Sentencia SUP-JRC-0010-2009

"LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE. La legitimación activa del tercero interesado para promover el medio de defensa que proceda en contra de la resolución emitida en un juicio o recurso que forme parte de una cadena impugnativa, deriva de que el impugnante haya tenido el carácter de parte actora o tercera interesada en el procedimiento natural, por lo que la comparecencia previa no constituye un requisito esencial para su comparecencia posterior, ya que la necesidad de ejercitar su derecho de defensa surge a partir de la existencia de una resolución que resulte adversa a sus intereses."

"VIII. Una vez establecido lo anterior, este Órgano Jurisdiccional, realiza las siguientes consideraciones:

El principio de legalidad en materia electoral, implica la sujeción invariable de todo acto o resolución electoral, a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, en las disposiciones legales aplicables, tanto para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos, como para efectuar la revisión de la constitucionalidad, o en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades federales y locales electorales, de tal forma, que los artículos 41, párrafo segundo, fracciones V y VI; 99, párrafo cuarto; y 116, fracción IV, incisos b) y l), de nuestra Carta Magna, así como las legislaciones secundarias en materia electoral, establecen todo un sistema integral de justicia en materia electoral.

Dicho principio de legalidad es de aplicación permanente para todas y cada una de las diversas etapas que conforman a los procesos electorales y rige tanto en el ámbito federal, como estatal; se trata pues de un principio rector de la función electoral de rango constitucional.

Se vulnera el principio de legalidad en materia electoral, cuando un acto o resolución emanada de una autoridad administrativa o jurisdiccional electoral, equivoca su fundamentación o motivación y, con ello, se aparta de la normativa vigente y aplicable a que debe atenerse, en la solución de un determinado asunto sometido a su consideración.

En el caso concreto, como se ha visto, el punto de litigio, es dilucidar si el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al emitir su acuerdo ahora impugnado, determinó el financiamiento privado que podrá obtener en el año 2009 dos mil nueve cada partido político, ateniéndose o no, a las bases y lineamientos que para ello, ordena el artículo 90, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, de tal forma, que deba concederse o no, la razón al apelante en su pretensión jurídica, que es la revocación de la resolución impugnada y el acceso a los recursos del financiamiento privado como lo solicita.

Ahora bien, el aspecto medular tiene que resolverse bajo la interpretación gramatical, sistemática y funcional, de ser necesario, en criterios jurisprudenciales sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que resultaren procedentes), o en los principios generales del derecho, en ese estricto orden establecido en el artículo 499 de nuestro Código Electoral; y tal punto medular es: cuáles reglas deben seguirse y qué porcentajes deben aplicarse para determinar el límite del financiamiento que no proviene del erario público (es decir, privado), que podrá obtener en el año 2009 dos mil nueve cada partido político.

Es atinente, manifestar que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regular las bases mínimas en materia electoral, en tratándose de fijar límites de las erogaciones de los partidos políticos, deberán atenerse las constituciones y legislaciones de las Entidades Federativas de la república mexicana, en lo que importa, a lo siguiente:

En el mismo tenor, en la normativa de carácter federal, el artículo 78, párrafo cuarto, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone:

De los artículos transcritos se colige lo siguiente:

1) Que la Carta Magna ordena que en las legislaciones de las Entidades Federativas, se regule el monto máximo que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma no excederá del 10% del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador;

2) Que la Carta Magna también dispone que las constituciones y leyes estatales, deben determinar procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y establezcan sanciones por el incumplimiento a las disposiciones en esta materia;

3) Que, a nivel federal, la legislación secundaria, dispone como modalidades del financiamiento privado (no proveniente el erario público), el que provenga de:

a) Militancia: conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados;

a) Candidatos: cuotas voluntarias y personales que ellos aporten exclusivamente para sus campañas;

c) Simpatizantes: las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país;

d) Autofinanciamiento: ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales (conferencias, espectáculos, rifas, etcétera); y

e) Fondos y fideicomisos bancarios para la inversión de recursos líquidos a fin obtener rendimientos financieros.

4) Que, a nivel federal, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos que provengan de las fuentes señaladas en los incisos a), b) y d), es decir, de la militancia (conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados); de candidatos (cuotas voluntarias y personales que ellos aporten exclusivamente para sus campañas); el de autofinanciamiento (ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales), y de colectas o mítines en la vía pública, no podrá ser mayor al 10% anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior.

