Sentencia SUP-RAP-0043-2009

México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil nueve.

V I S T O S, para resolver los autos del recurso de apelación SUP-RAP-43/2009, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional contra la resolución CG-71/2009 de veintisiete de febrero de dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el expediente número SCG/PE/PRI/JD05/TAB/043/2008, mediante la cual, se declaró infundado el procedimiento especial sancionador que se instauró contra Jesús Selván García, presidente municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco por infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y,

I. Inicio del procedimiento especial sancionador. El veintisiete de noviembre de dos mil ocho, el Partido Revolucionario Institucional presentó denuncia ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco contra el actual presidente municipal del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, atribuyéndole haber realizado promoción personalizada como servidor público.

II. Recurso de apelación precedente. El veintiocho de enero de dos mil nueve, esta Sala Superior resolvió el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-6/2009, promovido por el propio Partido Revolucionario Institucional contra el acuerdo de desechamiento emitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral de treinta de diciembre de dos mil ocho. En la ejecutoria que pronunció este tribunal revocó el desechamiento y ordenó emitir otra en la que la autoridad tuviera por satisfecho el requisito de la presencia de propaganda político electoral y, con los elementos aportados por las partes, determinara en forma fundada y razonadamente lo que en derecho procediera sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador respectivo.

III. Resolución de la autoridad electoral local. Tramitado que fue el procedimiento, el veintisiete de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió el procedimiento administrativo sancionador, declarándolo infundado.

SEGUNDO. Interposición del recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el tres de marzo de dos mil nueve, Martín Darío Cázarez Vázquez, en su carácter de representante propietario ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco presentó recurso de apelación, el cual fue remitido para su sustanciación a esta Sala Superior, radicándose bajo el número SUP-RAP-43/2009.

TERCERO. Tercero Interesado. Durante la tramitación del medio impugnativo no compareció interesado alguno.

CUARTO. Recepción y turno a Ponencia. El nueve de marzo de dos mil nueve se recibieron en esta Sala Superior, la demanda correspondiente y las constancias anexas, motivo por el cual, la Magistrada Presidenta turnó el expediente de mérito a la ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos señalados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

QUINTO. Admisión. Por auto de dieciocho de marzo del presente año, el Magistrado instructor emitió auto admisorio, y al no existir diligencias pendientes de practicar, el siete de abril de dos mil nueve declaró cerrada la etapa de instrucción, quedando el asunto en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracciones III, inciso a), y V y 189, fracciones I, inciso c), y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 4, 42 y 44 párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de una resolución emitida por un órgano central del Instituto Federal Electoral, mediante la cual, resolvió un procedimiento especial sancionador, seguido contra un presidente municipal a quien se atribuyeron infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La resolución CG71/2009, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, señala en la parte que interesa lo siguiente:

TERCERO. Estudio de fondo. Previo al análisis de los motivos de inconformidad que plantea el promovente, es conveniente mencionar que de conformidad con lo que establece el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el recurso de apelación se debe suplir la deficiencia en la exposición de los motivos de inconformidad, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Por cuestión de método, los planteamientos de disenso que efectúa el enjuiciante serán analizados en diverso orden al que propone en su escrito de demanda.

Por tratarse de un aspecto de estudio preferente, se analizan primeramente los argumentos en los que, el partido político sostiene que la autoridad responsable, al invocar y aplicar en la resolución, el artículo 2, incisos b) al h), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, prácticamente elevó a un nivel jerárquico dicha reglamentación, inobservando la supremacía constitucional, en tanto que una norma de esa naturaleza no puede estar por encima de la Constitución Federal, en concreto sobre el numeral 134.

Al efecto, el actor cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL."

Previo a efectuar el análisis del anterior motivo de inconformidad es conveniente señalar que dada la manera en que está formulado, no es dable abordar su examen como un verdadero planteamiento de inconstitucionalidad de la normatividad reglamentaria en cuestión.

Se señala lo anterior, porque al elaborar su argumento, la parte enjuiciante no somete a consideración de esta Sala Superior un enfrentamiento u oposición entre el contenido de la normas reglamentarias que invoca y algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presupuesto fundamental para que el tratamiento del agravio se erija como un verdadero problema de constitucionalidad.

