
con su presupuesto autorizado y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen.
Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Luis Enrique Martínez Ventura, Secretario.- Sen.
Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas."
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 2 de mayo de 2022.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.-
Rúbrica.
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