Esto es, es evidente que se trata de dos formas inclusivas para calcular el monto final máximo que puede obtener cada partido político como financiamiento privado: uno sobre el 10% de los conceptos que engloban los incisos a), b) y d) ya citados, y otro 10% sobre los conceptos citados en los incisos restantes, o sea, c) y e), por estar ambos regulados como parte del financiamiento privado al que tienen derecho los partidos políticos; en otras palabras:

Tope hasta el 10% del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior, cuando provenga de lo obtenido por los incisos a), b) y d) del párrafo cuarto del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tope hasta el 10% del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior, cuando provenga de afiliados y simpatizantes, según dispone el inciso c), fracción I, párrafo cuarto, del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En esta interpretación gramatical y sistemática, la máxima autoridad administrativa electoral federal, en comunicado que publicó el pasado día 12 doce de febrero del presente año, por conducto de su Encargado del Despacho de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en el nivel federal y previa aplicación de lo citado con anterioridad, fijó el monto máximo que cada partido político podrá recibir en el año 2009 dos mil nueve, en los siguientes términos:

Ahora bien, la interrelación que guardan los dispositivos legales federales analizados y la normativa estatal -Constitución Política del Estado de Jalisco y el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado-, sobre el procedimiento que para fijar el monto máximo de este tipo de financiamiento a los institutos políticos, se justifica en la similitud de bases o lineamientos para fijarlo, como ilustra en la siguiente tabla:

De los preceptos legales en cita, se observa que, en esencia, son similares las bases y porcentajes aplicables sobre los que debe determinarse el límite del financiamiento privado que podrá obtener en el año 2009 dos mil nueve cada partido político, a lo que en opinión de este Órgano Jurisdiccional, no se atuvo la autoridad electoral primigenia al emitir el acuerdo impugnado, quien, como lo señala el actor en su escrito inicial de demanda, interpretó erróneamente al artículo 90, en sus párrafos 3 y 4, del Código Electoral y de Participación Ciudadana, causando un perjuicio al partido político que apela.

En efecto, en el ámbito estatal, debió procederse de manera similar a lo acontecido en el federal, que no por conculcación a la autonomía y soberanía de las Entidades Federativas, y sí por sujeción a la aplicación de estricto derecho de la normativa estatal, así la autoridad señalada como responsable, debió interpretar con base en lo siguiente:

1. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone que la ley (entiéndase la secundaria, es decir, el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado) establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de simpatizantes, cuya suma total no excederá del 10% del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador;

2. Que la Constitución Local, también dispone que la ley, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y dispondrá las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones en esta materia;

3. Que el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dispone como modalidades del financiamiento privado (no proveniente el erario público), el que provenga de:

a) Militancia: conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados;

b) Candidatos: cuotas voluntarias y personales que ellos aporten exclusivamente para sus campañas;

c) Simpatizantes: las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país;

d) Autofinanciamiento: ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales (conferencias, espectáculos, rifas, etcétera); y

e) Fondos y fideicomisos bancarios para la inversión de recursos líquidos a fin obtener rendimientos financieros.

4. Que la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos que provengan de las fuentes señaladas en las fracciones I, II y IV, es decir, de la militancia (conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados); de candidatos (cuotas voluntarias y personales que ellos aporten exclusivamente para sus campañas); el de autofinanciamiento (ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales), y de colectas o mítines en la vía pública, no podrá ser mayor al 10% anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador del Estado inmediata anterior.

Así, un límite (de hasta el 10% del monto como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador inmediata anterior) será el resultante de la sumatoria de los conceptos de las fracciones I, II y IV; y otro límite del 10% en la misma base de la elección de Gobernador del Estado, lo será el resultante por los conceptos citados en la fracción III, del párrafo tercero, del multicitado artículo 90 del Código en la materia.

Resulta pues, que se trata de dos formas inclusivas para calcular el monto final máximo que puede obtener cada partido político como financiamiento privado:

Tope hasta el 10% del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador del Estado inmediata anterior, cuando provenga de lo obtenido por las fracciones I, II y III del párrafo tercero, del artículo 90 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Tope hasta el 10% del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador del Estado inmediata anterior, cuando provenga de afiliados y simpatizantes, según dispone la fracción III, inciso a), del párrafo tercero, del artículo 90 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el citado acuerdo, particularmente en los Considerandos XIII y XIV, en lo que interesa menciona textualmente, que:

"XIII. Los artículos 89, párrafo 1, fracciones II, III, IV y V y 90, párrafo 3, fracción I del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establecen que el financiamiento que reciben los partidos políticos que no proviene del erario público, tiene las siguientes modalidades:

Ya desde esas partes considerativas del acuerdo impugnado, la autoridad señalada como responsable, estaba englobando todos los conceptos ordenados en las fracciones I, II, III, IV y V, del párrafo tercero, del artículo 90 del Código en la materia, erróneamente en un sólo 10% del monto establecido como tope de gastos de campaña de Gobernador inmediata anterior sin hacer el distingo respecto del otro 10% que dispone el financiamiento proveniente de los simpatizantes, como lo ordena la fracción III, en su inciso a) del ya citado precepto legal.