No pasa inadvertido que el peticionario efectúa la mención del artículo 2, incisos b) al h) del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, cuyo texto se transcribe enseguida:

La sola referencia que hace el partido político actor a que la aplicación de esas fracciones reglamentarias constituye transgresión al principio de supremacía constitucional, de ningún modo puede dar lugar a estimar que se formule un auténtico planteamiento de inconstitucionalidad.

Es así, porque al margen de que el argumento del actor no cumple con la especificidad necesaria para revisar la regularidad constitucional de tales fracciones, se aprecia que todas ellas contienen variables concretas que a consideración del Instituto Federal Electoral constituyen propaganda político electoral de servidores públicos, que por sus características, efectivamente vulnera el orden constitucional y legal; algunas por contener expresiones alusivas a cualquiera de las distintas etapas del proceso electoral, otras, relacionadas con la promoción del voto a favor de servidores públicos o a la aspiración que un funcionario tenga a alguna precandidatura, en otros casos, por que se hace mención a procesos electorales, sea en su fase de organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo o calificación u otras similares y finalmente, aquellas que incluyan contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público, o bien, cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o contra aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos; pero el peticionario, ningún argumento aporta para explicar cómo es que esas hipótesis previstas reglamentariamente trastocan el principio de supremacía constitucional, sino que solo establece una invocación genérica de ese postulado constitucional, sin dar razones para explicar porqué es menester efectuar una confronta de tales hipótesis con el sentido de la Constitución.

Así, los argumentos que formula el actor, en todo caso, sólo revelan su interés en demostrar que la responsable no aplicó la normatividad correcta en la resolución que emitió, cuestión que cobra un interés fundamental en la dilucidación del presente asunto, porque de resultar fundado dicho agravio, resultaría innecesario el examen de los restantes conceptos de agravio.

Es infundado el concepto de violación precitado, por las razones que se explican enseguida.

En principio, es menester señalar, que contrario a lo que sostiene el peticionario, la autoridad responsable no basó únicamente su decisión en la interpretación concreta del artículo 2°, fracciones de la b) a la h), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos.

La simple lectura de la resolución impugnada permite apreciar que la autoridad electoral responsable, en primer orden, transcribió el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, todos ellos, como sustento normativo de su determinación.

Después, al examinar el contenido de la propaganda que se encontró en el sitio de Internet del ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, en efecto, la contrastó de manera más concreta con los requisitos establecidos en el artículo 4° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores.

La confrontación que realizó la responsable con esa normatividad reglamentaria fue acertada, si se toma en consideración lo siguiente:

Esta Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-34/2009, efectuó la interpretación y alcance del artículo 134 de la norma fundamental, modificado por la reforma constitucional en materia electoral de noviembre de dos mil siete.

Al realizar ese ejercicio de interpretación se acudió a las argumentaciones esgrimidas por el poder reformador de la Constitución en los dictámenes y discusiones que sirvieron de base para motivar el contenido de los actuales párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Carta Magna, en los cuales destacó lo siguiente:

1. Que la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, en la parte conducente, señala:

2. Tal propuesta de decreto se sometió dentro del proceso reformador legislativo, a las distintas comisiones del Congreso de la Unión, las cuales, emitieron el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos que contiene Proyecto de Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Electoral, de cuyo contenido y en lo que al caso interesa se destaca:

De la interpretación que efectuó esta Sala Superior, se llegó a la conclusión de que la intención del poder reformador de la Constitución fue, entre otras cuestiones, elevar a rango constitucional la imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de la competencia entre los partidos políticos y en las campañas electorales.

A su vez, prohibir que los servidores públicos utilizaran la propaganda institucional como medio para promocionar su persona e imagen para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral.

Se señaló que acotar la propaganda oficial, para que su difusión sólo pueda tener carácter institucional, se propende que los poderes, órganos y cualquier ente público se conduzca con total imparcialidad, a fin de que los recursos públicos bajo ningún motivo se conviertan en una herramienta que pueda provocar un desequilibrio inequitativo entre las distintas fuerzas políticas, a partir de que éstas puedan o no contar con el apoyo gubernamental.

Por otro lado, se dejó establecido que, al prohibirse que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, se garantiza la equidad, en tanto se impide que el cargo público sea un factor que permita obtener una posición favorable para escalar en aspiraciones políticas.

La reforma constitucional, estimó este órgano jurisdiccional, generó un nuevo esquema que privilegió un valor que ya se tutelaba con anterioridad: el relativo a la administración con eficiencia, eficacia y honradez de los recursos públicos, así como el ejercicio adecuado de los recursos en las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de bienes o servicios, con el propósito de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles para acceder a ellos (precio, calidad, financiamiento, oportunidad, etcétera).

Así, se estableció que la modificación constitucional amplió el espectro de tutela hacia dos bienes jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales o, en general, en la competencia entre los partidos políticos.

En esencia, entendió esta Sala Superior que lo establecido en los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución implica por una parte, el mandato de aplicar los recursos públicos con imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por otra, realizar propaganda estrictamente institucional, al fijar la restricción general y absoluta para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, así como para cualquier ente de los tres órdenes de gobierno y para los servidores públicos, de realizar propaganda oficial personalizada que de alguna manera afecte sustancialmente los principios que rigen la materia electoral.

A fin de graduar el alcance de la norma constitucional, se determinó imprescindible tener en cuenta que los principios de imparcialidad y equidad son los valores tutelados, los cuales, a su vez rigen a los comicios, acorde con lo dispuesto en el párrafo segundo, Bases II y V del artículo 41 constitucional.

De esa manera, se determinó que la reforma trató de poner fin a dos prácticas indebidas: la intervención de las autoridades y entes del gobierno para favorecer o afectar a determinada fuerza o actores políticos, así como la relativa a que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio de difusión para promocionar su persona o favorecer a determinado partido, aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular.

Ponderó la Sala Superior en la citada ejecutoria que el Poder Reformador de la Constitución advirtió la problemática que presentaba la intervención en los procesos electorales de los poderes públicos, los órganos de gobierno y de los servidores públicos, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía en relación a quienes carecen de esa calidad, por lo que buscó desterrar prácticas que estimó lesivas de la democracia, como son: a) que el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos, y b) que los servidores públicos aprovechen su cargo para lograr ambiciones personales de índole política.

Lo anterior, porque conductas de tal naturaleza, colocan en abierta desventaja a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, dada la influencia sobre las preferencias de los ciudadanos, que puede producirse cuando se emplea el aparato burocrático, recursos públicos o una posición de primacía, para beneficiar o perjudicar a los distintos actores políticos, o bien, para satisfacer una aspiración política.

En esas condiciones, quedó establecido que en el nuevo marco creado por la reforma constitucional, no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de un servidor público, puede catalogarse como infractora del artículo 134 Constitucional en el ámbito electoral, porque es menester que primero se determine si los elementos que en ella se contienen, constituyan verdaderamente una vulneración a los mencionados principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales.

Se dijo también, que no resultaba posible interpretar el mandato constitucional en el sentido de que existe un impedimento absoluto para insertar imágenes o identificar a servidores públicos, pues ello entraría en contradicción con el derecho a la información que garantiza el artículo 6°, de la Constitución Federal, que se traduce en el derecho que tienen los ciudadanos de conocer a sus autoridades.

Se reconoció que este diverso derecho fundamental, conlleva por supuesto el conocimiento directo y objetivo de quiénes son y cuál es el nombre del titular de los órganos de gobierno, siempre y cuando el uso de esa imagen no rebase el marco meramente informativo e institucional.

Se estimó que un referente fundamental para encontrar esa distinción, puede obtenerse al ponderarse si la difusión o propaganda implica intrínsecamente la promoción a favor o en contra de alguno de los sujetos involucrados en un proceso electoral, pues sólo de esa manera, resulta dable verificar si la misma se traduce en la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad rectores de los procesos comiciales.

En esas condiciones, se consideró que lo previsto en el artículo 134, párrafo noveno, de la Constitución General de la República, está circunscrito a las características que debe cumplir la propaganda que difundan los entes de gobierno ya sea federales, estatales o municipales, en lo atinente a su carácter institucional y sus fines informativos, educativos o de orientación social, y sin que en ningún caso puede incluir, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen "promoción personalizada" de cualquier servidor público.

Se señaló que la expresión "promoción personalizada" es un concepto jurídico indeterminado, cuyos alcances deben establecerse atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional. Esto es, el significado de la expresión en cuestión es determinable en función del contexto normativo en que se encuentra inserta.

En lo que atañe a la interpretación sistemática, según se estableció, es necesario ponderar entre el deber que tiene las autoridades, entidades, órganos y organismos de cualquier orden, de transparentar la información que está en su poder, atendiendo al principio de máxima publicidad, y sólo excepcionalmente reservarla por razones de interés público o bien, cuando se relacione con la vida privada y los datos personales.