En ese orden, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en su Anexo del acuerdo, para el efecto de determinar el monto total de financiamiento privado que podrá obtener cada partido político para este año 2009 dos mil nueve, en lo tocante a los porcentajes, aplicó, únicamente el 10% en el que incluyó como ya se dijo todo tipo de aportaciones que regula el artículo 90, párrafo tercero, sin aplicar como debía: un 10% sobre las aportaciones provenientes de las fracciones I, II y IV; otro 10% sobre aportaciones provenientes de la fracción III, inciso a).

Lo anterior, es observable, en lo que importa, en la parte del anexo de la autoridad señalada como responsable:

Ante la errónea aplicación de la legislación vigente en la materia y, consecuentemente, notable omisión en que incurrió la autoridad señalada como responsable, este Pleno del Tribunal Electoral arriba a la conclusión de que sí se vulneró el principio de legalidad, objetividad y certeza en perjuicio del instituto político apelante.

Así, al asistirle la razón jurídica al apelante, Partido Revolucionario Institucional en su demanda del recurso de apelación identificado como RAP-002/2009, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 534, por remisión directa el diverso 607, 604 y 608 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se considera que lo procedente es revocar el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual determina el límite del financiamiento privado que podrá obtener en el año dos mil nueve cada partido político, de conformidad con lo establecido en el artículo 90, párrafos 3, fracción III, inciso a) y 4, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco", y ordenarle a la autoridad señalada como responsable para que en plazo de 24 veinticuatro horas contadas a partir de en que surta efectos la notificación de la sentencia respectiva, emita nuevo acuerdo por el que determine el límite del financiamiento privado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 57 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 73, 77, párrafo primero, 82 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; 599 fracción II y demás relativos y aplicables del Código Electoral del Estado de Jalisco, 1, 4, fracción X, 5, 9, 48, 113 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional

PRIMERO. La competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco identificado con las siglas y números IEPC-ACG-011/2009 de fecha 28 veintiocho de enero del año 2009 dos mil nueve, en virtud del cual se determinó el límite de financiamiento privado que deberán obtener los partidos políticos en el año de 2009 dos mil nueve, quedó acreditada en los términos del considerando I de esta resolución.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana identificado con las siglas y números IEPC-ACG-011/09 de fecha 28 veintiocho de enero del presente año de conformidad a lo precisado en el considerando VIII de esta resolución.

TERCERO. Se ordena a la autoridad señalada como responsable para que en plazo de 24 veinticuatro horas contadas a partir de en que surta efectos la notificación de esta sentencia, emita nuevo acuerdo por el que determine el límite del financiamiento privado que podrá obtener en el año 2009 dos mil nueve cada partido político, atendiendo los términos precisados en esta resolución."

Único.- En la sentencia definitiva impugnada se aplica el artículo 90, párrafos 3 y 4, del Código Electoral y de Participación Ciudadana, porción normativa que es contraria o violatoria del artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se solicita la no aplicación de dicha porción normativa, con fundamento en el artículo 9, párrafo 1, inciso e), parte final, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La disposición constitucional en mención establece:

"Artículo 116. [Se transcribe]

De la trascripción anterior se obtiene, entre otras cuestiones, que los partidos políticos pueden obtener, además del financiamiento público que brinda el Estado, financiamiento privado, sin embargo éste financiamiento tiene un límite, el cual es hasta una suma total que no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador.

El artículo 41, Base II, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece una disposición similar para la materia electoral federal en los términos siguientes:

"Artículo 41. [Se transcribe]

Esta última porción normativa constitucional federal fue interpretada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los considerandos que contiene la sentencia definitiva dictada en el Recurso de Apelación RAP-253/2008, en los términos siguientes:

"la suma del total de los recursos no públicos que los partidos pueden allegarse, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior."…

"Para efectuar el análisis respectivo, este Tribunal Federal considera necesario tener en cuenta lo que constituye el financiamiento público y el financiamiento privado o no público de los partidos políticos, así como los fines que con ellos se pretende y las razones de su regulación, con el establecimiento del límite de los ingresos, así como el control de su aplicación.