Con todo lo expresado, se determinó que si en la propaganda institucional se incluyen ciertas imágenes de servidores públicos, el examen que se realice para definir si están ajustadas a la normativa constitucional, deben verificarse las razones que justifican o explican su presencia.

Puede considerarse que está justificada la inclusión de una imagen de un servidor público en la propaganda institucional, cuando el dato o información que aporte o revele, sea proporcional al resto de la información institucional y sea necesario para que la ciudadanía tenga un conocimiento cabal del asunto.

Con base en los artículos 4° y 5° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, la Sala Superior llegó a la conclusión de que es permisible el uso de los portales de Internet por parte de los entes públicos, partidos políticos y servidores públicos en los que se ostente la fotografía o el nombre de algún servidor público, siempre y cuando esa inserción revista un carácter meramente informativo, de comunicación con los ciudadanos o de rendición de cuentas, así como de difusión de mensajes para dar a conocer informes de labores o de gestión de servidores públicos, la cual de limitarse a esos aspectos, no se considera violatoria de la normatividad electoral.

Así, a partir del mandato constitucional y acorde con lo dispuesto en el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, respecto de violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

En los artículos 3°, 4° y 5°, del mencionado ordenamiento reglamentario, la autoridad administrativa electoral estableció disposiciones o referencias útiles para definir cuál es la propaganda institucional que no impacta o incide en los procesos electorales, las cuales se sintetizan enseguida:

1) Aquella que los poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o municipal, así como los del Distrito Federal y los de sus delegaciones; los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral, que sea informativa, educativa o de orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución de que se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión señalada en el artículo 2° del presente Reglamento, que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral.

2) El uso que entes públicos, partidos políticos y servidores públicos hagan de los portales de internet con la fotografía y nombre de dichos servidores para fines informativos, de comunicación con ciudadanos o de rendición de cuentas, siempre y cuando en su uso no se incurra en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos b) al h) del artículo 2 del presente Reglamento.

3) La difusión de los mensajes para dar a conocer informes de labores o de gestión de servidores públicos no se considerará violatoria del artículo 2° del presente Reglamento, siempre y cuando respete los límites señalados en el artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Del examen e interpretación que realizó esta Sala Superior, se arribó a la conclusión que la propaganda institucional trasciende de manera determinante en los procesos democráticos, cuando se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 2° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos.

Por todo lo antes expresado, es válido concluir, que contrario a lo que sostiene el instituto político actor, la circunstancia de que en la resolución impugnada se hayan invocado como preceptos normativos aplicables el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en particular, los numeral 2°, y 4° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, el primero de los mencionados, en sus fracciones de la b) a la h), de ninguna manera deviene irregular pues el marco normativo aplicable se conforma tanto por las normas constitucionales y legales antes mencionadas, como por el ordenamiento reglamentario por el que el Instituto Federal Electoral, en su carácter de ente encargado de la organización de las elecciones, describe cuáles son las características que a su punto de vista, definen qué propaganda institucional impacta efectivamente en los procesos electorales y por ende, ha de entenderse vulneradora del principio de equidad en la contienda.

El partido político actor se inconforma por la falta de identidad que existe entre el proyecto de resolución que se presentó para estudio ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el cual, se consideraba fundada la denuncia y lo determinado por los consejeros luego de la sesión correspondiente, puesto que en ésta, se toma una decisión opuesta al sentido del proyecto; esto es, al declarar infundado el procedimiento sancionador atinente.

Desde su punto de vista, esa discordancia hace emerger la duda de si la responsable en verdad analizó y realizó las indagatorias correspondientes.

El agravio antes reseñado es infundado.

Como lo sostiene el apelante, en el proyecto de resolución que se presentó ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral se planteó declarar fundado el procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra Jesús Selván Guerra.

La resolución que se aprobó en definitiva, el veintisiete de febrero de dos mil nueve, en cambio, determina infundado el procedimiento especial sancionador.

La discrepancia es indiscutible, pero de ninguna manera resulta conculcatoria del marco constitucional y legal aplicable, si se toma en cuenta lo siguiente:

El artículo 41, Apartado D, fracción V, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Según el dispositivo constitucional antes transcrito el Consejo General del Instituto Federal Electoral constituye el órgano superior de dirección del mencionado ente constitucional autónomo, pero corresponde al legislador ordinario la determinación de las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos que los integran.