Del artículo 41, base II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales contarán de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

En ese mismo precepto y base constitucionales, pero en su párrafo penúltimo, se ordena que en la propia ley se establezca el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, "cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten" y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

La disposición de la ley suprema prevé categóricamente la prohibición de rebasar, por financiamiento no público, el límite equivalente al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial, sin hacer distinción alguna sobre ingresos netos o brutos. Ese mandamiento además vincula al legislador para que en la ley secundaria se fijen los montos máximos de las aportaciones de simpatizantes, regulación en la cual evidentemente aplica la prohibición constitucional de referencia, en los términos referidos."

…

Los recursos privados se conforman por distintos conceptos que provienen de fuentes de ingresos diversas, a saber:

(i) aportaciones de militantes,

(ii) cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas,

(iii) financiamiento de simpatizantes por aportaciones o donativos en dinero o en especie,

(iv) autofinanciamiento,

(v) rendimientos financieros y

(vi) colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

* Se establece de manera expresa y directa un límite máximo a la suma total de las aportaciones de los simpatizantes, que no podrá exceder anualmente para cada partido del diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial."

…

"los partidos políticos, que como entidades de interés público tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Para lo cual, por mandamiento constitucional se les otorga financiamiento público y se limita otra clase de financiamiento, estatuyéndose medidas estrictas de control para evitar el ingreso de recursos prohibidos, a fin de que dichos institutos políticos no se vinculen ni adquieran compromisos con intereses particulares, o soslayen los fines públicos que tienen asignados."

…

De la parte trascrita de los considerandos de la sentencia definitiva dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Recurso de Apelación SUP-RAP-253/2008, se obtiene que la suma del total del financiamiento no público o privado que pueden obtener los partidos políticos, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior, en virtud que así lo establece el artículo 41, base II, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Federal.

Luego, si el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene una disposición prácticamente idéntica aplicable para la materia electoral local, y que solamente difiere en cuanto a que el tope del diez por ciento de financiamiento no público o privado que puede recibir los partidos políticos, es en relación con el tope de gastos de campaña de la elección de gobernador inmediata anterior, válidamente se puede concluir que la interpretación de esta disposición constitucional es en los mismos términos que la realizada al artículo 41 en la parte normativa que se analizo por parte de las Sala Superior.

Dicho en otras palabras, del análisis del artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que los partidos políticos solo pueden obtener financiamiento no público o privado anual hasta un máximo equivalente al diez por ciento del tope de gastos de campaña de la elección de gobernador inmediata anterior.

Establecido lo anterior, se procede a realizar el análisis del artículo 90, párrafo 3 y 4 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Estas porciones normativas establecen lo siguiente:

"3. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:

I. El financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las siguientes reglas:

a) El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; y

b) Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados así como las aportaciones de sus organizaciones.

II. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido. La suma de las aportaciones realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro del límite establecido en el párrafo 4 de este artículo.

III. El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 89. Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas:

a) Cada partido político podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes hasta por una cantidad equivalente al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado inmediata anterior;

b) De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se harán constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, registro federal de contribuyentes del aportante. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables en el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido;

c) Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña de Gobernador;

d) Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la fracción anterior; y

e) Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.

IV. El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. Para efectos de este Código, el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos; y

V. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las siguientes reglas:

a) Deberán informar a la Unidad de Fiscalización de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido;

b) Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año;

c) En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto, con la colaboración y por medio del Instituto Federal Electoral, obtendrá información detallada sobre su manejo y operaciones; y

d) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.

4. En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes señaladas en las fracciones I, II y IV, y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador inmediata anterior."

De lo anterior se obtiene lo siguiente:

a) Los partidos políticos pueden obtener financiamiento no público o privado proveniente de simpatizantes hasta por una cantidad equivalente al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado inmediata anterior, párrafo 3, fracción III, inciso a);

b) Adicionalmente, los partidos políticos también pueden obtener financiamiento no público o privado vía la militancia, cuotas voluntarias y personales de los candidatos y autofinanciamiento, el cual no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador inmediata anterior, párrafo 4;

c) Por lo tanto, los partidos políticos pueden obtener de financiamiento no público o privado hasta un veinte por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado inmediata anterior.

Este monto de financiamiento no público o privado que pueden recibir los partidos políticos de acuerdo con el artículo 90, párrafos 3 y 4 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, veinte por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado inmediata anterior, contraviene lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que este precepto constitucional sólo permite que los partidos políticos puedan recibir por concepto de financiamiento no público o privado hasta el diez por ciento del tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado inmediata anterior.

Por lo tanto, se solicita la no aplicación del artículo 90, párrafos 3 y 4 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, aplicado en la sentencia impugnada y en el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que da cumplimiento a la sentencia impugnada, por contravenir el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, se revoque dicha sentencia y acuerdo y se determine que el financiamiento no público o privado que pueden recibir los partidos políticos es sólo hasta el diez por ciento del tope de gastos para la campaña de Gobernador del Estado inmediata anterior."

"Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación."

"Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

…

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

…

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;"…

"Artículo 116. …

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

…

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;"…

"Artículo 13.- …

La ley determinará, en el ámbito estatal, el procedimiento para la constitución y reconocimiento de los partidos políticos, la forma de acreditación de los partidos políticos nacionales, el registro de los partidos políticos estatales, los supuestos de pérdida de registro y acreditación, así como sus derechos, obligaciones, prerrogativas y las formas específicas de su intervención en los procesos electorales, los procedimientos para liquidar sus obligaciones, destino y adjudicación de bienes y remanentes a favor del Estado o Instituto Electoral en los casos de pérdida de registro o acreditación, conforme a las siguientes bases:

…

IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento público destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro o acreditación después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así como para actividades específicas, y se otorgarán conforme a las bases siguientes y lo que disponga la ley: …

V. La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, el diez por ciento del tope de gastos establecidos para la última campaña de gobernador, asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones;"…

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

a) El Consejo General del Instituto Electoral determinará anualmente en el mes de Julio el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado de Jalisco, a la fecha de corte de Diciembre del año inmediato anterior, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para la zona metropolitana de Guadalajara;

b) El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:

El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos que hubieran obtenido por lo menos el tres punto cinco por ciento en la elección de Diputados locales inmediata anterior.

El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación total emitida que hubiese obtenido, en la elección de Diputados locales inmediata anterior, cada partido político que posterior a la elección siga conservando su registro;

c) Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; y

d) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario.

II. Para gastos de campaña:

a) En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo del Estado, a los integrantes del Congreso local y de los Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al sesenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;

b) En el año de la elección en que se renueve solamente a los integrantes del Congreso local y de los Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cuarenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;

c) El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las prerrogativas;

d) El financiamiento para las actividades tendientes a la obtención del voto se entregará a los partidos políticos en una sola exhibición, a más tardar en la fecha límite que señale este Código para resolver sobre el registro de candidatos; y

e) Los recursos destinados a gastos de campaña, invariablemente deberán ser ejercidos exclusivamente al fin para el cual fueron destinados. Para tal efecto, se estará a las reglas de fiscalización establecidas en el presente Código.

III. Por actividades específicas como entidades de interés público:

a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere la fracción I de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en el inciso b) de la fracción antes citada;

b) El Consejo General, a través de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en el inciso inmediato anterior; y

c) Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o acreditación con fecha posterior a la última elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, con efectos a partir de la fecha del registro o acreditación, conforme a las siguientes bases:

I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en año de elección, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por la fracción II del párrafo 1 del presente artículo; y

II. Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.

a) El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; y

b) Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados así como las aportaciones de sus organizaciones.

III. El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 89. Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas:

b) De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se harán constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, registro federal de contribuyentes del aportante. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables en el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido;

c) Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña de Gobernador;

d) Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la fracción anterior, y

e) Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.

a) Deberán informar a la Unidad de Fiscalización de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido.

b) Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año;

c) En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto, con la colaboración y por medio del Instituto Federal Electoral, obtendrá información detallada sobre su manejo y operaciones; y

d) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.

4. En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes señaladas en las fracciones I), II) y IV), y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador inmediata anterior. (El subrayado es de esta sentencia).

"En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes señaladas en las fracciones I), II) y IV), y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de Gobernador inmediata anterior." (El subrayado es añadido en esta sentencia).

Como se ve, en este apartado no se contempla el financiamiento proveniente de las aportaciones de simpatizantes, previsto en la fracción III del artículo 90 de la ley citada, lo que revela que se trata de dos supuestos de limitación al financiamiento no público, claramente diferenciados en razón del tipo de sujetos que hacen las aportaciones y la procedencia del financiamiento.

En efecto, las fracciones I, II y IV, del párrafo 3, citadas en el párrafo 4 antes transcrito, regulan las modalidades de financiamiento público derivadas de:

- Fracción I. El financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas.

- Fracción II. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas (sic).