De conformidad con lo previsto por el artículo 118, apartado 1, inciso w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce de las infracciones, y en su caso, de la imposición de las sanciones que correspondan.

A su vez, el artículo 121, inciso l), del propio ordenamiento adjetivo, encomienda a la Junta General Ejecutiva la integración de los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia electoral, y en su caso, la propuesta de sanciones, en los términos establecidos por el Código.

El Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en su artículo 6°, establece lo siguiente:

A su vez, el artículo 15, del ordenamiento reglamentario antes invocado expresa:

En ese orden, la resolución de los asuntos que se someten al Consejo General del Instituto Federal Electoral conlleva en su instrumentación un ejercicio deliberativo, en el cual, los Consejeros Electorales tienen la potestad de efectuar las observaciones, sugerencias o propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdo o resolución del propio órgano de dirección, sin perjuicio de que, al momento de la discusión del punto, puedan efectuar de nueva cuenta observaciones, sugerencias y propuestas.

Los miembros integrantes del Consejo General, en el debate que desarrollen en la sesión pueden decidir la aprobación o desaprobación del proyecto correspondiente. De esa manera, es válido concluir que la discordancia existente entre el proyecto de resolución correspondiente y la resolución aprobada en definitiva de ninguna manera deviene ilegal.

Se fortalece lo anterior, con el contenido de la parte conducente de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria de veintisiete de febrero de dos mil nueve, en la que puede apreciarse que luego de un debate en que intervinieron los nueve consejeros que integran el Consejo General del Instituto Federal Electoral se dispuso lo siguiente:

Así, es patente que la decisión final que sustenta la resolución definitiva de veintisiete de febrero de dos mil nueve, fue producto del debate que los Consejeros Electorales sostuvieron en la propia fecha, y mediante el cual, llegaron a la conclusión de que no había lugar a aprobar la propuesta contenida en el proyecto y a asumir la posición contraria, esto es, declarar infundado al procedimiento sancionador atinente.

Por las mismas razones, devienen inconsistentes también las afirmaciones del partido político apelante en cuanto a que, la decisión que tomó el Consejo General del Instituto Federal Electoral desatendió elementos probatorios que, a su consideración podrían demostrar la promoción personalizada que realizó el presidente municipal de Jalpa de Méndez Tabasco.

El partido político recurrente cuestiona que la responsable haya justificado la legalidad de los materiales contenidos en el sitio de Internet a partir de las siguientes premisas:

1. Que si bien algunos de los materiales contienen el nombre o la imagen del denunciado, los mismos carecen de expresiones solicitando el voto a favor o contra algún partido político o candidato.

2. Que no buscan influir en el ánimo del electorado.

3. Que no contienen mención relacionada con cualquiera de las etapas del proceso electoral federal, no incluyen la mención de que tal edil aspire a un cargo de elección popular, ni mucho menos, tienden a promover la imagen personal del servidor público en comento.

Desde el punto de vista del actor, la responsable con su razonamiento, pasó por alto lo que ha establecido esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la propaganda contenida en internet, sobre todo en los ayuntamientos, así como lo que ha determinado en cuanto a las características que debe contener una propaganda para que se considere institucional o en su defecto de carácter político-electoral.

En forma más concreta, menciona el partido político inconforme, que lo razonado por la responsable carece de exhaustividad, toda vez que se centra solamente en el currículum, pero deja de lado, otros elementos evidentes como son la imagen, nombre, cargo del servidor público, incluso el color y mensaje que contiene la página web, del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.

El partido político apelante resalta que como los elementos probatorios aportados se relacionan con el nombre del servidor público, imágenes, cargo público desempeñado, color del Partido de la Revolución Democrática y currículum, la conducta actualiza la prohibición contenida en el párrafo noveno del artículo 134 de la Constitución Federal, en la medida que, esa disposición prohíbe la utilización de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

De la lectura integral de los puntos de inconformidad, se percibe que el disenso del partido político enjuiciante, radica en lo esencial, en que a su consideración, la responsable estimó indebidamente que el contenido de los materiales que se insertaron en el sitio oficial del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco no implicaban transgresión alguna a los principios constitucionales y legales que consagran el principio de equidad en la contienda electoral.

Afirma que en el escrito primigenio de denuncia se aportaron pruebas relacionadas con la indebida promoción personalizada de un servidor público, en las que se observan los siguientes elementos: Nombre del servidor público, imágenes, cargo público que desempeña, color del Partido de la Revolución Democrática y curriculum, elementos que desde su perspectiva, demostraban la ilegalidad de los contenidos del sitio de Internet.

Los agravios reseñados con anterioridad son esencialmente fundados.

Como se ha expresado con anterioridad, el artículo 134, párrafo sexto de la Constitución Federal al disponer que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, regula en forma específica, los principios básicos que deben observarse en la administración de los recursos económicos de que dispongan los servidores públicos a que se refiere.

El precepto aludido, señala después, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En el orden legal, el principio en comento se traslada al numeral 347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en los términos siguientes:

Como se ha dicho, en los artículos 3°, 4° y 5° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos se establecen disposiciones tendientes a distinguir entre la propaganda institucional que no impacta o incide en los procesos electorales, refiriendo a la siguiente:

1) Aquella que los poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o municipal, así como los del Distrito Federal y los de sus delegaciones; los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral, que sea informativa, educativa o de orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución de que se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión señalada en el artículo 2° del presente Reglamento, que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o como propaganda político-electoral.

2) El uso que entes públicos, partidos políticos y servidores públicos hagan de los portales de internet con la fotografía y nombre de dichos servidores para fines informativos, de comunicación con ciudadanos o de rendición de cuentas, siempre y cuando en su uso no se incurra en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos b) al h) del artículo 2 del presente Reglamento.

3) La difusión de los mensajes para dar a conocer informes de labores o de gestión de servidores públicos no se considerará violatoria del artículo 2° del presente Reglamento, siempre y cuando respete los límites señalados en el artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En esa tesitura, se considera que la propaganda institucional trasciende de manera determinante en los procesos democráticos, cuando se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 2° del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, relacionado con la propaganda institucional, esto es, aquella que se concerta con recursos públicos que difunden las instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, que contenga alguno de los elementos siguientes:

a) El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma;

b) Las expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral.

c) La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato;

d) La mención de que un servidor público aspira a ser precandidato;

e) La mención de que algún servidor público aspira a algún cargo de elección popular o al que aspira un tercero;

f) La mención de cualquier fecha de proceso electoral, sea de organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y calificación, u otras similares;

g) Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público; y

h) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

Al contrastar la autoridad electoral este dispositivo con el material probatorio que se aporta por los denunciantes, válidamente puede establecer si ha lugar a sancionar o no por transgresión a los valores tutelados en los párrafos octavo y noveno del artículo 134 constitucional, con la propaganda difundida por los poderes públicos o los servidores públicos, como acontece al emplear recursos públicos que estén bajo la responsabilidad del sujeto denunciado y que se apliquen para influir en la imparcialidad o en la equidad en la contienda entre los partidos políticos; utilizar cualquier medio de comunicación social, para dar a conocer propaganda ajena al carácter institucional o a fines informativos, educativos o de orientación social; o incluir en la propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En ese orden, es dable estimar que la propaganda institucional aunque contenga la mención del nombre de servidores públicos o la inserción de su imagen, en materia electoral no necesariamente contraviene el texto del artículo 134 constitucional.

Es menester que la propaganda satisfaga una característica esencial: que tienda a promocionar velada o explícitamente al servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de posesionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales.

Partiendo de lo expresado con anterioridad, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se aparta de la consideración de la responsable, cuando expuso que ninguno de los contenidos del sitio oficial de Internet del municipio de Jalpan de Méndez, evidenciaba solicitud de voto a favor o contra algún político o candidato, que no podía desprenderse la intención de influir en el ánimo del electorado, que no contenían alguna mención específica a las etapas o fases que componen algún proceso electoral, ni podía visualizarse la intención del edil Jesús Selván García como aspirante a un cargo de elección popular.