- Fracción IV. El autofinanciamiento constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria, así como cualquier otra similar que realicen para allegarse de fondos.

La interpretación literal y funcional de los preceptos en estudio lleva a la conclusión de que el legislador local contempló dos límites diferentes para el financiamiento de los partidos que no proviene del erario público, lo que se corrobora a partir de las dos previsiones que estableció en apartados diferentes y de las distinciones que efectuó en las modalidades de financiamiento de ese tipo.

Dicha distinción se corrobora si se toma en cuenta que en el artículo 89, párrafo 1, de la ley electoral local, se establece lo siguiente:

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

I. Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;

II. Financiamiento por la militancia;

III. Financiamiento de simpatizantes;

IV. Autofinanciamiento; y

V. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Artículo 116.- […].

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[…]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y

n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse

Artículo 41.- […]

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[…]

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

[…]

Pero, además, se proponen límites mucho menores a los hoy vigentes para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos, lo que, de aprobarse, se reflejaría en una reducción de más del 85 por ciento en el monto absoluto que cada partido podría recibir anualmente por esos conceptos.

Artículo 41. […]

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[…]

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

[…]

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al uno y medio por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. Será distribuido a cada partido conforme al porcentaje de votos que haya obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

[…]

Artículo 116. […]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;

[…]

[…]

[...]

Respecto a la segunda adición propuesta en la nueva redacción, es procedente hacer notar que plantea fijar un monto máximo a las aportaciones de simpatizantes partidistas, es decir al financiamiento privado de los partidos políticos, equivalente a diez por ciento del tope de gastos establecido para la elección de Presidente de la República en la elección inmediata anterior. Con ello se reduce significativamente el monto que cada partido podrá recibir por este concepto. En efecto, al día de hoy, conforme a la norma establecida por la ley, ese monto es de casi 270 millones de pesos al año para cada partido; al modificarse la base para su cálculo, se produciría su reducción a una cifra de alrededor de 65 millones de pesos, si el tope de gastos para la campaña presidencial permaneciera en el nivel de 2006, pero es evidente que en la legislación secundaria el Congreso de la Unión habrá de ajustar a la baja los criterios para su determinación por el Consejo General del IFE, en congruencia con la sustancial reducción que se propone en este Dictamen para el financiamiento público de campañas electorales, de modo que se estima que el monto máximo de financiamiento privado para cada partido, anual, no será mayor a 40 millones de pesos, una reducción de alrededor del 85 por ciento respecto a lo actual.

[…]

En segundo lugar, pasan a razonar las motivaciones que llevan, a las cuatro Comisiones Dictaminadoras, unidas conforme al turno dictado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, a proponer al Congreso de la Unión, y por su conducto al Constituyente Permanente, un nuevo modelo de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad, bajo las siguientes consideraciones:

[…]

6. En México, gracias a la reforma electoral de 1996, las condiciones de la competencia electoral experimentaron un cambio radical a favor de la equidad y la transparencia, el instrumento para propiciar ese cambio fue el nuevo modelo de financiamiento público a los partidos y sus campañas, cuyo punto de partida es la disposición constitucional que determina la obligada preeminencia del financiamiento público sobre el privado;

[…]

Junto con las nuevas reglas en materia de financiamiento de partidos, regulación de precampañas, duración de campañas y las normas para asegurar la no injerencia de terceros y la imparcialidad de los servidores públicos, las normas constitucionales en materia de uso de radio y televisión por los partidos políticos constituyen el fundamento que dará pie a una profunda transformación democrática de nuestro Sistema Electoral y darán lugar a un nuevo Instituto Federal Electoral, más fuerte, más autónomo, más capaz de ejercer a plenitud las facultades y atribuciones que ya tenía y las que, con esta reforma, habrá de tener.

[…]

En suma, es convicción de los legisladores que integramos estas Comisiones Unidas que ha llegado el momento de abrir paso a un nuevo modelo de comunicación social entre los partidos y la sociedad, con bases diferentes, con propósitos distintos, de forma tal que ni el dinero ni el poder de los medios de comunicación se erijan en factores determinantes de las campañas electorales y sus resultados, ni de la vida política nacional.

Ese es el reclamo de la sociedad, esta es la respuesta del Congreso de la Unión que esperamos será compartida a plenitud por las legislaturas de los Estados, parte integrante del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[…]

Se reforman dos incisos, que se convierten en g) y h) respectivamente, del artículo 116, en los que se precisan el financiamiento público ordinario y de campaña, así como el proceso de liquidación de los partidos que pierdan su registro. Asimismo se establece la base para fijar los límites a las erogaciones de los partidos en las precampañas y para el financiamiento privado, que no podrá exceder, en forma anual y para cada partido político, al equivalente del diez por ciento del tope fijado para la campaña de gobernador. Se establece la base para la imposición de las sanciones respectivas.