Para explicar lo anterior, debe señalarse lo siguiente:

La autoridad responsable, en el contexto de su análisis, abordó el examen concreto de los materiales que fueron relacionados en el acta circunstanciada 06/CIRC/11/08, de donde pudo desprenderse lo siguiente:

Del análisis integral al contenido de las láminas o fotografías que aparecen en el sitio web multicitado, destacan las siguientes leyendas que acompañan a los contenidos gráficos:

Finalmente, el contenido de la síntesis curricular que obraba en la página web multicitada es del tenor literal siguiente:

Los elementos que conforman el acervo probatorio son suficientes para demostrar que contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, sí quedó demostrada la vulneración al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como a los numerales 347, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2°, inciso g), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos, en los términos que se explica enseguida:

Como se desprende del acta circunstanciada 06/CIRC/11/08, de verificación de pruebas que levantaron los funcionarios de la vocalía ejecutiva del Distrito 05 en la ciudad de Tabasco uno de los materiales que pudieron observarse fue al que le correspondió el número 9), relacionado con la publicación de la trayectoria política y los logros obtenidos por el alcalde en su participación dentro del Partido de la Revolución Democrática.

Del análisis integral de la síntesis curricular relativa a la trayectoria de Jesús Selván García, puede verse que en una primera parte se sintetizan aspectos particulares de su persona; tales como lugar y fecha de nacimiento, domicilio, nombre de su consorte así como de número de hijos.

Posteriormente, se efectúa una reseña de su trayectoria al interior del partido político al que pertenece, así como los actos o logros que mediante su gestión social pudieron conseguirse y su participación en diversas contiendas internas, los cargos que en la dirigencia partidista ha ocupado y su participación como representante del consejo municipal electoral así como la calidad que ha tenido como representante de casilla o en el plano administrativo como regidor municipal.

También, se hace alusión a las acciones que ha desplegado como parte de movimientos de resistencia civil, como miembro de una red de organización social y política que, desde su perspectiva, le permitieron hacer frente de manera eficaz a todas las acciones de represión aplicadas por el gobierno del Estado, el Partido Revolucionario Institucional y la Comisión Federal de Electricidad, concluye.

El fragmento destacado de la reseña contenida en su curriculum, no deja de tener un contenido con características informativas de su historia personal, así como su trayectoria de activista social, la cual debe estimarse necesariamente como un material meramente informativo que por sus características no vulnera alguno de los principios constitucionales, legales y reglamentarios que conforman el marco jurídico aplicable.

En cambio, la revisión integral del curriculum arroja otros datos o elementos contenidos en el propio documento que actualizan las hipótesis de infracción referidas anteriormente.

Se sostiene por ejemplo, entre otras afirmaciones lo siguiente:

En otra parte del documento que contiene su trayectoria se dice:

De ese modo, es claro que el contenido de las expresiones que aparecen en la reseña de la trayectoria personal de Jesús Selván García rebasa los caracteres que componen una síntesis curricular, que por definición es la información que contienen el conjunto de datos relativos a estado civil, estudios y aptitudes profesionales de una persona; características que demuestran que tales expresiones son violatorias de lo preceptuado por el artículo 134 de la Constitución Federal, 347, inciso c), del ordenamiento adjetivo electoral federal y 2°, inciso g), de la reglamentación multicitada, porque involucran indiscutiblemente la promoción personalizada del servidor público en comento, además que pueden eventualmente afectar el principio de imparcialidad para aspirar a cargos de elección popular, como lo determina el ordenamiento legal, y, en forma más específica, se trata de un tipo especial de contenido que tiende a promover la imagen de un servidor público.

Se afirma lo anterior, porque del contexto de la síntesis curricular precitada, se aprecia que está redactada de forma tal, que promueve la idea de que los logros o acciones desplegadas por el servidor público en su carrera electoral y administrativa (desempeñándose ya sea como activista político y representante electoral y como servidor público, legislador y alcalde) y mediante tal promoción, se asegura, el citado servidor público goza de grandes aspiraciones para alcanzar logros electorales.

Es así, porque las afirmaciones no se formulan de manera aislada, sino que del contexto de la reseña, se hacen corresponder con el grado de confianza y supuesto respaldo que ha alcanzado ese funcionario con el pueblo jalpaneco.

Asimismo, se expresa en el curriculum que los nexos de coordinación con que cuenta el mencionado funcionario Jesús Selván García fructificaron en diversos actos para la organización de conciencia ciudadana, ejecución de acciones de protesta y presión social y acuerdos y organización de la entrega del apoyo, lo cual, se asegura, permitió a Jesús Selván García tener una presencia muy consolidada no sólo en el municipio sino en los catorce de los diecisiete municipios de la entidad federativa.