(Y para tal efecto se transcribe la propuesta de reforma)

[…]

"h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;"

[…]

(Las negritas son propias del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, para resaltar la propuesta de adenda.)

[…]

Son especialmente destacables las propuestas que regularán en el Cofipe las nuevas disposiciones constitucionales en materia de financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos.

Respecto del primero de los temas, la propuesta reproduce en su integralidad las normas contenidas en el artículo 41 constitucional, siguiendo la misma técnica legislativa que en el pasado ha dado plena certidumbre y evitado conflictos de interpretación. Al ser la norma constitucional detallada, se justifica plenamente lo anterior. De esta forma, a partir de la entrada en vigor del Decreto propuesto, el Consejo General del IFE deberá aplicar la nueva fórmula para el cálculo del financiamiento público ordinario, y en 2009 la relativa al financiamiento de campaña. Los demás rubros del financiamiento público se adecuan al mandato constitucional.

Pasando a otra importante materia, proponemos la regulación estricta del financiamiento partidista derivado de fuentes distintas a la pública que los partidos tienen derecho a utilizar. A este respecto, el objetivo, conforme a los consensos alcanzados, es que el financiamiento privado quede sujeto no solamente a mayores y más estrictas regulaciones, sino que el monto total permitido a cada partido sea sustancialmente menor al hasta hoy autorizado. Para tal objetivo, la propuesta contempla profundos cambios en todos los rubros que el Cofipe contempla.

[…]

[…]

Son especialmente destacables las propuestas que regularán en el Cofipe las nuevas disposiciones constitucionales en materia de financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos.

Respecto del primero de los temas, la propuesta reproduce en su integralidad las normas contenidas en el artículo 41 constitucional, siguiendo la misma técnica legislativa que en el pasado ha dado plena certidumbre y evitado conflictos de interpretación. Al ser la norma constitucional detallada, se justifica plenamente lo anterior. De esta forma, a partir de la entrada en vigor del Decreto propuesto, el Consejo General del IFE deberá aplicar la nueva fórmula para el cálculo del financiamiento público ordinario, y en 2009 la relativa al financiamiento de campaña. Los demás rubros del financiamiento público se adecuan al mandato constitucional.

Pasando a otra importante materia, proponemos la regulación estricta del financiamiento partidista derivado de fuentes distintas a la pública que los partidos tienen derecho a utilizar. A este respecto, el objetivo, conforme a los consensos alcanzados, es que el financiamiento privado quede sujeto no solamente a mayores y más estrictas regulaciones, sino que el monto total permitido a cada partido sea sustancialmente menor al hasta hoy autorizado. Para tal objetivo, la propuesta contempla profundos cambios en todos los rubros que el Cofipe contempla.

[…]

1. Que el trece de noviembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación en términos de su artículo Primero Transitorio.

2. Que el catorce de enero de dos mil ocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual dispone en su artículo Tercero Transitorio, que se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de mil novecientos noventa, así como sus reformas y adiciones. Dicho Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo señalado en su artículo Primero Transitorio.

3. Que con las reformas constitucionales y legales antes señaladas, se creó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos como un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión y encargado de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos; asimismo, tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.

4. Que el artículo 41, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

5. Que el artículo 77, párrafo 2, del Código electoral, señala que bajo ninguna circunstancia los partidos políticos nacionales y los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; de los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; de los organismos internacionales de cualquier naturaleza; de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; de las personas que vivan o trabajen en el extranjero y de las empresas mexicanas de carácter mercantil.

6. Que el artículo 78, párrafo 4, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, instituye normas a las que se deben sujetar el financiamiento proveniente de la militancia, mismo que se forma con las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de los afiliados, con las aportaciones de las organizaciones sociales y con las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para las campañas, las cuales deben estar acreditadas con recibos expedidos por el órgano interno del partido.

7. Que el artículo 78, párrafo 4, inciso b), del mismo código, tiene como finalidad establecer la facultad del partido de señalar el límite que tienen las cuotas voluntarias y personales de los candidatos enunciadas en el considerando anterior, se sujetarán a lo establecido en el párrafo 5 del mismo artículo.

8. Que el inciso c), del mismo párrafo y artículo, establece las reglas a las que se sujetará el financiamiento de simpatizantes, el cual estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero y en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 77, del mismo ordenamiento.