Finalmente, que el trabajo administrativo que ha realizado le ha permitido posicionarse políticamente pues al conquistar la candidatura para ocupar el cargo que ahora detenta lo hizo con el 90% de los votos, lo que le ha llevado a ganar todas las elecciones en las que ha intervenido, así como que coordina su propia campaña.

Todos los aspectos reseñados, permiten advertir que en el contexto integral del documento curricular subyace la intención de evidenciar que Jesús Selván García representa sin lugar a dudas, garantía de triunfo en razón de su presencia positiva basada en la lucha social y organización político-electoral.

Así, es patente que el contenido de la síntesis curricular está formulado de tal modo que favorece una interpretación en el sentido de que, la serie de actos y actividades que el funcionario ha desplegado en su carrera institucional ha refractado o consolidado en un grado particularmente relevante de confianza en la gente del municipio y le ha dotado de una dimensión política-electoral especial, lo que sin duda, trae como consecuencia que el mencionado funcionario ofrece altas posibilidades de un resultado favorable en futura elección.

Esto es, del contexto de la reseña que conforma su trayectoria personal es patente la intención de que a través de ella, se propicie una visión general de que el servidor público Jesús Selván García sería la persona idónea para que, en representación del instituto político al que pertenece, contienda con absolutas expectativas de éxito en algún proceso comicial, sin que pueda estimarse que esta última conexión causal que sugiere la síntesis pueda estimarse meramente informativa, pues de acuerdo al marco constitucional, legal y reglamentario, es sin duda, con figurativa de la hipótesis de infracción, porque representa promoción personalizada del aludido funcionario.

Es conveniente acotar que la presente determinación, de ningún modo cuestiona el hecho de que con motivo de la propaganda política, sea posible elaborar la reseña particular de la historia, vida profesional y algunos otras particularidades de la vida política de servidores públicos, incluso, en el que se haga alusión a hechos de los cuales no se juzga su verosimilitud (como por ejemplo, que en anteriores procesos ha alcanzado victorias arrolladoras) en tanto esta actividad revela una finalidad verdaderamente informativa, útil para nutrir la opinión pública que se tiene de algún servidor público.

Lo que en realidad constituye la materia de la prohibición es la utilización de expresiones o frases que sugieran, fomenten o estén dirigidas a evidenciar que la acción desplegada por un servidor público en el ejercicio de sus funciones le ha dotado de una dimensión especial que incremente sus posibilidades de alcanzar algún éxito electoral, porque esto último implica necesariamente una propaganda de su imagen que se encuentra proscrita por el marco constitucional, legal y reglamentario a fin de preservar el principio de imparcialidad en la contienda.

No pasa inadvertido que en la resolución impugnada la autoridad electoral reconoce que al día en que se emitió la resolución, el material objeto de estudio ya no estaba disponible en el portal de ese ayuntamiento. Tal afirmación no permite arribar a una decisión contraria al contenido de la presente ejecutoria, puesto que lo relevante es que del acervo probatorio que obra en autos, se advierte el reconocimiento de las partes de que el citado material permaneció colocado en el sitio oficial multicitado, aspecto en sí mismo, configura la infracción.

En consecuencia al resultar fundado y suficiente el concepto de violación hecho valer, lo procedente es revocar la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad electoral responsable deje sin efecto la resolución impugnada y a la brevedad emita otra en la que determine fundado el procedimiento administrativo sancionador seguido contra Jesús Selván García, en los términos precisados en la presente ejecutoria, en el entendido que será la autoridad electoral responsable quien en plenitud de atribuciones, habrá de fijar la individualización de la sanción a imponer.

Dado el sentido de la presente ejecutoria, es innecesario el estudio de los argumentos de inconformidad en los que el peticionario asegura que la autoridad responsable se apartó del contenido de las ejecutorias dictadas en los expedientes SUP-RAP-6/2009 y SUP-RAP-7/2009, así como aquellos en los que aduce indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado se

ÚNICO. Se revoca la resolución de veintisiete de febrero de dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual, declara infundado el procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra Jesús Selván García, presidente municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

NOTIFÍQUESE: personalmente al partido político apelante en el domicilio señalado en autos, por oficio, con copia certificada de esta resolución, a la autoridad responsable y, por estrados a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29, párrafos 1 y 3, inciso a), y 48, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el expediente al rubro identificado, como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Rúbricas.