9. Que el artículo 78, párrafo 4 inciso c), fracción I, del ordenamiento antes citado, así como el artículo 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el diez de julio de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de septiembre del mismo año y en vigor a partir del uno de enero de dos mil nueve, disponen que los partidos políticos no podrán recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior.

10. Que el artículo 78, párrafo 4, inciso c), fracciones III y IV, del Código de la materia y el artículo 4.3 del Reglamento señalado, disponen que las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial; y que dichas aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar el límite mencionado.

11. Que el artículo 78, párrafo 4, inciso d), del multicitado Código, establece el autofinanciamiento de los partidos que se conforma por actividades promocionales, conferencias, espectáculos, rifas, sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, bienes y propaganda utilitaria, así como cualquier otro similar, ingresos que en su conjunto con los recursos que tienen su origen en la militancia, cuotas voluntarias y personales de los candidatos y las colectas realizadas en mítines y en la vía pública no podrán ser superiores al diez por ciento anual del presupuesto establecido como tope de campaña presidencial inmediata anterior, según lo establece el párrafo 5 de artículo en comento.

12. Que el artículo 2.11, del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, establece que la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las aportaciones obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, de sus organizaciones sociales, de las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas, de sus actividades de autofinanciamiento, y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía publica, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, párrafo 5, del Código.

13. Que el artículo 3.1, del Reglamento que nos ocupa, señala a los partidos la forma de integrarse el financiamiento general para sus campañas, cuyo origen es la militancia, formado por los distintos conceptos como son: por cuotas ordinarias o extraordinarias que aporten los afiliados; aportaciones que realicen las organizaciones sociales y; las cuotas voluntarias. Esta integración de ingresos, no podrá ser superior al diez por ciento anual del presupuesto establecido como tope de campaña presidencial inmediata anterior.

14. Que el artículo 4.2, del ordenamiento antes citado, tiene como finalidad que prevalezca el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, sobre otro tipo de financiamiento, al establecer la prohibición expresa al partido de recibir anualmente de simpatizantes aportaciones en dinero en una cantidad mayor al 10% del total del financiamiento público para actividades ordinarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, párrafo 4, inciso c), fracción I, del Código.

15. Que el artículo 4.4, del multicitado Reglamento, tiene como objetivo establecer la atribución de la autoridad, para efectuar los cálculos de los límites establecidos a los partidos para recibir financiamiento privado, en las diversas modalidades, dentro de los primeros quince días del año.

16. Que de conformidad con el Acuerdo CG12/2008 del Consejo General, celebrado en sesión extraordinaria del veintiocho de enero de dos mil ocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero del mismo año, se determinó que el tope de gastos para la campaña presidencial en el dos mil ocho equivale a 3,977,139.96 (doscientos treinta y tres millones, novecientos setenta y siete mil, ciento treinta y nueve pesos 96/100 M.N.).

17. Que con el fin de actualizar la cantidad líquida a la que tienen derecho los partidos políticos para recibir financiamiento privado se toma en cuenta el índice nacional de precios al consumidor de enero y diciembre de dos mil ocho; para calcular la inflación acumulada se obtienen los siguientes datos:

19. Que del mismo modo, al realizar las operaciones aritméticas para obtener la cantidad líquida que los partidos políticos pueden obtener por financiamiento que no provenga del erario público de las modalidades señaladas en los incisos a), b) y d) del párrafo 4 del artículo 78, del código electoral, así como de colectas públicas, se obtienen los siguientes datos.

20.

Por lo anterior, el Encargado del Despacho de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos da a conocer:

PRIMERO. El monto máximo que cada partido político podrá recibir en dos mil nueve, por aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, será la cantidad de ,810,153.49 (veinticuatro millones, ochocientos diez mil, ciento cincuenta y tres pesos 49/100 M.N.)

SEGUNDO. El monto máximo que cada partido político podrá recibir en dos mil nueve, por los conceptos de financiamiento que provengan de la militancia; de cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten a sus campañas; de autofinanciamiento y de los obtenidos en las colectas publicas, será la cantidad de ,810,153.49 (veinticuatro millones, ochocientos diez mil, ciento cincuenta y tres pesos 49/100 M.N.)

TERCERO. El monto máximo que cada persona física o moral facultada para ello podrá aportar durante dos mil nueve en dinero a un partido político, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades, será la cantidad de ,240,507.67 (un millón, doscientos cuarenta mil, quinientos siete pesos 67/100 M.N.).